La ley de la discordia

Todas estas premisas se han convertido en ley según refrendó, hace unos días, el Parlamento Europeo, que aprobó sin enmiendas la llamada directiva de retorno de los inmigrantes, que pretende armonizar las distintas políticas sobre inmigración ilegal de los países miembros. La polémica está servida. Una cosa es considerar la inmigración un delito y otra ordenar los flujos respetando los derechos humanos. Hay que reconocer el derecho de los estados y entre ellos el español a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero habría que plantearse si eso se puede hacer a costa de socavar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Habría que hacer memoria histórica y recordar cómo España fue paradigma del colonialismo europeo que conquistó otros continentes e importó recursos minerales determinantes en su desarrollo. No se puede echar, sin más, a las personas que han llegado aquí en busca de horizontes más dignos. El problema está en la base. No haber contado con políticas adecuadas de integración se antoja la clave para entender la situación actual. Como ayer apuntaba el obispo de Sigüenza-Guadalajara es necesario un modelo que garantice un trato justo para los inmigrantes sin papeles. Aunque con leyes como la aprobada por Europa se pone de manifiesto que queda mucho camino por recorrer para conseguir una verdadera igualdad.