Igualdad efectiva en el mundo rural entre hombres y mujeres
11/08/2011 - 17:53
Las explotaciones agrarias son mayoritariamente de tipo familiar, explotaciones donde la mujer trabaja muchas horas, compartiendo con el hombre las tareas agrarias y realizando, además, las labores domésticas. Esta situación se da en 68.709 familias en España y 8.941 familias en Castilla-la Mancha.
El trabajo de estas mujeres no es reconocido como tal, sino como ayuda doméstica, lo cual conduce a la frustración y a la propia desvalorización. Y, si esto no se debe permitir, menos todavía que lleve a la ausencia de derechos adquiridos por el trabajo realizado, como la protección de la Seguridad Social y la remuneración económica. La mujer rural se encuentra en situación de vulnerabilidad con los riesgos que esto supone. Acabar con esta situación es el objeto de la Ley sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que ha aprobado recientemente el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos, menos el del Partido Popular. Hoy, con la aprobación de esta Ley, las reformas normativas que ha venido adoptando el Gobierno socialista de la nación para promover el desarrollo rural sostenible y la mejora del sistema de Seguridad Social en el ámbito agrario, alcanzan su plena efectividad.. Se trata de garantizar los derechos a las mujeres rurales, de hacer visible su trabajo. El objeto de la Ley es regular la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria.
La Ley da solución a muchos de los temas planteados por las organizaciones de mujeres rurales. La Ley supone un gran avance en el objetivo de la igualdad y, concretamente, en el acceso de la mujer a la titularidad de derechos económicos y sociales relacionados con el ejercicio profesional del agricultor; en la inclusión de la mujer en el sistema de la Seguridad Social; en la calificación de estas explotaciones de titularidad compartida como prioritarias, de acuerdo con la Ley 19/1995, y, por tanto, de los beneficios fiscales y laborales que ello conlleva; en el acceso a un NIF único que anteriormente no era posible y ahora será un incentivo económico importante; en el acceso preferente a distintos programas para la modernización y especialmente para la formación y el asesoramiento.
Por otra parte, cuando no se constituya titularidad compartida, se reconocen los derechos económicos generados por el trabajo de la mujer en su condición de cónyuge o persona vinculada por relación de análoga afectividad al titular de la explotación agraria, como contraprestación por su actividad agraria, efectiva y regular en la explotación. Como ciudadano que cree en la igualdad de derechos, creo que con esta Ley se avanza en la buena dirección, pero debemos tener presente que queda mucho camino por recorrer. Queda mucho por hacer y en ese caminar, en esa lucha, nos encontraremos siempre los socialistas: en la lucha por la igualdad de derechos.
El trabajo de estas mujeres no es reconocido como tal, sino como ayuda doméstica, lo cual conduce a la frustración y a la propia desvalorización. Y, si esto no se debe permitir, menos todavía que lleve a la ausencia de derechos adquiridos por el trabajo realizado, como la protección de la Seguridad Social y la remuneración económica. La mujer rural se encuentra en situación de vulnerabilidad con los riesgos que esto supone. Acabar con esta situación es el objeto de la Ley sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que ha aprobado recientemente el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos, menos el del Partido Popular. Hoy, con la aprobación de esta Ley, las reformas normativas que ha venido adoptando el Gobierno socialista de la nación para promover el desarrollo rural sostenible y la mejora del sistema de Seguridad Social en el ámbito agrario, alcanzan su plena efectividad.. Se trata de garantizar los derechos a las mujeres rurales, de hacer visible su trabajo. El objeto de la Ley es regular la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria.
La Ley da solución a muchos de los temas planteados por las organizaciones de mujeres rurales. La Ley supone un gran avance en el objetivo de la igualdad y, concretamente, en el acceso de la mujer a la titularidad de derechos económicos y sociales relacionados con el ejercicio profesional del agricultor; en la inclusión de la mujer en el sistema de la Seguridad Social; en la calificación de estas explotaciones de titularidad compartida como prioritarias, de acuerdo con la Ley 19/1995, y, por tanto, de los beneficios fiscales y laborales que ello conlleva; en el acceso a un NIF único que anteriormente no era posible y ahora será un incentivo económico importante; en el acceso preferente a distintos programas para la modernización y especialmente para la formación y el asesoramiento.
Por otra parte, cuando no se constituya titularidad compartida, se reconocen los derechos económicos generados por el trabajo de la mujer en su condición de cónyuge o persona vinculada por relación de análoga afectividad al titular de la explotación agraria, como contraprestación por su actividad agraria, efectiva y regular en la explotación. Como ciudadano que cree en la igualdad de derechos, creo que con esta Ley se avanza en la buena dirección, pero debemos tener presente que queda mucho camino por recorrer. Queda mucho por hacer y en ese caminar, en esa lucha, nos encontraremos siempre los socialistas: en la lucha por la igualdad de derechos.