La Ley de Educación de Castilla-La Mancha

Es un modo de dejar patente que con la educación no se juega y que, gobierne, quien gobierne, su relevancia debe ser la apropiada para un sistema que forma a los futuros castellano-manchegos. De hecho, la ley de Educación supondrá una mejora en la competitividad de la región, al tiempo que garantizará que todos los que quieran estudiar puedan hacerlo independientemente de sus condiciones económicas. Además de asegurar la financiación, el texto define como derechos los logros que se han conseguido en los últimos diez años de competencias autonómicas como la gratuidad de libros de texto, el modelo de orientación para los centros de Infantil y Primaria, o la gratuidad del transporte escolar en las etapas post-obligatorias. Pero, también, viene a consolidar el desarrollo alcanzando en la última década en la que se ha triplicado el presupuesto en Educación, se han construido 220 nuevos centros educativos y se han ampliado 500, destinando más de 1.000 millones de euros a infraestructuras educativas. Pero más allá de las virtudes de esta ley está el cómo se ha elaborado, a través del consenso. Durante dos años se ha fomentado el diálogo con todos los colectivos implicados en el sector educativo que han derivado en más de 6.000 aportaciones. Ahora sólo queda que esta ley también consiga el beneplácito del PP cuando se debata en las Cortes de Castilla-La Mancha, aunque, visto lo visto, la empresa se presenta difícil.