La objeción de conciencia en la ciudadanía
01/10/2010 - 09:45
EL HALCÓN
JOSÉ CAVERO
PERIODISTA
Finalmente, tras una muy larga espera, durante la cual los distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos se han ido decantando a favor o en contra, se espera que el Tribunal Supremo resuelva varios recursos de casación en materia de objeción de conciencia frente a la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía, sobre la que también se han ido definiendo colegios, organizaciones de enseñantes, asociaciones de padres, obispos y ciudadanos en general:
A unos les ha parecido una asignatura elemental e imprescindible, mientras a otros les resulta una palpable demostración de hasta qué punto un Gobierno de ideología laica, cuando no anticristiana, intenta adoctrinar a las nuevas generaciones con planteamientos ideológicos que no corresponden al Estado, sino exclusivamente a las familias. No es menos cierto que quienes promueven estas posiciones parece probable que sostengan posiciones muy próximas al conservadurismo religioso, y en todo caso, nunca han tenido la iniciativa de preocuparse por los valores que, a su vez, y durante décadas y décadas, han proporcionado a las nuevas generaciones los colegios de curas, o colegios de inspiración en pensamientos religiosos.
Desde hace tiempo se ha venido especulando sobre lo que, finalmente, diría el Supremo en una materia que ha forzado a pronunciarse a tribunales Superiores y a los opinantes de todas las clases, a favor o en contra. ¿El Supremo se pronunciará a favor de esa objeción de conciencia que unos cuantos miles de alumnos y padres han reclamado, o recordará, sencillamente, el derecho que tiene el Estado para determinar las materias de enseñanza obligatoria para todos los chavales en edad escolar. Repetidamente se ha advertido que abrir el paso a la objeción de conciencia en esta materia pudiera abrir el paso a otras actitudes similares contra normas y disciplinas que pudieran no satisfacer plenamente a otros grupos de padres o de colegios. De manera que es amplia, muy amplia, la expectación existente ante la decisión que provoca la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se estima que Educación para la Ciudadanía, y sus adversarios más hostiles y beligerantes, han forzado a algunos Tribunales superiores de Justicia de distintas autonomías a dictar resoluciones y mas resoluciones. Se calcula que sólo el tribunal de Andalucía se ha visto en la necesidad de dictar del orden de cuarenta sentencias y del orden de cien medidas cautelares. ¿Se vulnera el derecho de los padres a imponer sus propios criterios a sus hijos, o las materias de Educación para la Ciudadanía son imprescindibles, recomendables, aconsejables, en todo caso, para nuestro tiempo? Se estima que han podido llegar a reunirse del orden de cincuenta mil objetores de conciencia en toda España, cuya argumentación básica es que el Estado no debiera invadir la conciencia moral de los alumnos y que constituiría una intromisión en un terreno que es exclusivo de los padres. Pero, se preguntan muchos, no han invadido esta zona, de manera tradicional y sin apenas protestas, los educadores con inspiración católica, muchísimos de ellos sacerdotes o monjas? No ha sorprendido, por ello, que muchos ámbitos de educación religiosa hayan sido particularmente beligerantes y hayan dado una batalla que, se espera, hoy tendrá una decisión de trascendencia.
Desde hace tiempo se ha venido especulando sobre lo que, finalmente, diría el Supremo en una materia que ha forzado a pronunciarse a tribunales Superiores y a los opinantes de todas las clases, a favor o en contra. ¿El Supremo se pronunciará a favor de esa objeción de conciencia que unos cuantos miles de alumnos y padres han reclamado, o recordará, sencillamente, el derecho que tiene el Estado para determinar las materias de enseñanza obligatoria para todos los chavales en edad escolar. Repetidamente se ha advertido que abrir el paso a la objeción de conciencia en esta materia pudiera abrir el paso a otras actitudes similares contra normas y disciplinas que pudieran no satisfacer plenamente a otros grupos de padres o de colegios. De manera que es amplia, muy amplia, la expectación existente ante la decisión que provoca la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se estima que Educación para la Ciudadanía, y sus adversarios más hostiles y beligerantes, han forzado a algunos Tribunales superiores de Justicia de distintas autonomías a dictar resoluciones y mas resoluciones. Se calcula que sólo el tribunal de Andalucía se ha visto en la necesidad de dictar del orden de cuarenta sentencias y del orden de cien medidas cautelares. ¿Se vulnera el derecho de los padres a imponer sus propios criterios a sus hijos, o las materias de Educación para la Ciudadanía son imprescindibles, recomendables, aconsejables, en todo caso, para nuestro tiempo? Se estima que han podido llegar a reunirse del orden de cincuenta mil objetores de conciencia en toda España, cuya argumentación básica es que el Estado no debiera invadir la conciencia moral de los alumnos y que constituiría una intromisión en un terreno que es exclusivo de los padres. Pero, se preguntan muchos, no han invadido esta zona, de manera tradicional y sin apenas protestas, los educadores con inspiración católica, muchísimos de ellos sacerdotes o monjas? No ha sorprendido, por ello, que muchos ámbitos de educación religiosa hayan sido particularmente beligerantes y hayan dado una batalla que, se espera, hoy tendrá una decisión de trascendencia.