Faisán hasta la sopa

La colaboración con banda armada es un supuesto delictivo muy grave, sobre todo si se trata de servidores del Estado. Probarlo corresponde a los jueces, no a los adversarios políticos ni a los periodistas. Sin embargo, entre adversarios políticos y periodistas anda el juego, más empeñados en utilizar el asunto como elemento de desgaste del Gobierno que como prueba de convicción de su insobornable amor a la verdad. El juego puede tener consecuencias letales en la política antiterrorista, en estos momentos concertada por el Gobierno con el principal partido de la oposición. Pero escuchando algunas barbaridades en boca de dirigentes del PP da la impresión de que el partido de Mariano Rajoy está incómodo en ese consenso. Como si añorase la política de confrontación que en ese terreno mantuvo en la Legislatura pasada.

    Sólo así se entiende que los portavoces del PP asimilen la figura del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con la de un cualificado colaborador con una banda terrorista, en base a referencias testimoniales firmadas por los criminales de la banda. "Las actas de ETA le ponen a usted contra las cuerdas, decía este miércoles el diputado Gil Lázaro (PP). O que, en base a dichos testimonios, se dé por hecho que durante el llamado proceso negociador del Gobierno con ETA, el Gobierno de la Nación ordenó el cese de las detenciones policiales. Como en el proverbio cristiano que habla de los renglones torcidos en la escritura recta de Dios, también la política antiterrorista da rodeos para lograr sus objetivos de Estado.

    Quienes negociaron en 2006 en nombre del Gobierno hablan de "medias verdades" y "medias mentiras", como en el mus, como en el poker, como en cualquier juego de apuesta, dirigidas a los etarras que se sentaron con ellos. Pero los agitadores del caso Faisán las han convertido en verdades reveladas para usarlas como pedradas contra el adversario. Quienes tan a gusto se encuentran chapoteando en la sopa del faisán son incapaces de tener en cuenta la situación concreta -un intento de poner fin a la violencia mediante el diálogo- dentro de un contexto de lucha persistente contra la banda. De éste y de todos los Gobiernos, pues ninguno bajó nunca la guardia y ninguno dejó de intentar el fin dialogado. Pero las cifras están ahí. En la tregua del Gobierno Aznar (entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999) fueron detenidos 54 etarras y 65 activistas de la llamada kale borroka. En la tregua del Gobierno Zapatero (entre marzo de 2006 y su fin formal de la tregua anunciado por ETA en junio de 2007, aunque de hecho se había roto con el atentado a la T-4 de diciembre de 2006) se detuvieron a 94 etarras y 54 activistas de la kale borroka. .