La pata quebrada

Estamos asistiendo perplejos desde hace décadas a un permanente conflicto entre el sentido común  y la realidad de la democracia española. Y la cosa, en lugar de mejorar, se va agudizando. Pero quisiera hoy dejar a un lado los donde “donde dije digo, digo Diego” que ya se han convertido en el pan nuestro de cada día de los partidos, de todos los partidos.  Uno se va acostumbrando por desgracia a que la gobernanza haga de su capa un sayo y de la necesidad virtud. No sé si algún día habrá una vuelta atrás y el fin vuelva a no justificar los medios.

Lo que verdaderamente resulta preocupante es que la famosa “tercera pata” del sistema democrático, el poder judicial, lleve tanto tiempo quebrada descarrilada, menospreciada, desacreditada, abandonada y puesta en cuestión por unos y por otros según su teórica, necesaria y sagrada independencia favorezca los intereses de esos unos o de esos otros. Y me refiero a toda la paquidérmica organización de la Justicia y sus aledaños, desde los tribunales de primera instancia al Constitucional, al Supremo, a la Audiencia Nacional, a la fiscalía del Estado y al Consejo General del Poder Judicial. 

Hemos llegado a un punto donde el desencuentro entre estas instituciones es casi total y la “guerra” en el TC y el TS roza lo histriónico si no se trataran temas de tantísima trascendencia. Se quieren dar lecciones los unos a los otros cuando -por lo poco que se de Derecho y Constitución- ninguna es superior a otro porque entienden de cosas distintas y cada cual juega -debería jugar- en su campo y con sus limitaciones. Pues no. Lo que hemos conseguido con un sistema tan garantista es atiborrar los juzgados  de expedientes careciendo además en la mayoría de los casos de los medios suficientes. Y al final lo que se ha conseguido es que se dilaten años y años las sentencia y lleguen incluso al Constitucional casos verdaderamente pintorescos que con un poco de sentido común y un ordenamiento coherente tendrían un corto recorrido en beneficio de todos.

¿Pero cual es el problema de fondo? ¿Qué lleva a que una ministra del Gobierno esparza dudas sobre un juez con nombre y apellidos? Todos sabemos la respuesta: la absoluta politización del sistema judicial donde las mayorías llamadas progresistas o conservadoras -salvo raras excepciones- imponen sus criterios a las minorías como si hubieran estudiados dos códigos distintos. Una politización que pone permanentemente en cuestión al fiscal general del estado que a la vista de los hechos parece más el fiscal general del gobierno. Una politización que ha dejado en barrena  no sé cuantos años al Consejo General del poder Judicial por lo mismo: por no perder la mayoría que puedan tener unos y de otros. 

Y si los tres poderes en que se asienta una democracia son cada uno fundamentales para el controlarse y limitarse -que el poder detenga al poder, según Montesquieu- En un sistema parlamentario como es el español el poder ejecutivo y legislativo de alguna forma se unifican ya que el ejecutivo es nombrado por el legislativo y de ahí la enorme importancia de que el poder judicial permanezca radicalmente independiente de los otros dos poderes.  

Pues bien, ya vemos que no. Y lo venimos viendo desde hace mucho aunque en la actual situación de nuestro país todo sea vergonzosamente evidente. Aquí se están retorciendo hasta la asfixia todos los vericuetos que ofrecen las leyes y si no se encuentran, se inventan o se “interpretan”. Tal vez llegará un día en que habrá que hacer borrón y cuenta nueva que es mucho más digno que hacer de la necesidad virtud.