La bronca del tabaco

En contra de lo que pudiera parecer, no somos pioneros en el mundo en una regulación estrecha del tabaco. Hace muchos años que no se puede fumar en ningún punto de los aeropuertos norteamericanos ni en los lugares públicos de ese país y del Reino Unido. Y la transición se hizo sin discusión, porque existe un consenso básico de respeto a la ley y que el derecho a la salud prima sobre el derecho a fumar. En España hemos tardado mucho tiempo en hacer prevalecer el derecho a la salud de quienes no fuman sobre el derecho a fumar de quienes lo hacen. Y ahora, las amenazas de insumisión, las agresiones y el cuestionamiento de la legitimidad de la ley se adoba con todo tipo de razones. Algunas tienen fundamento transitorio: es cierto que algunos establecimientos de restauración y gastronomía pueden sufrir momentáneamente las consecuencias colaterales de la ley. Pero sólo será hasta que la sociedad asuma su vigencia y los fumadores que quieran seguir siéndolo se acostumbrarán a hacerlo en sus ámbitos privados. Lo que no es de recibo es que una norma que está socialmente asentada en todo el mundo civilizado sea utilizada aquí como un elemento de agresión al estado de derecho, de reto a la legitimidad de la soberanía popular y que encima se utilicen comparaciones tan indignantes como las que se han hecho sobre la persecución de los judíos por el III Reich. Es cierto que la ley del tabaco va a promover un cambio de costumbres sociales. Para unos, para la mayoría que no fuma, se establece la protección de su salud. Para otros, se les priva del placer de poder fumar en lugares de reunión contaminando el aire y dando satisfacción a su deseo de perjudicar su salud e indirectamente la de los demás. Es normal que estén disgustados. Pero es inaceptable la posibilidad de la insumisión y la rebeldía contra una norma que protege el derecho a la salud de todos los ciudadanos.