Gobierno:programa alternativo
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
Punto de vista
ANTONIO PAPELL, PERIODISTA
Este miércoles, Rodríguez Zapatero descenderá a los infiernos de la crisis económica para adelantarse a los requerimientos de una oposición que ha encontrado en este asunto el hueso que roer durante la legislatura.
Probablemente, no aportará nada nuevo a la solución del problema, salvo la plausible persistencia en mantener el gasto social actualizando todas las pensiones y elevando un 6% las mínimas- y el anuncio de medidas de recolocación y ayuda para gestionar mejor el elevado desempleo. Tampoco cabría esperar mucho más cuando en parecida coyuntura la presidencia conservadora francesa Sarkozy- ha respondido a sus críticos que la crisis es externa proviene de los altos precios del petróleo y del mercado hipotecario norteamericano- de modo que no cree que sea posible un plan anticrisis de ámbito nacional, por lo que, puesto que ostenta la presidencia de la UE en este semestre, va a elevar a este ámbito la discusión sobre las posibles medidas. Bien es cierto que aquí, además, hemos de afrontar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero semejante desgracia es presa de las leyes de mercado y ha de ser el sector el que salga por sus pasos de ella.
Así las cosas, la sesión parlamentaria de hoy, en que seguramente Rodríguez Zapatero abordará también la financiación autonómica con una mezcla de firmeza y de voluntad de seducción, será relevante por otras cuestiones tangenciales: en primer lugar, por el planteamiento del nuevo modelo de financiación, es decir, por qué fórmula a plazos hará frente a los casi 15.000 millones de euros que requiere el café para todos que generalice el modelo catalán. En segundo lugar, por los vínculos que establezca con las minorías, y, concretamente, con el PNV, partido con el que al parecer cuenta para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Y, por último, por los rasgos que enuncie del programa alternativo que parece estar pergeñándose para cubrir la legislatura con reformas baratas que sin embargo profundicen el modelo socialdemócrata del Partido Socialista.
El programa electoral socialista, redactado cuando los problemas económicos asomaban el horizonte pero mucho antes de que adquirieran un tinte verdaderamente amenazador, trataba evidentemente de ayudar a la digestión de las reformas ya realizadas, que en algún caso como el de la Ley de Dependencia requerían grandes caudales de recursos para su plena implementación. El PSOE pretendía, en fin, moderarse ideológicamente este cuatrienio y centrarse en la gestión del desarrollo material y del bienestar. De hecho, si en 2004 la propuesta a los electores poseía una gran carga ideológica, la del 2008 era bastante neutra.
Pero los acontecimientos recomiendan al parecer invertir los términos: la insuficiencia de recursos, que apenas si permitirán sostener precariamente al Estado en los dos próximos años, aconseja aplazar o dilatar las decisiones de gasto y acelerar en cambio el desarrollo del programa máximo, parte del cual ya fue explicitado en el XXXVII Congreso. Allí se abordó la reforma de la normativa del aborto y del llamado suicidio asistido. A estos asuntos han de añadirse por ahora una acentuación del carácter laico del Estado y, en cierta medida, el desarrollo de las medidas de Garzón sobre la memoria histórica.
Es objetable que el Gobierno desborde su programa electoral ya que éste constituye un contrato con los electores. Pero no sería lógico hacer de esta cuestión un corsé limitante cuando son las circunstancias las que se imponen. A fin de cuentas, los votantes del PSOE conocían sin duda sus fundamentos doctrinales y no verán con malos ojos tales desarrollos. Y la objeción que se alega, la de que estas medidas son una especie de cortina de humo para difuminar la crisis, es poco sólida: ni los ciudadanos se distraerán de sus principales preocupaciones, que son pesadamente materiales en esta hora, ni la lucha contra la adversidad, que ha de ser la indudable preferencia del Gobierno, impide que se avance al mismo tiempo por otros cauces intelectuales y legislativos.
Por último, la sesión de hoy se encara con una esperanza remota: la de que se produzca un verdadero debate técnico sobre las claves de la política económica que minimice la crisis. Quisiéramos oír la controversia entre las opciones liberales y socialdemócratas que, aunque cercanas, difieren en la filosofía. Pero quizá esta esperanza sea vana e ilusoria.
Así las cosas, la sesión parlamentaria de hoy, en que seguramente Rodríguez Zapatero abordará también la financiación autonómica con una mezcla de firmeza y de voluntad de seducción, será relevante por otras cuestiones tangenciales: en primer lugar, por el planteamiento del nuevo modelo de financiación, es decir, por qué fórmula a plazos hará frente a los casi 15.000 millones de euros que requiere el café para todos que generalice el modelo catalán. En segundo lugar, por los vínculos que establezca con las minorías, y, concretamente, con el PNV, partido con el que al parecer cuenta para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Y, por último, por los rasgos que enuncie del programa alternativo que parece estar pergeñándose para cubrir la legislatura con reformas baratas que sin embargo profundicen el modelo socialdemócrata del Partido Socialista.
El programa electoral socialista, redactado cuando los problemas económicos asomaban el horizonte pero mucho antes de que adquirieran un tinte verdaderamente amenazador, trataba evidentemente de ayudar a la digestión de las reformas ya realizadas, que en algún caso como el de la Ley de Dependencia requerían grandes caudales de recursos para su plena implementación. El PSOE pretendía, en fin, moderarse ideológicamente este cuatrienio y centrarse en la gestión del desarrollo material y del bienestar. De hecho, si en 2004 la propuesta a los electores poseía una gran carga ideológica, la del 2008 era bastante neutra.
Pero los acontecimientos recomiendan al parecer invertir los términos: la insuficiencia de recursos, que apenas si permitirán sostener precariamente al Estado en los dos próximos años, aconseja aplazar o dilatar las decisiones de gasto y acelerar en cambio el desarrollo del programa máximo, parte del cual ya fue explicitado en el XXXVII Congreso. Allí se abordó la reforma de la normativa del aborto y del llamado suicidio asistido. A estos asuntos han de añadirse por ahora una acentuación del carácter laico del Estado y, en cierta medida, el desarrollo de las medidas de Garzón sobre la memoria histórica.
Es objetable que el Gobierno desborde su programa electoral ya que éste constituye un contrato con los electores. Pero no sería lógico hacer de esta cuestión un corsé limitante cuando son las circunstancias las que se imponen. A fin de cuentas, los votantes del PSOE conocían sin duda sus fundamentos doctrinales y no verán con malos ojos tales desarrollos. Y la objeción que se alega, la de que estas medidas son una especie de cortina de humo para difuminar la crisis, es poco sólida: ni los ciudadanos se distraerán de sus principales preocupaciones, que son pesadamente materiales en esta hora, ni la lucha contra la adversidad, que ha de ser la indudable preferencia del Gobierno, impide que se avance al mismo tiempo por otros cauces intelectuales y legislativos.
Por último, la sesión de hoy se encara con una esperanza remota: la de que se produzca un verdadero debate técnico sobre las claves de la política económica que minimice la crisis. Quisiéramos oír la controversia entre las opciones liberales y socialdemócratas que, aunque cercanas, difieren en la filosofía. Pero quizá esta esperanza sea vana e ilusoria.
