El precio justo

Todo gobierno de coalición tiene sus peajes. Los que paga la fuerza mayoritaria y los que tiene que asumir la minoritaria. Otro tanto ocurre con las sesiones de investidura. Es posible que no se llegue a un gobierno de coalición, pero en política, en democracia, las decisiones son resultado de la suma de votos, y los votos necesarios para conseguir la mayoría tienen un precio. Ese precio lo han pagado prácticamente todos los gobiernos que en España ha habido desde la Transición salvo cuando se han conseguido mayorías absolutas, algo que tan sólo le ocurrió de manera repetida a Felipe González en tres ocasiones (1982, 1986 y 1989), a José María Aznar (2000) y a Mariano Rajoy (2011). Desde entonces, siempre, se han pagado peajes.

Si bien Adolfo Suárez no pagó un alto precio por el apoyo recibido en su sesión de investidura (con los votos de Coalición Democrática, el Partido Socialista Andaluz, el Partido Aragonés Regionalista y la Unión del Pueblo Navarro, sí que tuvo que hacerlo a la hora de conseguir mayorías parlamentarias. Tanto es así que su situación de fragilidad parlamentaria (y sus disputas internas, todo hay que decirlo) acabaron con la presidencia de Suárez, con la UCD y, si nos descuidamos, el 23-F, con la propia democracia. Con la llegada del sistema autonómico y, tras el periodo de mayorías absolutas de Felipe González, los nacionalismos vasco y catalán adquirieron un papel protagonista cada vez mayor. Si en 1993 el precio que hubo que pagar a Jordi Pujol por apoyar al presidente socialista pasó por la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, Aznar en 1996 –tras el Pacto del Majestic– consiguió gobernar gracias a la cesión del 33% del IRPF, del 35% del IVA y del 40% de los impuestos especiales, a ampliar El Prat y el puerto de Barcelona, a eliminar los gobernadores civiles, suprimir el servicio militar obligatorio, defenestrar a  Aleix Vidal-Quadras o a transferir las competencias de la Guardia Civil a los Mozos de Escuadra. Por su parte, Zapatero, en 2004, elevó la transferencia de competencias, dio carpetazo al trasvase del Ebro y emprendió la reforma del Estatuto catalán. 

Lo novedoso de la actual situación es que no ha habido una negociación previa con una carta a los reyes magos que el partido que gobierna deba cumplir. En este caso se ha firmado un cheque en blanco que no sabemos qué cláusulas incluirá. De ahí que se pidan unas cosas y otras y se den pequeños pasos simbólicos (y no tan simbólicos): sabemos que hay un precio pero no sabemos cuál es el precio. Como en aquel viejo programa de televisión, cada cual puede intentar adivinar qué coste van a tener el apoyo a la investidura, el mantenimiento del gobierno o la ley de presupuestos. ¡A jugar!