El PSOE busca socio
01/10/2010 - 09:45
ARTÍCULOS
Antonio Papell - Periodista
Las últimas elecciones generales reforzaron la posición de los dos grandes partidos en el Congreso de los Diputados el PSOE pasó de 164 a 169 escaños y el PP de 148 a 154-, en detrimento de las formaciones menores, todas ellas a la baja con la excepción de CiU que mantuvo invariables sus 10 escaños.
Los dos grupos que, por razones coyunturales o de fondo, más apoyaron al Partido Socialista en la legislatura anterior, ERC e IU, padecieron el pasado 9-M severos revolcones: ERC pasó de 8 escaños a 3 e Izquierda Unida, de 5 a 2. Evidentemente, aquella condescendencia con el poder no fue bien vista por los electores que apoyaban a las minorías; todo ello al margen de que ERC consiguiese en 2004 una sobrerrepresentación debida a causas circunstanciales (el voto antisistema catalán, excitado por las políticas del Gobierno central, cristalizó en torno de las excentricidades de Carod Rovira).
Así las cosas, parecería que en esta legislatura la gobernabilidad es más fácil de asegurar que en la pasada, toda vez que las dos formaciones estatales son más fuertes y desciende el peso de las organizaciones periféricas. Pero ello es solo un espejismo porque ahora concurre un factor nuevo: el deslizamiento del Partido Popular hacia zonas más centrales del espectro, lo que pone fin a su proverbial confinamiento que lo aislaba de las restantes fuerzas. Dicho en otros términos, el antinacionalismo visceral y ejerciente del PP hasta hace poco imposibilitaba cualquier pacto de la gran fuerza de centro-derecha con los nacionalistas moderados, CiU y PNV, que o apoyaban al PSOE o se abstenían. Ahora sin embargo, tras los explícitos pasos dados por Rajoy en la dirección adecuada, todas las relaciones transversales se han facilitado. De hecho, Rodríguez Zapatero tuvo que comparecer en el Congreso a principios de mes, ya cerrado el período de sesiones, a explicar la situación de la economía porque así lo exigieron unánimemente el PP y las minorías frente a la formación gubernamental, que quedó aislada.
Esta legislatura será previsiblemente menos confusa y agitada que la anterior, no sólo porque el PP se ha moderado sino también porque el Gobierno lleva en cartera propuestas mucho menos radicales que las del programa de 2004. Sin embargo, la conducción de la crisis económica que genera lógica impopularidad al gobierno- requiere estabilidad, que asimismo será necesaria en algunas cuestiones arduas y complejas que también están en la agenda: financiación autonómica, cierre del Estado autonómico, reforma de la Justicia, etc.
En las circunstancias actuales, el socio ideal del PSOE en Madrid es CiU, posibilidad que sin embargo tropieza con el hecho de que CiU es oposición al PSE-PSOE en Cataluña. Si se piensa que, además, las últimas encuestas publicadas en el Principado indican que el tripartito ya no podría reeditarse por falta de escaños (de ERC y de IC) al tiempo que CiU sí podría gobernar con el PP, se entenderá la dificultad objetiva del pacto PSOE-CiU, codiciado por los socialistas (ayer mismo, José Blanco afirmaba en una entrevista que el PSOE pretende lograr un pacto de estabilidad en otoño).
Así las cosas, es evidente que sería más cómodo para el PSOE pactar con el PNV, que, aunque no le basta para la mayoría absoluta faltaría un escaño para los 176- haría imposible que otros la lograsen. Sin embargo, es inimaginable tal sociedad en tanto Ibarretxe siga divagando por los perdederos de extramuros de la Constitución y disponiéndose a anticipar las elecciones autonómicas a las que concurrirá con un mensaje histriónicamente victimista. De cualquier modo, esas elecciones vascas resultarán clarificadoras, ya que no hay que descartar que se produzcan resultados insólitos: si vence, como auguran las encuestas, el PSE, podría regresarse a la antigua transversalidad, aunque con un lehendakari socialista. En este caso, es obvio que le acuerdo será fácilmente trasladable a Madrid.
Por lo demás, los principales hitos de la legislatura requieren el acuerdo de Estado de los dos grandes partidos: la reforma de la Justicia, el pacto sobre la inmigración, la recuperación de una política exterior común, el cierre del Estado de las Autonomías con una nueva financiación, e incluso la reforma profunda del modelo de crecimiento económico son designios que han de adquirir la estabilidad que sólo puede proporcionar al consenso entre las fuerzas que se alternan al frente del Estado. Estos acuerdos son sin embargo perfectamente compatibles con el pacto de legislatura que persigue la mayoría política para trabajar en el Parlamento con mayor soltura y productividad.
Así las cosas, parecería que en esta legislatura la gobernabilidad es más fácil de asegurar que en la pasada, toda vez que las dos formaciones estatales son más fuertes y desciende el peso de las organizaciones periféricas. Pero ello es solo un espejismo porque ahora concurre un factor nuevo: el deslizamiento del Partido Popular hacia zonas más centrales del espectro, lo que pone fin a su proverbial confinamiento que lo aislaba de las restantes fuerzas. Dicho en otros términos, el antinacionalismo visceral y ejerciente del PP hasta hace poco imposibilitaba cualquier pacto de la gran fuerza de centro-derecha con los nacionalistas moderados, CiU y PNV, que o apoyaban al PSOE o se abstenían. Ahora sin embargo, tras los explícitos pasos dados por Rajoy en la dirección adecuada, todas las relaciones transversales se han facilitado. De hecho, Rodríguez Zapatero tuvo que comparecer en el Congreso a principios de mes, ya cerrado el período de sesiones, a explicar la situación de la economía porque así lo exigieron unánimemente el PP y las minorías frente a la formación gubernamental, que quedó aislada.
Esta legislatura será previsiblemente menos confusa y agitada que la anterior, no sólo porque el PP se ha moderado sino también porque el Gobierno lleva en cartera propuestas mucho menos radicales que las del programa de 2004. Sin embargo, la conducción de la crisis económica que genera lógica impopularidad al gobierno- requiere estabilidad, que asimismo será necesaria en algunas cuestiones arduas y complejas que también están en la agenda: financiación autonómica, cierre del Estado autonómico, reforma de la Justicia, etc.
En las circunstancias actuales, el socio ideal del PSOE en Madrid es CiU, posibilidad que sin embargo tropieza con el hecho de que CiU es oposición al PSE-PSOE en Cataluña. Si se piensa que, además, las últimas encuestas publicadas en el Principado indican que el tripartito ya no podría reeditarse por falta de escaños (de ERC y de IC) al tiempo que CiU sí podría gobernar con el PP, se entenderá la dificultad objetiva del pacto PSOE-CiU, codiciado por los socialistas (ayer mismo, José Blanco afirmaba en una entrevista que el PSOE pretende lograr un pacto de estabilidad en otoño).
Así las cosas, es evidente que sería más cómodo para el PSOE pactar con el PNV, que, aunque no le basta para la mayoría absoluta faltaría un escaño para los 176- haría imposible que otros la lograsen. Sin embargo, es inimaginable tal sociedad en tanto Ibarretxe siga divagando por los perdederos de extramuros de la Constitución y disponiéndose a anticipar las elecciones autonómicas a las que concurrirá con un mensaje histriónicamente victimista. De cualquier modo, esas elecciones vascas resultarán clarificadoras, ya que no hay que descartar que se produzcan resultados insólitos: si vence, como auguran las encuestas, el PSE, podría regresarse a la antigua transversalidad, aunque con un lehendakari socialista. En este caso, es obvio que le acuerdo será fácilmente trasladable a Madrid.
Por lo demás, los principales hitos de la legislatura requieren el acuerdo de Estado de los dos grandes partidos: la reforma de la Justicia, el pacto sobre la inmigración, la recuperación de una política exterior común, el cierre del Estado de las Autonomías con una nueva financiación, e incluso la reforma profunda del modelo de crecimiento económico son designios que han de adquirir la estabilidad que sólo puede proporcionar al consenso entre las fuerzas que se alternan al frente del Estado. Estos acuerdos son sin embargo perfectamente compatibles con el pacto de legislatura que persigue la mayoría política para trabajar en el Parlamento con mayor soltura y productividad.