Empleadas de hogar, en ‘negro’

Desde el 1 de enero es obligatorio regularizar la situación de las empleadas del hogar. Pese a que el Ministerio de Trabajo abrió una moratoria de seis meses, que finaliza el 30 de junio, las familias que tengan servicio doméstico, aunque sea de una hora a la semana, estarán obligadas a legalizar su situación como empleadores, antes de esa fecha. La norma, aprobada por el Gobierno anterior, quiere normalizar la situación de un colectivo de unas 700.000 personas, de las que como mucho solo 270.000 están dadas de alta en la Seguridad Social, establece las condiciones en cuanto a retribución, bajas por enfermedad e indemnización por despido y otros aspectos. En Castilla-La Mancha ya se han integrado en el nuevo régimen de cotización 4.828 empleadas de hogar, de las que 3.788 estaban hasta ahora afiliadas a su régimen especial y otras 1.040 cuyos empleos permanecían hasta ahora sumergidos, sin cotizar a la Seguridad Social. Nadie discute que las empleadas de hogar deban estar integradas en el sistema de Seguridad Social, con todos (no sólo algunos) de sus derechos reconocidos. Pero quizá el Gobierno anterior erró en el planteamiento de su regularización. De hecho, la situación tradicional del trabajo doméstico clama al cielo, pero como en tantas ocasiones el legislador ha permitido que el noble objetivo de la ley genere grandes problemas para su aplicación. Las familias deben darse de alta en la Seguridad Social como empleadores, lo que tiene costes. Deben redactar un contrato y formular nóminas mensuales. Hay que reconocer que la complejidad de esta regularización es demasiado alta para un hogar normal y corriente. Eso podría derivar, y más en la situación de crisis que atravesamos, en que el mercado negro se reavive, teniendo en cuenta que muchas empleadas se someterán a las condiciones de las familias con tal de no perder el empleo. Pero también una buena parte de los que tengan voluntad de legalizar la situación de su servicio doméstico se decantarán por las empresas de trabajo temporal que les resolverán el problema, apareciendo intermediarios en los servicios que económicamente podrían perjudicar a estas trabajadoras.