La CES, CCOO y UGT exigen un cambio de rumbo de la política
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su reciente Congreso celebrado en Atenas, ha convocado a los trabajadores y trabajadoras europeos a participar en una nueva movilización sindical. El motivo general del llamamiento es la expresión del rechazo a las políticas económicas y sociales, impulsadas o impuestas por las instituciones de la Unión Europea, y la exigencia de un radical cambio de rumbo de las mismas en el incipiente gobierno económico de la UE.
Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario acompañadas de las llamadas reformas estructurales, iniciadas en mayo de 2010 y que van a ser consagradas en el Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, no sólo son profundamente injustas, al hacer recaer todo el coste de la crisis sobre los trabajadores y las clases medias, sino que, además, son erróneas: han fracaso estrepitosamente en su propósito de poner fin a la crisis de las deudas soberanas de varios países (véase la situación actual y las perspectivas de Grecia, Irlanda y Portugal) y, en aquellos Estados miembros que las han aplicado con mayor rigor, como España, el resultado ha sido el mantenimiento o la recaída en la recesión y el fuerte aumento del desempleo.
La política que rechazamos parte del error de tener un único objetivo reducir déficits y deudas públicas-, limitarse a ello en el peor momento antes de la recuperación del crecimiento- y pretender alcanzarlo en un plazo de tiempo muy corto-2013-. Peores son los medios, que están produciendo un aumento de la pobreza y la desigualdad social en casi todos los países europeos: reducir y congelar salarios y pensiones, recortar fuertemente las inversiones públicas y las prestaciones sociales, aumentar sólo los impuestos indirectos y reformar la negociación colectiva en el sentido de debilitar su fuerza normativa, en particular la de los convenios sectoriales, maximizar la flexibilidad sin seguridad y debilitar la capacidad contractual de los sindicatos. Nunca en la historia de la UE se habían promovido desde sus principales instituciones Consejo, Comisión y Banco Central Europeo- unas políticas de signo tan conservador y ultraliberal.
Nunca se había pretendido, en tan gran número de países, establecer simultáneamente tantas medidas que deterioran prestaciones e instituciones básicas de sus Estados de bienestar. Nunca hasta ahora se había utilizado la necesidad de financiación pública de los gobiernos nacionales para imponer políticas reaccionarias en campos en los que la UE no tiene competencias: políticas sociales, salarios y negociación colectiva. Estas y otras decisiones políticas, como las que afectan a las migraciones, están fomentando el alejamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas, fomentando el nacionalismo, la insolidaridad y la quiebra de la cohesión social y entre los Estados y, con todo ello, poniendo en serio riesgo el propio proyecto de integración, económica y política, de la UE. UGT y CC OO han tenido que enfrentarse a la negativa influencia de la política económica y laboral de la UE en el diálogo social en España.
El pasado año contribuyó al fracaso de la negociación sobre la reforma del mercado laboral y a los negativos contenidos de lo decretado por el Gobierno en esta materia, que llevaron a convocar la Huelga General del 29 de septiembre y, ahora, a promover la Iniciativa Legislativa Popular para rectificar lo promulgado. En estos días, las orientaciones del Pacto por el euro y las condiciones del plan de ajuste para el rescate financiero de Portugal han contribuido a que la patronal española, la CEOE, se desdijera de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación e hiciera fracasar las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva.
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