01/10/2010 / 09:45
Hemeroteca


La gran subasta


De momento, PP y PSOE están compitiendo en el terreno vidrioso de las promesas, como si los ciudadanos no tuviéramos memoria
Antonio Papell
Las campañas electorales que preceden a los hitos electorales consustanciales con la idea democrática no son etapas excepcionales ni mucho menos patológicas del proceso político sino elementos plenamente normales de los ciclos de renovación institucional.
En tales campañas, las formaciones políticas exhiben sus logros, formulan sus proyectos y recurren a diversas estrategias de seducción para atraer al electorado. El éxito o el fracaso de tal designio depende de muchos factores, y particularmente de la calidad de la oferta programática, del sentido de la oportunidad de las propuestas y –sobre todo- de este ingrediente tan subjetivo como codiciado que es la credibilidad.
En esta ocasión, el fragor de la precampaña cuando estamos seis semanas de las elecciones generales coincide con los turbiones de una inconcreta crisis económica que, como es habitual en estos casos, no es fácil de evaluar ni de precisar (si la conociéramos bien, podríamos eludirla). De hecho, a principios de la semana pasada todos los analistas internacionales consideraban inevitable la recesión en los Estados Unidos, y apenas tres días después habían variado de criterio y ya consideraban posible reducir el problema a dimensiones manejables. De estos cambios súbitos de humor y de expectativas cabe deducir la gran evidencia: que estamos sumidos en una tremenda incertidumbre, que se ha hecho bien patente en la reunión de Davos: los optimistas cohabitan con los pesimistas en una gran ceremonia de confusión.
Así las cosas, cuando el BCE está a la expectativa de qué hacer con los tipos de interés y nuestro país ha de aprestarse a capear la crisis general tras haberse producido inoportunamente el súbito enfriamiento del sector construcción, la receta más sensata es la de la prudencia. Aun sin apelar a la famosa máxima ignaciana –aquella que recomienda que en tiempos de tribulación no se hagan mudanzas-, es evidente que las escasas armas de política económica de que aún disponen los Estados de la Unión Europea han de manejarse con sumo cuidado en estas etapas convulsas, a medida de que se disponga de datos fiables que permitan enclavar la coyuntura.
Pero la prudencia debe ser incompatible con la agresividad de las campañas electorales, de forma que, en vez de disponerse los agentes económicos a actuar con madurez y cautela, estamos todos asistiendo a una gran subasta fiscal, entreverada con declaraciones de intenciones sin fundamento ya que no hay certeza alguna sobre la evolución de los grandes números macroeconómicos ni siquiera a corto plazo (y mucho menos a medio y a largo plazo).

De momento, PP y PSOE están compitiendo en el terreno vidrioso de las promesas –2,2 millones de empleos promete el PP en la legislatura, por 2 millones el PSOE-, como si los ciudadanos no tuviéramos memoria y no fuéramos por tanto capaces de recordar la inutilidad de tales proyecciones voluntaristas, que nadie puede garantizar. Asimismo, se anuncian subidas de pensiones y subsidios, que podrán o no formalizarse según sea la coyuntura real. Y en el terreno de la fiscalidad, la competencia ya no es sólo cuantitativa sino también cualitativa. En efecto, el PP ha prometido –y está a punto de concretar- una rebaja del IRPF que exoneraría del impuesto a las rentas inferiores a 16.000 euros, en tanto el PSOE supeditará la cuantía de la reducción a la evolución de las circunstancias y a la posibilidad de compatibilizarla con el mantenimiento del Estado de Bienestar, pero ya Rodríguez Zapatero, con oportunismo, ha anunciado una medida “estrella”: un cheque de 400 euros a todos los contribuyentes por el IRPF.
Existe práctico consenso en que el mejor antídoto contra la crisis general, y la consiguiente falta de liquidez que retrae el consumo, consiste en poner nuevos recursos en manos de las clases medias para estimular la demanda. En los Estados Unidos, está a punto de cuajar un acuerdo entre Bush y el Congreso para distribuir un cheque semejante al español. Nada hay, pues, que objetar a la medida, que va en la dirección adecuada. Pero resulta sencillamente grotesco que se pretenda convencer a la opinión pública de que se trata de una actuación “progresista” (no es ni progresista ni reaccionaria) o de que forma parte de una sesuda estrategia fiscal. El cheque-regalo, si se consuma, representará la puesta a disposición del público, por una sola vez y sin que sirva de precedente, de unos recursos equivalentes a casi un 1% del PIB (unos 5.000 millones de euros), posible gracias al superávit acumulado. Pero es una medida terapéutica excepcional, de emergencia, con bien escaso significado político.
En definitiva, se echa en falta que las fuerzas políticas no incidan en medidas de modernización de nuestro sistema económico –las propuestas de Attali a Sarkozy son magníficas en algunos aspectos-, ni en la necesidad inexorable de incrementar la productividad –mediante inversiones adicionales en educación y en I+D-, y en cambio se extiendan inútilmente en previsiones fiscales que, a la postre, dependerán de la coyuntura internacional. El resumen de este despliegue electoralista es claro: sobra demagogia y falta rigor.

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