Gastos políticos

28/08/2012 - 00:00 Jesús Fernández




La racionalidad económica, en forma de transparencia, se va imponiendo a la arbitrariedad, al personalismo, al abuso y al egoísmo en la gestión y empleo de recursos públicos. Los ciudadanos se dan cuenta de su “soberanía económica” unida a la política que consiste en elegir a los responsables y delegar la administración de los medios que ellos ponen en manos de sus gobernantes. El Estado no es de nadie sino de los ciudadanos que lo financian con sus cargas e impuestos. Según esto, podemos entender cómo se agrupan y denominan diferentes gastos: se habla de gastos sociales, gastos de inversión, gastos de personal. ¿Podremos admitir algún día lo que se entiende por “gastos políticos”.

  La democracia como participación es cara, absorbe recursos. La representación política de todo un pueblo exige financiar muchos procesos de elección, de organización, de representantes. Entre nosotros hay exceso de mandatarios, demasiada densidad política y poder territorial. Todos entendemos que los recursos son escasos y las demandas múltiples. Distinguimos bien entre gastos productivos o generadores de riqueza (que llamamos inversión) y otros gastos improductivos, consumtivos, destinados a fines o tareas sociales de la comunidad. Ahora nos preguntamos ¿son productivos y rentables socialmente, los gastos políticos? El primer concepto o capítulo de lo que llamamos gastos políticos son los gastos de los políticos. Es excesivo.

  Necesitamos una democracia más austera. Hay demasiada oferta para tan poca demanda. La recesión afecta también al entusiasmo político. Después está el trabajo de los políticos. Han creado una profesión demasiado liberal. No parecen sujetos a las normas y estatutos que rigen la jornada laboral del resto de ciudadanos. No cumplen ocho horas en sus confortables despachos. Y qué despachos. Instalaciones y espacios vacíos. Compatibilizan muchas ocupaciones porque no emplean su tiempo y esfuerzo en una sola. La referencia laboral de los innumerables cargos electos debe ser la habitual y todo o que exceda a esa “ratio”, debe ser desarrollada por otro ciudadano en un justo reparto de tareas y responsabilidades. ¿Por qué conceder a una persona tantas presidencias, tantas funciones y delegaciones? Un cargo por persona y una dedicación completa a esa tarea. Todo poder engendra poder y contiene un germen de expansión al absoluto y una tendencia al deseo, a la envidia y apetencia a su obtención por parte de los demás que no lo tienen.

  En política se lucha por el poder pero ese poder no está sólo o desnudo sino que viene acompañado de competencias para decidir presupuestos, asignar recurso y distribuir dotaciones. Los gobernantes no quieren interventores contables o sociales que vigilen y controlen su gestión y no quieren dar cuenta de su conducta ante nadie en temas económicos de reparto de recursos o de distribución de competencias políticas. Ellos fijan prioridades, eligen finalidades, designan destinatarios, establecen clientes, determinan cantidades y ponen las condiciones de todo el patrimonio social que gestionan. El gasto de los políticos contribuye al desgaste moral de un pueblo. Y el grado de inmoralidad de ellos marca el nivel de degradación social en que vivimos. No hay reajuste económico sin un reajuste de la conciencia colectiva y moral comenzando por la mentalidad de nuestros dirigentes. Pero el pueblo tiene que contribuir a ello con sus exigencias y sanciones.