La reforma constitucional

La chapuza de la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP no es solo de fondo. También puede serlo de forma. Veamos dos escenarios controvertidos en el nuevo artículo de la Constitución que recogerá la obligación de que tanto la Administración central como las comunidades autónomas estén sujetas a los criterios de convergencia de la Unión Europea. Traducido: comprometidas a limitar el gasto público. Primero: no parece muy correcto hablar del Estado y las comunidades autónomas, ya que éstas también son Estado, según la propia Constitución. En el lenguaje político y periodístico se confunde a menudo Estado con Gobierno central o Administración general del Estado, pero en una constitución no deberían deslizarse imprecisiones así. La Real Academia Española lo dice bien claro: el Estado es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. Segundo: ¿A qué Unión Europea se refieren? Lo normal sería que, como se habló en su día, la Constitución recogiese primero una referencia al tratado de la UE, de modo que después tuviese pleno sentido el artículo que se va a introducir. La Constitución es anterior a la existencia de las comunidades autónomas, que ni siquiera están mencionadas en la Carta Magna, y mucho más anterior aún a la entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE). La primera y hasta ahora única reforma constitucional solo había consistido en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Sucedió en 1992, una vez firmado en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Con posterioridad, el PSOE promovió reformar la Constitución en cuatro aspectos que siguen aparcados: la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y la mención al Tratado Europeo. Hasta ahora se decía que la tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloqueaban las propuestas para modificar el texto constitucional de 1978. Visto lo 'fácil' que ha sido constitucionalizar nada menos que un criterio de política neoliberal, ¿qué se dirá a partir de ahora?