El derecho a las nuevas tecnologías

A estas alturas todos somos consciente de que las nuevas tecnologías pueden ser la última oportunidad para salvar el medio rural, ya que le ofrece la posibilidad real de integrarlo con los espacios urbanos, tanto en el aspecto económico y laboral como en relación con la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, en la era de las tecnologías de la información, hay zonas rurales de nuestra provincia que todavía carecen de los servicios tecnológicos más básicos, como el acceso a Internet. Aunque las nuevas tecnologías pueden permitir el desarrollo fomentando los ingresos de las empresas establecidas en ese entorno y evitando la despoblación son las grandes compañías las que parecen decidir sobre el desarrollo rural en base a sus propios criterios económicos. La aparición de la telefonía móvil durante la última década del siglo pasado, y la liberalización de las comunicaciones, permitió un desarrollo espectacular de la telefonía móvil y del número de líneas telefónicas en las familias. Algo parecido está pasando con el acceso a Internet. El objetivo del operador dominante de telefonía, y en general de cualquier empresa, es el de aumentar sus beneficios a través de mayores ingresos y menores pérdidas, por lo que es fácil comprender por qué apuesta por una solución multitecnológica que atienda a criterios económicos y a la consideración de su mejor adecuación según la zona geográfica. Desde el Gobierno no se puede presionar a las empresas para que ofrezcan mejores accesos a sus abonados si éstas no ven que la inversión en infraestructura va a producir beneficios en un plazo de tiempo razonable. A pesar de ello, todas las administraciones deben hacer un esfuerzo para solventar el acceso a las nuevas tecnologías, por entender que es un derecho del que no se puede privar a un determinado sector de la población, simplemente, por cuestiones de orografía.