Entre el riesgo sanitario y el comercial
01/10/2010 - 09:45
EDITORIALES
La alarma del pasado viernes del Ministerio de Sanidad sobre el riesgo de toxicidad por el consumo de algunas partidas de aceite de girasol importado quedó desactivada el lunes, con la misma contundencia con que se activó. No hay ningún riesgo porque las 7.000 toneladas de aceite decomisado, procedentes de Ucrania, no han entrado en el circuito de consumo.
Según la Comisión Europea, las partidas del producto contaminadas con aceites minerales salieron de Ucrania con destino a la UE el 23 de febrero pasado. Se trataba de aceite sin refinar, que, para su comercialización, debe ser sometido a un proceso posterior.
La alerta recorrió varios países sin que se tomaran medidas, que sí fueron adoptadas de inmediato por España, donde ese aceite supone el 30% del consumo doméstico para cocinar.
La preocupación añadida era el recuerdo del aceite de colza, que en los años 70 mató a decenas de personas. El consumo de ese aceite desnaturalizado afectó a más de 20.000, en lo que ha sido la mayor intoxicación alimentaria en la historia de España. Este aceite, que se importó de Francia para uso industrial, se distribuyó después por algunos aceiteros para uso humano tras extraerle la anilina a alta temperatura, un proceso que dio lugar a la creación de compuestos tóxicos que causaron la grave intoxicación conocida como síndrome del aceite tóxico. El recuerdo impreso en nuestra memoria, a pesar de haber pasado casi tres décadas, es lo que ha hecho que se encendieran todas las alarmas. Ya se comprobó, algo parecido, en el 2002, con la alarma por el aceite de orujo, que quedó en nada. La de estos días puede acabar igual.
Sin embargo habría que valorar los pros y los contras de activar una alarma de estas características a sabiendas de que el consumo era prácticamente inexistente y la potencial toxicidad de la sustancia muy baja. Ahora, los cultivadores de girasol temen que las medidas establecidas por el Gobierno central pueda afectar al precio de este artículo por un descenso de la demanda. Con su precipitación, el ministerio ha provocado de nuevo el debate entre el riesgo sanitario y el riesgo comercial: la alerta extrema frente al perjuicio económico. Un dilema que nunca debe marcar el principio de seguridad alimentaria.
La alerta recorrió varios países sin que se tomaran medidas, que sí fueron adoptadas de inmediato por España, donde ese aceite supone el 30% del consumo doméstico para cocinar.
La preocupación añadida era el recuerdo del aceite de colza, que en los años 70 mató a decenas de personas. El consumo de ese aceite desnaturalizado afectó a más de 20.000, en lo que ha sido la mayor intoxicación alimentaria en la historia de España. Este aceite, que se importó de Francia para uso industrial, se distribuyó después por algunos aceiteros para uso humano tras extraerle la anilina a alta temperatura, un proceso que dio lugar a la creación de compuestos tóxicos que causaron la grave intoxicación conocida como síndrome del aceite tóxico. El recuerdo impreso en nuestra memoria, a pesar de haber pasado casi tres décadas, es lo que ha hecho que se encendieran todas las alarmas. Ya se comprobó, algo parecido, en el 2002, con la alarma por el aceite de orujo, que quedó en nada. La de estos días puede acabar igual.
Sin embargo habría que valorar los pros y los contras de activar una alarma de estas características a sabiendas de que el consumo era prácticamente inexistente y la potencial toxicidad de la sustancia muy baja. Ahora, los cultivadores de girasol temen que las medidas establecidas por el Gobierno central pueda afectar al precio de este artículo por un descenso de la demanda. Con su precipitación, el ministerio ha provocado de nuevo el debate entre el riesgo sanitario y el riesgo comercial: la alerta extrema frente al perjuicio económico. Un dilema que nunca debe marcar el principio de seguridad alimentaria.