El juez Ruz y el 'caso faisán'

    Las asociaciones de periodistas ¡por fin! han decidido poner los puntos sobre las "íesEl juez de la Audiencia Nacional que está llevando a cabo la investigación sobre el presunto chivatazo a la red de extorsión de ETA, conocido como "Caso Faisán", Pablo Ruz, no ha dejado en su instrucción ni un cabo suelto. El levantamiento de parte del sumario ha permitido conocer, no sólo las famosas actas de la organización terrorista sobre sus reuniones con los enviados del Gobierno Zapatero durante la tregua, sino la cantidad de testigos llamados a declarar en sede judicial. Así, por ejemplo, hemos sabido que los tres mediadores que se reunieron con ETA en nombre del Gobierno declararon ante el juez Pablo Ruz y el fiscal. Hecho insólito en la historia de los intentos llevados a cabo por todos los gobiernos de la democracia para lograr, por la vía de la negociación, el fin del terrorismo. Y que uno de ellos, en concreto el penalista Gómez Benítez, presionado por el fiscal se negó en redondo a dar los nombres de los etarras presentes en la cita aduciendo que había sido amenazado de muerte. Pero ni la contundencia judicial, ni el hecho de que las últimas informaciones sobre las negociaciones de 2006 y 2007 provengan de unas actas incautadas a uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista, han frenado la nueva ofensiva del Partido Popular que vuelve a aferrarse a la lucha antiterrorista como arma electoral. En este caso, además, se mezclan dos circunstancias políticas con intereses coincidentes: por un lado la proximidad del arranque de autonómicas y municipales, planteadas por Rajoy como unas generales adelantadas y por otro desgastar a Rubalcaba.

   El vicepresidente del Gobierno y candidato con más papeletas de suceder a Zapatero, cuando anuncie que no va a optar a un tercer mandato, es el objetivo a abatir. Toda la dirección del PP, al unísono, han dejado de lado sus críticas al presidente del Gobierno y cualquiera de sus ministros para centrase en el virtual candidato a sucederle. El problema de utilizar la lucha antiterrorista en la batalla electoral es que se está dañando la propia labor policial que tan buenos frutos viene dando en los últimos tiempos y que ha conseguido acorralar y llevar a la asfixia a los asesinos. Como sensatamente dijeron PNV y CiU, el martes en el Congreso de los Diputados, la unidad de los demócratas no se puede poner en juego por unas actas de ETA. Pero los populares están a otras lides. El escándalo, los aspavientos y los adjetivos desproporcionados no se aplicaron cuando José Maria Aznar intentó "su negociación" con ETA y para ello calificó a la organización terrorista de "Movimiento de Liberación Nacional Vasco" y acercó, secuestrado Ortega Lara, a treinta dos presos de la banda a Euskadi. Entonces los populares tuvieron el apoyo de toda la oposición y ningún juez llamó a declarar a los enviados de Aznar. Confiemos en el juez Pablo Ruz.