Garzón, el proscrito
Doble contra sencillo a que estamos en la cuenta atrás de la patada corporativa al juez Baltasar Garzón. Por encima de los tecnicismos procesales, ese pronóstico se generaliza en medio del estupor que causa el hecho objetivo y verificable de que los jefes de una trama corrupta hacen causa común con el Tribunal Supremo para acabar con la carrera judicial del polémico juez. Polémico, sí, pero eso no explica la triple denuncia de que, además de juez polémico, después de treinta y tantos años de oficio, ahora, de repente, en un corto periodo de tiempo, se ha convertido también en un juez prevaricador.
El mensaje que le llega a la opinión pública contiene arsénico puro envuelto en papel de celofán: es más importante y más urgente reprimir al juez que persigue la comisión del delito, por los métodos usados, que al delincuente en cuestión. Lo cierto es que ha habido más prisa por sentar en el banquillo a quien perseguía un caso de corrupción que a los corruptos, admitidos incluso como acusación privada contra el juez que les acorraló policial y judicialmente. Las coordenadas del caso están claras.
A petición de la Fiscalía y de la Policía, el juez Garzón ordenó la intervención de las conversaciones carcelarias entre imputados por el caso Gürtel y sus abogados. Lo hizo a sabiendas de que podía estar violando el derecho de defensa. Pero también lo hizo a sabiendas de que el principio tiene dos excepciones: una, en casos de terrorismo (Ley Penitenciaria), y otra, cuando se trata de evitar la comisión de un delito (Jurisprudencia constitucional y Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En este segundo supuesto motivó la decisión de las escuchas y se apoya ahora para defenderse de los cargos que formulan contra él la acusación privada (abogados de Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y José Luis Ulibarri, responsables de una trama de corrupción") y el juez que instruye a la sala segunda del Tribunal Supremo. Los cargos son por prevaricación y por haber violado las garantías constitucionales de los defensores y los defendidos del caso Gürtel. Ya se entiende que los policías y los fiscales que solicitaron la intervención de las escuchas no incurrieron en conducta prevaricadora porque fue Garzón quien dictó la orden.
Caso distinto sería el de los dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, al heredar de la Audiencia Nacional el caso Gürtel, consideraron las escuchas ajustadas a derecho y, por tanto, prorrogaron su práctica. ¿Acaso también va a ser procesado por prevaricación el juez Antonio Pedreira? No lo creo. Y tampoco creo que vayan a correr la misma suerte que Garzón los jueces que con anterioridad y la misma motivación (impedir la comisión de un delito) ordenaron en su día intervenir conversaciones entre preso y abogado.