Iglesia y política
01/10/2010 - 09:45
ARTICULOS
Antonio Papell - Periodista
La legislatura anterior fue de dura confrontación entre la jerarquía eclesiástica católica la Conferencia Episcopal- y el Gobierno porque chocaron irremisiblemente dos humanismos en alguna medida contrapuestos: el laicismo radical y renovador del impetuoso equipo socialista que llegó al poder llevaba consigo un bagaje doctrinal basado en la libertad como no dominación que había de plasmarse en reformas jurídicas poco gratas a la iglesia tradicional.
La confrontación ya había sucedido por la misma causa durante la Transición, cuando el poder político instauró el divorcio y despenalizó el aborto en determinados supuestos; ahora, las reformas se han limitado a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y en reforzar la igualdad de género, que ya es desde hace tiempo una realidad jurídica pero que ahora se fomenta legítimamente, según el Tribunal Constitucional- mediante acciones de discriminación positiva. La asignatura de Educación para la ciudadanía, que no es adoctrinamiento sino aculturación en los principios constitucionales, común en la mayoría de los países de la Unión, ha sido considerada injustamente otra agresión del poder político al credo religioso.
Como ya sucedió en los años setenta y primeros ochenta, también la derecha política se ha ubicado del lado de la Iglesia en el período 2004-2008 y se ha opuesto inicialmente a las principales reformas de esta índole e incluso ha recurrido alguna de ellas ante el Constitucional, pero, al igual que entonces, es bien notorio que, puesto que los cambios responden a una clara demanda social, serán irreversibles y resistirán futuras alternancias. Pero la jerarquía eclesiástica ha adoptado una beligerancia que no cede sino al contrario. De hecho, la victoria del más intransigente entre los conservadores, el cardenal de Madrid Rouco Varela, en las últimas elecciones internas de la curia que lo han devuelto a la presidencia de la Conferencia Episcopal (CE), ha representado un endurecimiento de las posturas públicas de la Iglesia que no tiene precedentes, ni en la confrontación con el Gobierno socialista, ni en su deseo de pilotar la evolución del centro-derecha que le es teóricamente afín.
En efecto, la nota orientativa de la CE sobre las elecciones generales del 9-M era ya de una dureza extrema e incurría en falsedades simplemente calumniosas: insinuaba que el Gobierno había hecho concesiones inmorales a ETA y reprochaba al Gobierno un recorte de la libertad de enseñanza (semanas antes, en un acto público, Rouco y Cañizares, éste vicepresidente de la CE, ya habían manifestado que el Gobierno socavaba la democracia y vulneraba ciertos derechos humanos). Finamente, y a pesar de este proselitismo, la mayoría socialista salió reforzada de la consulta electoral y el PP, como es natural, ha entrado en crisis tras esta segunda derrota consecutiva.
Y en esta coyuntura, la Iglesia oficial ha decidido intervenir, no sólo para seguir su vieja lucha contra el laicismo del Gobierno sino también para marcar las pautas a la derecha. La Cope, su cadena de radio, que fue ariete de infieles durante la anterior legislatura y mantuvo una estrecha simbiosis con el PP en la labor de oposición, es ahora la principal enemiga de Mariano Rajoy. Y, en pleno fragor de esta campaña, sus principales comunicadores han visto prorrogados sus contratos, por voluntad expresa de Rouco y del secretario portavoz de la Conferencia, Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. En esta ocasión, y según una bien fundada información de La Vanguardia, el duro Cañizares y al menos otros tres de los siete miembros del comité ejecutivo episcopal están en contra de la línea intervencionista de impulso político que mantiene la Cope; el propio nuncio, calificado de masón por uno de los locutores de la cadena, estaría presionando en Roma contra este dislate.
Esta pretensión intervencionista no ha surgido súbitamente: proviene de la condescendencia de Rajoy y en general de la cúpula del PP durante la pasada legislatura con las consignas lanzadas desde la Cope. El líder de la oposición rozó constantemente el ridículo al no ser capaz de marcar su territorio y de imponer su autonomía personal frente a quienes lo estaban manipulando. Era previsible que alguien tan dócil pudiera pasar fácilmente de líder a estorbo, que es lo que ha ocurrido: hoy, en una estridente paradoja, la oposición a Rajoy, claramente invertebrada y sin cabezas capaces de imponerse en su partido, está siendo articulada por los medios de comunicación que lo apoyaron durante la anterior legislatura y que lo arroparon en la campaña electoral.
Evidentemente, el Gobierno debe tomar nota de la actitud reaccionaria de la Conferencia Episcopal, y aprovechar quizá para renovar unos acuerdos que son ya un anacronismo. Pero el verdadero problema lo tiene el PP, que ha alimentado al monstruo que se dispone ahora a devorarlo.
Como ya sucedió en los años setenta y primeros ochenta, también la derecha política se ha ubicado del lado de la Iglesia en el período 2004-2008 y se ha opuesto inicialmente a las principales reformas de esta índole e incluso ha recurrido alguna de ellas ante el Constitucional, pero, al igual que entonces, es bien notorio que, puesto que los cambios responden a una clara demanda social, serán irreversibles y resistirán futuras alternancias. Pero la jerarquía eclesiástica ha adoptado una beligerancia que no cede sino al contrario. De hecho, la victoria del más intransigente entre los conservadores, el cardenal de Madrid Rouco Varela, en las últimas elecciones internas de la curia que lo han devuelto a la presidencia de la Conferencia Episcopal (CE), ha representado un endurecimiento de las posturas públicas de la Iglesia que no tiene precedentes, ni en la confrontación con el Gobierno socialista, ni en su deseo de pilotar la evolución del centro-derecha que le es teóricamente afín.
En efecto, la nota orientativa de la CE sobre las elecciones generales del 9-M era ya de una dureza extrema e incurría en falsedades simplemente calumniosas: insinuaba que el Gobierno había hecho concesiones inmorales a ETA y reprochaba al Gobierno un recorte de la libertad de enseñanza (semanas antes, en un acto público, Rouco y Cañizares, éste vicepresidente de la CE, ya habían manifestado que el Gobierno socavaba la democracia y vulneraba ciertos derechos humanos). Finamente, y a pesar de este proselitismo, la mayoría socialista salió reforzada de la consulta electoral y el PP, como es natural, ha entrado en crisis tras esta segunda derrota consecutiva.
Y en esta coyuntura, la Iglesia oficial ha decidido intervenir, no sólo para seguir su vieja lucha contra el laicismo del Gobierno sino también para marcar las pautas a la derecha. La Cope, su cadena de radio, que fue ariete de infieles durante la anterior legislatura y mantuvo una estrecha simbiosis con el PP en la labor de oposición, es ahora la principal enemiga de Mariano Rajoy. Y, en pleno fragor de esta campaña, sus principales comunicadores han visto prorrogados sus contratos, por voluntad expresa de Rouco y del secretario portavoz de la Conferencia, Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. En esta ocasión, y según una bien fundada información de La Vanguardia, el duro Cañizares y al menos otros tres de los siete miembros del comité ejecutivo episcopal están en contra de la línea intervencionista de impulso político que mantiene la Cope; el propio nuncio, calificado de masón por uno de los locutores de la cadena, estaría presionando en Roma contra este dislate.
Esta pretensión intervencionista no ha surgido súbitamente: proviene de la condescendencia de Rajoy y en general de la cúpula del PP durante la pasada legislatura con las consignas lanzadas desde la Cope. El líder de la oposición rozó constantemente el ridículo al no ser capaz de marcar su territorio y de imponer su autonomía personal frente a quienes lo estaban manipulando. Era previsible que alguien tan dócil pudiera pasar fácilmente de líder a estorbo, que es lo que ha ocurrido: hoy, en una estridente paradoja, la oposición a Rajoy, claramente invertebrada y sin cabezas capaces de imponerse en su partido, está siendo articulada por los medios de comunicación que lo apoyaron durante la anterior legislatura y que lo arroparon en la campaña electoral.
Evidentemente, el Gobierno debe tomar nota de la actitud reaccionaria de la Conferencia Episcopal, y aprovechar quizá para renovar unos acuerdos que son ya un anacronismo. Pero el verdadero problema lo tiene el PP, que ha alimentado al monstruo que se dispone ahora a devorarlo.