La Constitución de 1931, 90 aniversario
En definitiva, la Constitución de 1931, vigente muy pocos años, tuvo la gloria y la tragedia de intentar el cambio social y el progreso, pero la intolerancia y el sectarismo primaron sobre la concordia y el pacto.
El 9 de diciembre de 2021 se cumplieron 90 años de la aprobación de la Constitución de 1931, nacida con vocación reformista y convertida finalmente en radical, con Azaña como principal protagonista en los debates parlamentarios.
Después de la creación de la Comisión Parlamentaria, el proyecto de Constitución comenzó su andadura el 18 de agosto, y su discusión a partir del 27 de agosto de 1931.
En la apertura de las Cortes Constituyentes se expresó una llamada de atención: “el problema más urgente que ha de resolver la nueva Constitución es el de la convivencia”; sin embargo, desde comienzos de los debates parlamentarios en las Cortes, dos tendencias antagonistas se enfrentarían en un ejercicio permanente de apropiación partidista de la Constitución.
Entre los protagonistas de aquel momento histórico destaca Manuel Azaña, personalidad compleja caracterizada por la intransigencia con todo aquel que no estaba de acuerdo con sus actuaciones. Ya desde el verano de 1931 se producen acontecimientos tales como la dimisión de Ossorio y Gallardo, democristiano, como Presidente de la Comisión Jurídica asesora de la República. En las Cortes Constituyentes se formó otra Comisión paralela presidida por Jiménez de Asúa, profesor de Derecho Penal, socialista, quien, en su Discurso presentando el proyecto de Constitución, afirmó: “Hacemos una Constitución de izquierdas, nuestro proyecto de Constitución es una obra conservadora, conservadora de la República”.
Mal comienzo para una Constitución, con promesas de grandes transformaciones en una sociedad como la española, que reclamaba una modernización económica, social y cultural. El nuevo régimen republicano había aprobado, además de una bandera distinta, la tricolor, en abril de 1931, la Ley de Defensa de la República, y en octubre del mismo año, la Ley de Orden Público, así como la ley de Vagos y Maleantes. Eran leyes represivas ante la difícil situación de desórdenes públicos que mermaron la libertad de expresión y las libertades en general, señas de identidad de la joven República.
Los graves sucesos del asalto y la quema de iglesias y conventos, la ocupación de palacios de la nobleza y las residencias de la burguesía, así como la incautación de obras de arte en Madrid y provincias ya desde mayo de 1931, evidenciaron la falta de experiencia política del gobierno provisional al abordar este problema.
No menos grave fue la postura demagógica y de falta de tacto político del ministro de la guerra Manuel Azaña, quien amenazó con dimitir si se hería un solo republicano a causa de la quema de iglesias. Esta postura de Azaña inmovilizó la acción del gobierno republicano, que en lo sucesivo estuvo a merced de los vaivenes de algunos políticos, sin posibilidad de un actuación independiente y decidida.
Las jornadas parlamentarias de octubre de 1931 marcaron con fuego toda la vida posterior del sistema republicano español, que convirtió “el llamado problema religioso” en la punta de lanza de su ideario político. Aquél primer propósito de separación Iglesia-Estado, se desvaneció y se convirtió en un laicismo agresivo, cargado de anticlericalismo.
Azaña, en la noche del 13 al 15 de octubre de 1931 selló un hito definitivo en la vida de la República con el famoso Discurso en el que afirmaba que: “España ha dejado de ser católica”, y que la religión debía ser relegada al ámbito privado de las conciencias, sin permitir el libre ejercicio del culto. El Artículo 26 establecía que: “todas las confesiones religiosas serán consideradas Asociaciones, y se suprime todo apoyo económico”, el Artículo 27: “las manifestaciones públicas del culto quedan sujetas a la autorización previa”.
Se evidenció que la nueva Constitución no respetaba la libertad religiosa, característica de un Estado democrático. Alcalá Zamora y Maura denunciaron la aprobación de estos artículos, y dimitieron del Gobierno Provisional. En cuanto a la Iglesia española, en los primeros momentos apoyó al nuevo régimen pero pronto surgieron los desencuentros, véase Alfonso Botti: Con la tercera España. Luigui Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil Española.
Ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, surgió como inevitable el movimiento revisionista de la Constitución, que se manifestó en primer lugar dirigido por Gil Robles y El Debate, y en segundo, protagonizado por el bienio lerrouxista-cedista contra-reformista.
Recordemos que el mismo Azaña ya reconoció esta falta de acuerdo: …”a la hora de nacer, la Constitución misma nos divide”. En definitiva, la Constitución de 1931, vigente muy pocos años, tuvo la gloria y la tragedia de intentar el cambio social y el progreso, pero la intolerancia y el sectarismo primaron sobre la concordia y el pacto.