¿En ausencia de violencia?

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

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Antonio Papell - Periodista
ETA ha vuelto este año por sus fueros con la habitual campaña de verano, encaminada a disuadir al turismo y lesionar por tanto los intereses españoles en este sector económico vital.
Lo ha hecho en Cantabria, y mediante artefactos de escasa potencia, lo que indica a las claras que su capacidad ‘militar’ es escasa, pero el hecho es altamente significativo dado que desmiente a las claras la declaración tácita de una ‘minitregua’ en torno a la pretendida consulta de Ibarretxe, o, mejor dicho, al proceso de hostigamiento al Estado que tiene emprendido el lehendakari vasco. La filtración de tal especie, proveniente de medios nacionalistas, ha sido, pues, una falsedad.

La reanudación de la actividad terrorista por parte de ETA parece en principio una contradicción con la actitud del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), que cedió uno de sus votos al tripartito para que éste pudiera sacar adelante la ley de la consulta, ya suspendida por el Tribunal Constitucional. Pero en el fondo no hay tal: ETA jamás aceptaría una solución política del problema que viniera de la mano del PNV. Aunque sus pretensiones carezcan de sentido porque están desconectadas de la realidad, es evidente que la organización terrorista aspira a doblegar al Estado por sí misma y no con el auxilio de los ‘tibios’ que juegan a la democracia en las instituciones.

Pues bien. Supongamos, haciendo una abstracción, que el lehendakari no hubiese encontrado impedimento para celebrar su referéndum en octubre. En el fondo, se dirimiría en él el derecho de autodeterminación, la marcha del País Vasco hacia una posición excéntrica y al margen de la Constitución. Lógicamente, deberían hacer campaña en pro y en contra sus partidarios y sus detractores, respectivamente. ¿Podría hablarse entonces de igualdad de oportunidades para las dos opciones? ¿No forzaría ETA con su amenazante vigilancia el desistimiento de quienes son partidarios de mantener el statu quo y se oponen por tanto al independentismo etarra? ¿No sería evidente una llamativa asimetría en la polémica, con los unos en el punto de mira de las metralletas y los otros arropados por ellas?
Cuando Ibarretxe elaboró su propuesta de Estatuto Político –el Plan Ibarretxe, rechazado por las Cortes en 2005-, incluyó en ella que la consulta que habría de rubricarlo sólo se celebraría «en ausencia de violencia». El lehendakari reconocía así las evidencias que acaban de exponerse: sólo una sociedad libérrima, sin la presión exorbitante de las armas que amenazan a la mitad no nacionalista de la población, podía expresarse con total sinceridad. La presencia de la amenaza expresa distorsionaría la expresión de la voluntad popular, y, sobre todo, la previa exhibición pública de los argumentos en un sentido o en otro.

Ya se sabe que Ibarretxe, en su huida hacia adelante, no tiene memoria ni es coherente con su propio discurso. Pero el hecho de que ahora el jefe del Gobierno vasco persista en su intención de convocar una consulta cuando ETA está en plena actividad y dispuesta a matar y extorsionar constituye simplemente una aberración. Ya se sabe que la consulta no va a celebrarse porque la negativa de las instituciones será tan firme como resulte necesario, pero hecho mismo de pretenderla resulta descalificante para su promotor.

La huida hacia ninguna parte de Ibarretxe, que no tiene otro objetivo que asegurarse su candidatura personal a las próximas elecciones autonómicas y que cuenta con el apoyo de Egibar y su facción más radical, ha logrado arrastrar al aparato de su partido, con Urkullu a la cabeza, ya que planea sobre esta organización política el riesgo cierto de una nueva escisión. Ello explica que el EBB, con evidentes muestras de desagrado, haya seguido hasta aquí al lehendakari. Pero la reaparición de ETA, la constatación de que la organización terrorista no está dispuesta a la menor concesión para que la hipotética consulta se celebrase en «ausencia de violencia», debería generar una reacción inaplazable. Ya es duro para el PNV tener que depender del voto otorgado a regañadientes por la antigua Batasuna para desarrollar sus estrategias, pero resultaría siniestro que ahora se aceptase esta complicidad entre los designios del lehendakari y la obcecación de los criminales etarras.

El PNV tiene, pues, la palabra. Porque es muy probable que si persiste en este error, el desastre electoral del nacionalismo democrático en las próximas elecciones autonómicas sea incluso superior al que ya le presagian las encuestas.