ETA, entre la ley y el deseo

El terrorismo siempre debió estar fuera de la agenda política y sin embargo ha sido factor de desestabilización de quien por mandato constitucional tenía que gestionar la lucha contra ese mundo tenebroso. Hoy el final de ETA está más cercano y lo ocurrido en los últimos días entre presos de ETA y víctimas del terrorismo nos recuerda la cercanía del momento histórico en que ETA pase a formar parte del pasado. La manifestación a favor de Otegui en Bilbao pone en evidencia resistencias políticas para empujar ese proceso y también que las resoluciones judiciales no entienden o no deben entender de oportunidades políticas. Las reclamaciones de las víctimas son siempre legítimas pero no garantizan que el análisis que puedan hacer una parte o la totalidad de las mismas sea certero. Ni pueden reclamar el monopolio de la gestión de la lacra del terrorismo. Un estado de derecho lo es por definición en la supremacía de la ley sobre las voluntades políticas.

   Y frente a una resolución del Tribunal Constitucional, que permitió a Bildu presentarse a las elecciones, cabe la crítica pero no el desconocimiento de los efectos jurídicos inevitables que trae consigo. Pero además no podemos perder de vista que el privar a cualquier ciudadano de la posibilidad de ser elegido tiene que tener garantías constitucionales en su aplicación. El final de ETA es una realidad incuestionable y próxima. Y en ese escenario, Arnaldo Otegui puede cuestionar la ley pero no puede evitar su cumplimiento.

   El Gobierno tiene legitimad para celebrar el triunfo de la estrategia que ha materializado el ministro Rubalcaba en sus éxitos frente a ETA. Y el Partido Popular podrá exigir el escrupuloso cumplimiento de la Ley. Pero la cercanía de las elecciones del 20-N no legitima a nadie para imponer sus deseos por encima de la ley ni para poner arena en el engranaje de este proceso histórico.