Justicia: ¿una huelga providencial?
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
Antonio Papell
La huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferidos a las comunidades autónomas, que es el resultado de un agravio retributivo que a su vez es consecuencia de una pésima descentralización y de una consciente y dolosa falta de armonización del conjunto, ha servido al menos para llamar la atención de los administrados sobre la situación insostenible de la Justicia en este país. A obtener esta lamentable conclusión ha contribuido también decisivamente la trágica muerte de la niña Mari Luz a manos de un degenerado por la desidia de un juez que olvidó encarcelar al criminal tras una condena.
Es ley natural que quien ostenta el poder político y quien aspira a ostentarlo es decir, tanto el gobierno como la oposición- están mucho más interesados en reforzarse y en dotarse de medios que en potenciar el poder judicial, que es precisamente el encargado de controlar jurídicamente al poder político y de proteger los derechos de los ciudadanos frente a los excesos de aquél. Esta perversión de la democracia es conocida de antiguo, y contra ella sólo existen unos antídotos bien concretos: la reclamación incesante de recursos humanos y de medios materiales por parte de los jueces, y la presión social a favor de una Justicia suficiente y eficaz.
En nuestro país, donde el sostenimiento material de la Justicia esta a caballo del poder ejecutivo el Ministerio de Justicia y las consejerías de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia- y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que gobierna y administra con plena autonomía-, no se ha podido o no se ha sabido diseñar una verdadera administración judicial competente y moderna. El CGPJ, absolutamente politizado, ha sido incapaz de dar preferencia a su tarea de gestión y puesta en pie de una Justicia cabal y preparada para cumplir las elevadas funciones constitucionales que tiene atribuidas. Las energías se han consumido en querellas estériles y no en planes de organización eficaces. Por añadidura, todo indica que no ha sido por falta de recursos el número relativo de jueces en España en relación a la población es muy semejante al de los grandes países de la UE- sino por pura y simple desidia. Soledad Gallego-Díaz aportaba ayer algunos datos relevantes: existe una Comisión de Informática en el CGPJ desde poco después del 2000, anterior a la Comisión de Organización y Modernización Judicial del 2004, pero aún no se dispone de un Punto Neutro, un nódulo central que vincule las redes judiciales de las comunidades autonómicas con el Ministerio de Justicia y con el propio CGPJ. Ni siquiera la Fiscalía tiene una red informática única. Y los secretarios judiciales reconocen en sus congresos la dificultad de informatizar los expedientes, lo que sugiere que muchos procedimientos no aparecen reflejados en soporte digital, por lo que muchos juzgados siguen siendo compartimentos estancos.
No es seguro acaba de publicar un importante trabajo en este sentido Vito Tanzi, citado por Fernando Fernández en ABC- que la descentralización aumente espontáneamente la calidad en la provisión de los servicios públicos, y de hecho así parece cuando se observa la catástrofe de la Justicia descentralizada. Pero puesto que la situación actual es ya irreversible, parece innegable la urgencia de poner en marcha las dos grandes iniciativas que podrían remediar el desastre con ciertas garantías: reformas estructurales que pongan coto a la politización del órgano de gobierno de los jueces y profesionalización del Consejo, mediante la formación de una estructura técnica, políticamente neutra, que modernice plenamente el sistema judicial hasta la completa interconexión de toda la gestión y la práctica desaparición del papel como soporte. Cuando está a punto de dejar de editarse materialmente el Boletín Oficial del Estado, que sólo existirá en su versión virtual, la contemplación de cualquier oficina judicial nos retrotrae a la prehistoria, a las irónicas novelas decimonónicas de Galdós o a los revulsivos artículos de Larra.
Conviene recordar, para evitar equívocos, que pese a las declaraciones de buenas intenciones, las grandes fuerzas políticas tenderán a no impulsar estos procesos por la razón antes apuntada: cuanto más fuerte sea el poder judicial, mayores serán los controles sobre la acción del Ejecutivo y más fuertes los derechos de los ciudadanos a la hora de reclamar. Así las cosas, la sociedad civil y sus plataformas mediáticas, los medios de comunicación, tienen el deber de estimular estas actuaciones, que son simplemente indispensables para que el Estado esté a la altura de los tiempos. No es razonable que, como recordaba también Gallego-Díaz, la Administración Tributaria o la Seguridad Social hayan conseguido informatizar completamente su actividad y su información, en tanto la oficinas judiciales continúen utilizando vetustas máquinas de escribir, verdaderas piezas de museo que hace tiempo habitan en las trastiendas de los anticuarios.
En nuestro país, donde el sostenimiento material de la Justicia esta a caballo del poder ejecutivo el Ministerio de Justicia y las consejerías de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia- y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que gobierna y administra con plena autonomía-, no se ha podido o no se ha sabido diseñar una verdadera administración judicial competente y moderna. El CGPJ, absolutamente politizado, ha sido incapaz de dar preferencia a su tarea de gestión y puesta en pie de una Justicia cabal y preparada para cumplir las elevadas funciones constitucionales que tiene atribuidas. Las energías se han consumido en querellas estériles y no en planes de organización eficaces. Por añadidura, todo indica que no ha sido por falta de recursos el número relativo de jueces en España en relación a la población es muy semejante al de los grandes países de la UE- sino por pura y simple desidia. Soledad Gallego-Díaz aportaba ayer algunos datos relevantes: existe una Comisión de Informática en el CGPJ desde poco después del 2000, anterior a la Comisión de Organización y Modernización Judicial del 2004, pero aún no se dispone de un Punto Neutro, un nódulo central que vincule las redes judiciales de las comunidades autonómicas con el Ministerio de Justicia y con el propio CGPJ. Ni siquiera la Fiscalía tiene una red informática única. Y los secretarios judiciales reconocen en sus congresos la dificultad de informatizar los expedientes, lo que sugiere que muchos procedimientos no aparecen reflejados en soporte digital, por lo que muchos juzgados siguen siendo compartimentos estancos.
No es seguro acaba de publicar un importante trabajo en este sentido Vito Tanzi, citado por Fernando Fernández en ABC- que la descentralización aumente espontáneamente la calidad en la provisión de los servicios públicos, y de hecho así parece cuando se observa la catástrofe de la Justicia descentralizada. Pero puesto que la situación actual es ya irreversible, parece innegable la urgencia de poner en marcha las dos grandes iniciativas que podrían remediar el desastre con ciertas garantías: reformas estructurales que pongan coto a la politización del órgano de gobierno de los jueces y profesionalización del Consejo, mediante la formación de una estructura técnica, políticamente neutra, que modernice plenamente el sistema judicial hasta la completa interconexión de toda la gestión y la práctica desaparición del papel como soporte. Cuando está a punto de dejar de editarse materialmente el Boletín Oficial del Estado, que sólo existirá en su versión virtual, la contemplación de cualquier oficina judicial nos retrotrae a la prehistoria, a las irónicas novelas decimonónicas de Galdós o a los revulsivos artículos de Larra.
Conviene recordar, para evitar equívocos, que pese a las declaraciones de buenas intenciones, las grandes fuerzas políticas tenderán a no impulsar estos procesos por la razón antes apuntada: cuanto más fuerte sea el poder judicial, mayores serán los controles sobre la acción del Ejecutivo y más fuertes los derechos de los ciudadanos a la hora de reclamar. Así las cosas, la sociedad civil y sus plataformas mediáticas, los medios de comunicación, tienen el deber de estimular estas actuaciones, que son simplemente indispensables para que el Estado esté a la altura de los tiempos. No es razonable que, como recordaba también Gallego-Díaz, la Administración Tributaria o la Seguridad Social hayan conseguido informatizar completamente su actividad y su información, en tanto la oficinas judiciales continúen utilizando vetustas máquinas de escribir, verdaderas piezas de museo que hace tiempo habitan en las trastiendas de los anticuarios.