El fraude fiscal, ¿caso de conciencia?

Días atrás, a uno de esos sabios que andan por ahí hablando de lo divino y de lo humano en una de esas tertulias televisivas, que en los últimos años han proliferado de manera abusiva, se le ocurrió decir que vivimos en un país de golfos y de estafadores, en el que, quien más quien menos, procura escaquearse a la hora de cumplir con el fisco, es decir, a la hora de arrimar el hombro cuando toca pagar impuestos y sacar del bolsillo la parte correspondiente a cada cuál como contribución al bien común. La tal observación, dicha como él la dijo, es gratuita en tanto en cuanto nunca es justo generalizar con relación al comportamiento humano, ya que el hombre es diverso y responsable de sus actos, por tanto, su comportamiento es sólo suyo, aunque tenga un amplio reflejo en la sociedad. Nadie nos podrá negar que en una sociedad en la que impera, o debiera imperar, el estado de derecho y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, la justicia es una base de apoyo inamovible, que si falla, todo se viene abajo, o como mal menor se sostiene en un estado de equilibrio inestable, que con demasiada frecuencia funciona a favor de aquellos que viven al margen de la ley en perjuicio del resto de los ciudadanos.

Que el evitar contribuir en lo posible con la hacienda pública es un hecho, tantas veces palpable y repetido, es cosa bien sabida; pero sería un error medir a la sociedad en su conjunto con un mismo rasero, y menos a los ciudadanos de un mismo país a sabiendas de que no es cierto, y si no que se lo pregunten a ese importante sector de la población española, formado por jubilados y funcionarios principalmente, a quienes se les sirven las habas contadas y limpias de polvo y paja, se les congela o se les retiene, incluso se les rebaja, cuando los que ostentan el poder lo creen necesario, sin dar lugar al posible fraude, por muy generalizado que se encuentre el tal comportamiento, no sólo en el nuestro, sino en tantos más de los países de la tierra, fenómeno que se acentúa en los estados de crisis, cuando la situación se agrava especialmente para los más débiles.

La frase, casi tópica, de “con factura o sin factura”, todos la hemos escuchado alguna vez sin pensar siquiera en que supone, cuando menos, una amenaza de fraude a las cuentas públicas, de las que se costea la sanidad, la educación, las carreteras, y un sinfín de servicios más a cuyo sostenimiento estamos obligados a contribuir en la justa medida que nos corresponda, según los ingresos y las posibilidades de cada uno. Otra cosa es que nuestro dinero se emplee con un mínimo exigible de sentido común, por parte de quienes deben administrarlo. De los golfos y estafadores, que sin duda los hay, y algunos a gran escala, es la ley, aplicada por los organismos correspondientes, que para eso están, los que deben tomar medidas. Un problema grave, gravísimo, y una responsabilidad de la que la inmensa mayoría de españoles estamos exentos.