El alcalde de Yebra puntualiza
01/10/2010 - 09:45
Por:
Cartas al director
JUAN PEDRO SÁNCHEZ YEBRA / Alcalde de Yebra
Sobre la carta de mis convecinas Carmen Sánchez y Mª Dolores Gómez (sin polemizar sobre el peso del testimonio en el ámbito jurídico contrapuesto con el valor resolutorio de hechos y pruebas, debate para expertos) relato datos y hechos ya versionados en su misiva.
Ignoro qué parte de la versión de los hechos o de las interpretaciones de los mismos suscribe Mª Dolores Gómez, puesto que no fue testigo presencial, como corroboran las diez personas presentes, incluido el juez de paz, al que aluden.
Ignoro qué parte de la versión de los hechos o de las interpretaciones de los mismos suscribe Mª Dolores Gómez, puesto que no fue testigo presencial, como corroboran las diez personas presentes, incluido el juez de paz, al que aluden.
La otra firmante, Carmen Sánchez, no aclara un dato relevante en su extensa carta: que ella es testigo y parte implicada en lo relatado, al ser la «hermana jubilada de la anciana», presuntamente (debe aplicarse a todos) «increpadas e insultadas» por un grupo de ciudadanos entre los cuales me citan.
La versión de los otros diez ciudadanos allí presentes es opuesta a la suya: ningún grupo fue hasta la casa, una de las personas citadas quiso aclarar con Carmen unos comentarios que había hecho sobre ella y ante la crispación del diálogo, con subida de tono de voz, un grupo de ciudadanos próximos al lugar, nos acercamos para calmar los ánimos. Cierto que hubo insultos y descalificaciones, pero no los proferimos, los recibimos.
Sigo concretando: aluden al sobrino nieto de Carmen como «un muchacho» tratándose de un varón de 20 años, que no es menor en términos legales (tan presentes en su carta) ni adolescente, en lenguaje común. Se trata de un adulto.
Emiten juicios de valor que rechazo de plano: «del, a su juicio, autor de actos vandálicos (pinchar los neumáticos de siete vehículos...)». ¿Quién les dice a estas convecinas qué juicio tengo? Juicios y veredictos, los dejo a los jueces.
El 19 de julio a las 4 de la madrugada en la calle Mayor frente al número 44, vi cometer un acto vandálico y lo puse en conocimiento de la autoridad, que es mi obligación cívica y la de cualquier otro ciudadano.
Lo registró la Guardia Civil de Pastrana el 20 de julio (nº de atestado 2009-1055-396), que son los competentes para tramitarlo al juez que será quien se pronuncie. Ése es el ámbito donde se dirimen estos asuntos.
Vincular actuaciones asociales y reprobables a descontento político, por la hipotética instalación de un cementerio nuclear, define a quien lo hace. Pero aclaro: no hay convocatoria al respecto, no se han pronunciado Consistorio ni Alcalde a favor ni en contra, y sí se facilitó manifestación antinuclear y se respetó la pegada de carteles, porque, como es natural y obvio, promovemos la libertad de expresión y opinión.
De mal gusto, o algo más, es referirse a la de alcalde como «profesión de riesgo», con la situación que se vive/muere en ciertos Ayuntamientos españoles. Al margen del poco acertado juego de palabras y el desorden mental que supone su admisión, si existiera la intolerable situación represiva contra los vecinos que comentan, deberían denunciarlo ante el juez, instancia adecuada para dirimir cualquier vulneración de los derechos ciudadanos de todos, y digo bien todos, incluidas las autoridades.
La versión de los otros diez ciudadanos allí presentes es opuesta a la suya: ningún grupo fue hasta la casa, una de las personas citadas quiso aclarar con Carmen unos comentarios que había hecho sobre ella y ante la crispación del diálogo, con subida de tono de voz, un grupo de ciudadanos próximos al lugar, nos acercamos para calmar los ánimos. Cierto que hubo insultos y descalificaciones, pero no los proferimos, los recibimos.
Sigo concretando: aluden al sobrino nieto de Carmen como «un muchacho» tratándose de un varón de 20 años, que no es menor en términos legales (tan presentes en su carta) ni adolescente, en lenguaje común. Se trata de un adulto.
Emiten juicios de valor que rechazo de plano: «del, a su juicio, autor de actos vandálicos (pinchar los neumáticos de siete vehículos...)». ¿Quién les dice a estas convecinas qué juicio tengo? Juicios y veredictos, los dejo a los jueces.
El 19 de julio a las 4 de la madrugada en la calle Mayor frente al número 44, vi cometer un acto vandálico y lo puse en conocimiento de la autoridad, que es mi obligación cívica y la de cualquier otro ciudadano.
Lo registró la Guardia Civil de Pastrana el 20 de julio (nº de atestado 2009-1055-396), que son los competentes para tramitarlo al juez que será quien se pronuncie. Ése es el ámbito donde se dirimen estos asuntos.
Vincular actuaciones asociales y reprobables a descontento político, por la hipotética instalación de un cementerio nuclear, define a quien lo hace. Pero aclaro: no hay convocatoria al respecto, no se han pronunciado Consistorio ni Alcalde a favor ni en contra, y sí se facilitó manifestación antinuclear y se respetó la pegada de carteles, porque, como es natural y obvio, promovemos la libertad de expresión y opinión.
De mal gusto, o algo más, es referirse a la de alcalde como «profesión de riesgo», con la situación que se vive/muere en ciertos Ayuntamientos españoles. Al margen del poco acertado juego de palabras y el desorden mental que supone su admisión, si existiera la intolerable situación represiva contra los vecinos que comentan, deberían denunciarlo ante el juez, instancia adecuada para dirimir cualquier vulneración de los derechos ciudadanos de todos, y digo bien todos, incluidas las autoridades.