Ex-presidentes

Estos días se ha discutido con acaloramiento sobre el sueldo de los ex presidentes y las pensiones de los parlamentarios. Asunto inevitablemente asociado a los privilegios de la clase política. La opinión pública ve como tal, sobre todo en época de vacas flacas marcada por las consignas de austeridad y los recortes dictados desde el Gobierno. En esas claves se entiende el malestar de los ciudadanos al conocer los datos de la cuestión. Por un lado, el fichaje de Felipe González y José María Aznar por grandes compañías del sector energético como Gas Natural, en el primer caso, y Endesa en el segundo. Y por otro, las ventajosas condiciones de los parlamentarios para consolidar el derecho a percibir una pensión a cargo de la Seguridad Social, hasta con la tercera parte de años de cotización respecto al resto de los trabajadores. Lo de menos son las cantidades que percibirán Aznar y González como empleados de esas compañías. O la cuantía de las pensiones que disfrutarán los parlamentarios en comparación con las del resto de los ciudadanos. No es una cuestión de huevo, sino de fuero. Y tampoco se trata de algo ilegal, pues todo ello responde a una normativa establecida. Es cuestión de principio. En el caso de los ex presidentes, hemos de partir de que su compromiso con los intereses generales es de carácter vitalicio. O debe ser, desde el punto de vista ético. Aznar y González no se libran de ese compromiso por el hecho de que hayan transcurrido más o menos años o por militar en idearios políticos diferentes. De derecho, incluso, según la normativa que regula su estatus, siguen teniendo la consideración formal y protocolaria de "presidentes". Pero, ojo, la consideración no es sólo formal y protocolaria. La norma legal que regula el estatuto de los ex presidentes del Gobierno (Real Decreto 2102/1983, modificado en 1992 y en 2008), se ocupa casi exclusivamente de garantizarles una vida digna mediante la expresa asignación de recursos públicos. Algunos, como el automóvil, el conductor y la escolta, también se extienden "al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento", según la modificación de julio de 2008. Además de una retribución anual de unos 70.000 euros, dotación para gastos de oficina, coche oficial, chofer, asistente, secretaria y escolta, el ex presidente tiene reservado un lugar en el protocolo, el derecho a disponer de asistencia diplomática en el extranjero y viajes gratis en los medios de transporte públicos, etc. Toda una logística de funcionamiento con cargo a los impuestos de los ciudadanos que, como se ve, acaba poniéndose a disposición de intereses particulares. ¿O se van a dejar todos esos medios a la puerta de su casa cada vez que salgan en condición de asesores de una empresa privada?