Kosovo y nosotros

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

ANTONIO PAPELL
La controvertida independencia de Kosovo, que ha de atribuirse sobre todo a la errática e irracional política internacional de la Administración Bush, principal patrocinadora de la medida, y que no hace sino demostrar la crónica debilidad de la ONU y la frágil inconsistencia de la Unión Europea, ha llenado de indisimulada satisfacción a nuestros nacionalismos autóctonos, pero podría tener para ellos consecuencias muy negativas si los demagogos de los ‘derechos de los pueblos’ no administran la evidencia con racionalidad.
En efecto, la secesión de Kosovo es un hecho absolutamente singular cuyos fundamentos son indiscutiblemente de carácter étnico y que no se entendería si no se considerase la historia reciente de la región balcánica en general y de este territorio en particular. Produce cierto sonrojo tener que recordar que la independencia hunde sus raíces en la sangrienta descomposición de la antigua Yugoslavia y muy especialmente en la guerra de 1999, en la que el sátrapa serbio Milosevic, después de haber arrebatado la autonomía a los kosovares –que ya eran en su mayor parte de etnia albanesa-, emprendió una genocida limpieza étnica que tuvo que ser abortada por la comunidad occidental –la OTAN tomó aquella bandera- mediante el bombardeo de Serbia hasta la rendición del dictador.
Desde entonces, y en virtud de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU, 16.000 soldados de la OTAN –entre ellos, un importante contingente español- mantienen la paz. Por supuesto, no está claro qué ocurrirá si los 120.000 serbio kosovares que viven en Mitrovica –una ciudad dividida- y más al norte deciden mantenerse vinculados a Serbia. En cualquier caso, este pequeño Estado de las dimensiones de Asturias –algo más de 10.000 kilómetros cuadrados- y de 2,2 millones de habitantes, en un 90% de origen albanés, es absolutamente inviable, y de ahí la tutela que ejercerá la UE, que encontrará grandes dificultades para levantar un verdadero Estado autosuficiente a partir de una región misérrima en la que dos terceras partes de la población está en paro y sobrevive como puede (mediante el tráfico de drogas por ejemplo: el enclave es el corazón actual de este negocio en Centroeuropa).
En definitiva, si se contempla esta segregación en su contexto y se reconoce que el Plan Ahtisaari que ha servido de pauta ha conducido a la secesión como un verdadero mal menor, tras los genocidios regionales que han estremecido a todo el mundo, se llegará a la conclusión de que sólo una visión cínica e hipócrita puede considerar la independencia de Kosovo como “un ejemplo y una lección”. Ejemplo, primero, de que los conflictos “de identidad y pertenencia” se pueden resolver en las sociedades modernas de forma “pacífica y democrática”. Y ejemplo también de la “vigencia del derecho democrático a la libre determinación plasmado en la legislación internacional” (Miren Azkarate, portavoz del Gobierno vasco, en unas declaraciones del pasado domingo). La excepcionalidad y la singularidad de la independencia kosovar son tan notorias y estridentes que sólo desde la mala fe se puede considerar esta polémica medida como el resultado natural y pacífico de la aplicación de un derecho incontrovertido.
Decir todas estas cosas produce un cansancio infinito, sobre todo porque los nacionalismos periféricos de este país son inasequibles al desaliento y no cejarán jamás en el recurso a la demagogia. Y como por añadidura las encuestas confirman que, de no mediar el buen sentido de la mayoría del cuerpo electoral, deberemos soportar al menos cuatro años más las marrullerías particularistas de esos demócratas de pacotilla que anteponen unos dudosos derechos colectivos a los derechos humanos más concretos, ese cansancio se troca inevitablemente en irritación y en crispación.
Porque esos nacionalistas no deberían olvidar que la Constitución de 1978 y la Ley Electoral que de ella emana (aunque, en realidad, las grandes reglas electorales se perfilaron antes de la promulgación de la Carta Magna) otorgan a las minorías nacionalistas la eminencia que tienen confiando en su lealtad al pacto convivencial y político de la Transición. Pero si este pacto es traicionado –y hay indicios claros de que lo está siendo-, no quedará más remedio que acometer las reformas necesarias para evitar que las ‘bisagras’ particularistas aprovechen su poder sobredimensionado para destruir el Estado.
Bien es cierto que, con frecuencia, la principal responsabilidad de que estas minorías impongan sus tesis corresponde a los grandes partidos, más empeñados en disputarse la primacía que en fortalecer las instituciones. En cualquier caso, sería muy deseable que PP y PSOE se percataran del colosal hartazgo que sentimos una parte muy notable del electorado ante el presagio de que de nuevo habrá que asistir a esa subasta innoble en que se convierten en estos casos los prolegómenos de la investidura presidencial.