¿Insostenible?
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
EDITORIALES
Se cumplen seis semanas del inicio de la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia y la situación empieza a hacerse insostenible. A fecha 5 de marzo, 1.119 juicios han sido suspendidos en Guadalajara, 646 escritos están pendientes de proveer y 832 demandas se encuentran pendientes de incoación (separaciones, divorcios, desahucios, reclamaciones de dinero y de cualquier otro tipo). Es imposible de contabilizar el número total de procedimientos paralizados por razón de la huelga.
En el Registro civil hay más de 300 expedientes paralizados de matrimonio, de nacionalidad, de cambio de nombre, de rectificación de errores, etc. Hay también del orden de 180 expedientes de este tipo que no es que estén paralizados, sino que ni siquiera se han podido iniciar por razón de la huelga, y más de 70 niños no se han podido inscribir en el Registro civil.
Ya lo advirtieron hace tiempo quizá por ser ellos mismos lo que son más conscientes de cuál es el funcionamiento de la administración de justicia y de cómo un obstáculo en su ya lento engranaje, si se mantiene durante largo tiempo, puede echar por tierra el trabajo de años y convertir una oficina judicial que funcionaba con razonable corrección en un desbarajuste.
Los peores augurios se están materializando y estamos siendo testigos de una parálisis casi total de su trabajo diario, trabajo que es también el de los abogados y procuradores y que está concebido, en definitiva, para dar servicio a los ciudadanos. Asistimos perplejos a la acumulación de demandas que en un futuro se habrán de tramitar, escritos que habrá que resolver, consignaciones de dinero a las que habrá de darse el destino para el que fue depositado y suspensiones de juicios y de actuaciones varias que se unirán a las que ya estaban señaladas para los meses venideros. La situación no tiene fácil solución pero la Administración tendrá que empezar a plantearse el modo de ofrecer una alternativa a un conflicto que deja de ser particular para convertirse en un problema social.
Ya lo advirtieron hace tiempo quizá por ser ellos mismos lo que son más conscientes de cuál es el funcionamiento de la administración de justicia y de cómo un obstáculo en su ya lento engranaje, si se mantiene durante largo tiempo, puede echar por tierra el trabajo de años y convertir una oficina judicial que funcionaba con razonable corrección en un desbarajuste.
Los peores augurios se están materializando y estamos siendo testigos de una parálisis casi total de su trabajo diario, trabajo que es también el de los abogados y procuradores y que está concebido, en definitiva, para dar servicio a los ciudadanos. Asistimos perplejos a la acumulación de demandas que en un futuro se habrán de tramitar, escritos que habrá que resolver, consignaciones de dinero a las que habrá de darse el destino para el que fue depositado y suspensiones de juicios y de actuaciones varias que se unirán a las que ya estaban señaladas para los meses venideros. La situación no tiene fácil solución pero la Administración tendrá que empezar a plantearse el modo de ofrecer una alternativa a un conflicto que deja de ser particular para convertirse en un problema social.