La legislatura de la estabilidad
01/10/2010 - 09:45
Antonio Papell
La solemne inauguración de la legislatura, celebrada con la vistosa escenografía ya consagrada por la experiencia, supone en la práctica el inicio de la rutina política del cuatrienio, que en esta ocasión se ha desarrollado con plena normalidad, sin las zozobras ni las angustias de la vez anterior, cuando aún no habíamos acabado de digerir la gran tragedia del 11-M que acababa de golpearnos ni en otro orden de magnitud- la inesperada alternancia política que había trastocado todas las previsiones.
En esta ocasión, tras una legislatura extraordinariamente crispada y convulsa en que el panorama ha padecido la enemistad visceral entre poder y oposición y en que la mayoría estaba formada por un partido socialista que necesitaba relevantes apoyos externos, el paisaje es completamente distinto: en un marco de inquietante incertidumbres económicas, la mayoría política surgida de las urnas, considerablemente reforzada, tratará de estabilizar sus propias reformas, en tanto la oposición, que experimenta la crisis natural tras una nueva derrota, intentará recomponer la figura y adoptar esta vez una estrategia más constructiva que le otorgue respetabilidad, credibilidad y posibilidades de aspirar con cierto fundamento al poder dentro de cuatro años.
Desde su llegada al Gobierno en 2004, Rodríguez Zapatero ha madurado mucho. Su reciente discurso de investidura ha sido objetivamente y a juicio no sólo de sus partidarios sino de los analistas más acreditadamente independientes- una pieza muy sólida política e intelectualmente. Y el jefe del Ejecutivo tiene en su haber una obra de gobierno muy relevante que, por lo osada, ha generado vehementes adhesiones y críticas extraordinariamente airadas. Los cambios de índole ideológica o social, que también han sido los más polémicos Ley de Igualdad, Ley de Dependencia, matrimonio entre homosexuales- ya son irreversibles puesto que, como ocurrió con otros avances ya antiguos divorcio o aborto-, la sociedad no toleraría un retroceso reaccionario. Sí se echa en falta en cambio unas ciertas dosis de consenso sobrevenido en las actuaciones de modernización jurídica e institucional del Estado. Y es este objetivo el que debería perseguirse primordialmente en esta legislatura, en la que habrá que actuar además con gran austeridad presupuestaria por las dificultades materiales de la coyuntura. El cuatrienio que se inauguró oficialmente ayer debería ser, pues, el de la estabilización de las reformas estructurales ya emprendidas, muy especialmente la territorial, y el de la generación de acuerdos en los grandes temas de Estado de forma que se produzca asimismo la estabilización del régimen: urgen los consensos antiterrorista, sobre política exterior, para la reforma de la Justicia, etc.
Asimismo, habría que empezar a pensar en la conveniencia de emprender la reforma constitucional, si realmente consigue pacificar definitivamente la reforma territorial, de forma que el Estado autonómico definitivo pudiera plasmarse ya en la Carta Magna (sobre todo, la redefinición del Senado como verdadera cámara de representación territorial).
Es evidente que las relaciones PP-PSOE habrán de supeditarse a las vicisitudes internas del principal partido de la oposición, que está reencontrándose consigo mismo después de la adversidad del 9-M. El congreso de junio debería servir para cerrar las heridas y para resolver las tensiones internas, que si son muy saludables en estas vísperas congresuales, resultarían como siemprealtamente destructivas si continuaran después. En este sentido, sería mucho más tranquilizador que todos los aspirantes con fundamento a dirigir el partido salieran con claridad a la palestra para que fuesen las bases las que otorgaran la preferencia y la plena legitimidad. Nada habría más perturbador para el PP e, indirectamente, para la estabilidad que resultaría deseable- que un congreso popular mal cerrado que abriese en lugar de cerrar las pugnas internas por el liderazgo.
Es evidente, por último, que este país ha de acometer en el inmediato futuro una renovación socioeconómica profunda que nos permita acortar en lo posible la crisis de crecimiento y modernizar el modelo de desarrollo. La puesta en marcha de tales designios, que pasan por la conquista de competitividad industrial, requiere sobre todo un clima de concertación social, que ya parece asegurado, pero también una cierta relajación política. Una relajación que no significa que el PP haya de abdicar de su obligada oposición sino que el principal partido de la oposición aproveche la oportunidad de elaborar con serenidad sus opciones alternativas con las que disputar la preferencias sociales dentro de cuatro años. Ello nos beneficiaría a todos los ciudadanos, más preocupados en esta hora por la supervivencia material que por la tonalidad ideológica de nuestros representantes.
Desde su llegada al Gobierno en 2004, Rodríguez Zapatero ha madurado mucho. Su reciente discurso de investidura ha sido objetivamente y a juicio no sólo de sus partidarios sino de los analistas más acreditadamente independientes- una pieza muy sólida política e intelectualmente. Y el jefe del Ejecutivo tiene en su haber una obra de gobierno muy relevante que, por lo osada, ha generado vehementes adhesiones y críticas extraordinariamente airadas. Los cambios de índole ideológica o social, que también han sido los más polémicos Ley de Igualdad, Ley de Dependencia, matrimonio entre homosexuales- ya son irreversibles puesto que, como ocurrió con otros avances ya antiguos divorcio o aborto-, la sociedad no toleraría un retroceso reaccionario. Sí se echa en falta en cambio unas ciertas dosis de consenso sobrevenido en las actuaciones de modernización jurídica e institucional del Estado. Y es este objetivo el que debería perseguirse primordialmente en esta legislatura, en la que habrá que actuar además con gran austeridad presupuestaria por las dificultades materiales de la coyuntura. El cuatrienio que se inauguró oficialmente ayer debería ser, pues, el de la estabilización de las reformas estructurales ya emprendidas, muy especialmente la territorial, y el de la generación de acuerdos en los grandes temas de Estado de forma que se produzca asimismo la estabilización del régimen: urgen los consensos antiterrorista, sobre política exterior, para la reforma de la Justicia, etc.
Asimismo, habría que empezar a pensar en la conveniencia de emprender la reforma constitucional, si realmente consigue pacificar definitivamente la reforma territorial, de forma que el Estado autonómico definitivo pudiera plasmarse ya en la Carta Magna (sobre todo, la redefinición del Senado como verdadera cámara de representación territorial).
Es evidente que las relaciones PP-PSOE habrán de supeditarse a las vicisitudes internas del principal partido de la oposición, que está reencontrándose consigo mismo después de la adversidad del 9-M. El congreso de junio debería servir para cerrar las heridas y para resolver las tensiones internas, que si son muy saludables en estas vísperas congresuales, resultarían como siemprealtamente destructivas si continuaran después. En este sentido, sería mucho más tranquilizador que todos los aspirantes con fundamento a dirigir el partido salieran con claridad a la palestra para que fuesen las bases las que otorgaran la preferencia y la plena legitimidad. Nada habría más perturbador para el PP e, indirectamente, para la estabilidad que resultaría deseable- que un congreso popular mal cerrado que abriese en lugar de cerrar las pugnas internas por el liderazgo.
Es evidente, por último, que este país ha de acometer en el inmediato futuro una renovación socioeconómica profunda que nos permita acortar en lo posible la crisis de crecimiento y modernizar el modelo de desarrollo. La puesta en marcha de tales designios, que pasan por la conquista de competitividad industrial, requiere sobre todo un clima de concertación social, que ya parece asegurado, pero también una cierta relajación política. Una relajación que no significa que el PP haya de abdicar de su obligada oposición sino que el principal partido de la oposición aproveche la oportunidad de elaborar con serenidad sus opciones alternativas con las que disputar la preferencias sociales dentro de cuatro años. Ello nos beneficiaría a todos los ciudadanos, más preocupados en esta hora por la supervivencia material que por la tonalidad ideológica de nuestros representantes.