La hora de la política

Declarar el estado de alarma es una confesión de impotencia política. Porque la política, la negociación política es lo que ha fallado para que se haya llegado a una huelga salvaje por parte de los controladores y una respuesta "manu militiari" por parte del Gobierno. Vaya por delante que la huelga salvaje de los contraladores no tiene justificación, que una cosa es defender y reivindicar derechos y otra muy diferente paralizar el espacio aéreo de un país en vísperas del "puente" más largo del año. Pero si el Gobierno sabía que algo así se podía producir ¿por qué no actuó antes? ¿Por qué aguardó hasta que el conflicto estalló? ¿Querían dar una muestra de fortaleza, de que con ellos no se juega? En cualquier caso, chirría que se declare el estado de alarma para resolver un conflicto laboral. ¿Qué pasará si de repente otro colectivo declara una huelga que afecte a los ciudadanos tanto como la de los controladores? ¿Piensa el Gobierno militarizar a todos los estamentos laborales cada vez que estalle un conflicto que no sepa cómo resolver? En mi opinión, el "estado de alarma" no debería de utilizarse para conflictos laborales aunque sean conflictos tan salvajes como el provocado por los controladores. Pienso que un Gobierno tiene instrumentos y margen para actuar sin llegar ya digo a decretar el estado de alarma. Por otra parte, se está criminalizando la actitud de los controladores como si fueran los peores delincuentes, sabiendo que el Gobierno va a encontrar el aplauso de la opinión pública indignada, con razón, con el comportamiento impresentable e injustificable de este colectivo. En mi opinión, la mayoría de los conflictos son poliedricos, es decir que las cosas no son tan simples como para trazar una línea entre buenos y malos pero, ahora mismo, el Gobierno, aprovechando el enfado de los ciudadanos, pretende trazar una línea donde a un lado están los controladores, a los que se despoja de cualquier atisbo de razón, y en el otro el resto, aunque es difícil poder darles aunque sea un gramo de razón habida cuenta su actitud desproporcionada, chulesca, y claramente intimidatoria, echando un pulso al Estado y a los ciudadanos. Es decir, ellos mismos echaron piedras contra su causa. También me sorprende la campaña contra lo que ganan los controladores. Doscientos mil euros es mucho dinero, sí, es cierto, pero no es más del que ganan algunos "periodistas estrella", presentadores de programas de radio y televisión u otros muchos profesionales liberales, por no hablar de consejeros de banco y de grandes empresas, etc, etc, etc, que ganan mucho más que los controladores y que, sin embargo, se escandalizan por esos doscientos mil euros. Yo no sé si los controladores ganan mucho o poco, depende de cómo juzguemos que es la responsabilidad de su trabajo, que a mí me parece mucha. Como me parece mucha la de un cirujano o la de un bombero. A lo mejor, los controladores tienen la suerte de estar bien pagados frente a otros colectivos que no lo están, pero el problema no es que ellos cobren más, sino lo poco que cobran otros. Pero en este país es muy fácil azuzar contra quien gana dinero convirtiéndole en sospechoso de no se sabe qué. Pero eso sí, quienes azuzan se olvidan de apuntar a quienes de verdad lo ganan no por la vía del trabajo y del esfuerzo, sino de la especulación. A esos ni nombrarlos. También parece que el hecho de que los controladores cobren un buen sueldo les resta tener derechos laborales. Ya digo que me parece que los controladores han actuado de manera imperdonable, que las declaraciones de algunos controladores, y lo que han escrito en sus blogs es de juzgado de guardia, y por tanto deben de recibir un correctivo por lo que han hecho y los tribunales tendrán que decidir en qué consiste esa pena, pero también me parece que el Gobierno tiene que explicar, porque no lo ha explicado, por qué ha sido incapaz en los últimos seis años de arreglar de una vez por todas el problema de los controladores. Lo deseable sería que la política, en el mejor sentido de la palabra, volviera a funcionar, es decir que el Gobierno y los representantes de los controladores se sienten a hablar, y sean capaces de llegar a un acuerdo. Los conflictos laborales se resuelven con instrumentos políticos, no declarando el estado de alarma. En cuanto a los controladores, alguien debe de poner el cascabel al gato, y el cascabel no es otro que procurar ampliar el número de controladores y que esa profesión no sea un coto cerrado en manos de unos pocos, además de poner en marcha otros recursos para que nunca más un colectivo provoque el caos que provocaron los controladores. José Blanco tiene suficiente mano izquierda para dar la vuelta a la situación y arreglar el conflicto, es una cuestión de voluntad política, pero sería deseable que el ministro, de una vez para siempre, deje arreglado el problema de un colectivo que sus reivindicaciones laborales se terminan convirtiendo en chantaje a los ciudadanos. Pero eso sí, para arreglar el conflicto no es necesario "manu militari". Sólo mano política .