La verdad sobre la LOMCE

  

  

  En estos últimos meses, el Partido Socialista e Izquierda Unida han presentado respectivas mociones solicitando la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, tanto en los ayuntamientos más pequeños como en los de mayor dimensión de nuestra provincia. El argumento con que ambos grupos políticos justifican dicho posicionamiento es resultado de su propio anquilosamiento. Esta actitud, a la que últimamente nos tienen muy acostumbrados, les resulta mucho más fácil que un pronunciamiento constructivo, basado en la aportación de ideas generadas para salir de esta situación de estancamiento. De esta forma, incumplen con los españoles, como grupos de la oposición que son, y con su obligación de estar a la altura de las circunstancias.

 

  Su incapacidad les lleva a renunciar a este anteproyecto de ley, apoltronándose en esa postura siempre anclada en la falsedad y en la difusión del miedo que rige sus diferentes actuaciones. Y no iba a a ser menos en el ámbito educativo. Esta Ley de Mejora de la Calidad Educativa, no es una ley que “va a acabar con la enseñanza pública”, como argumentan, sino que, por el contrario, pretende dar solidez a la estructura del sistema educativo y responder a las debilidades actuales de éste, puestas de manifiesto en los diferentes informes nacionales e internacionales. No es una Ley de recortes porque no se puede identificar con el RD ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto, de obligado cumplimiento, para poder abordar la situación económica de la que partíamos, generada por la inoperante e ineficaz gestión del gobierno socialista, que nos llevaba a la quiebra más absoluta.

 

   Y ahora, aquellos que en Educación en Castilla-La Mancha dejaron un agujero de más de 200 millones de euros, con los que se podría haber dado muchas becas de comedor, material escolar o contratar muchísimos profesores, pretenden darnos lecciones de cómo defender la “Educación de todas y todos” con una campaña repleta de carteles “utilizando” la imagen de un abuelo, de una madre o de una maestra. Pero para apostar de verdad por la Enseñanza pública debemos asegurar la sostenibilidad del sistema y somos conscientes del esfuerzo que se está realizando para ello. Al mismo tiempo, buscar fórmulas para mejorar la calidad, puesto que los resultados educativos no son los que deberían ser, de ahí el Anteproyecto de Ley. No es una Ley que genere desigualdad, ni es segregadora ni es elitista. En este sentido, España suele aparecer en los primeros lugares en equidad en el informe PISA, al ser uno de los países donde menos influye el nivel socio-económico en el rendimiento académico. Pero los resultados de fracaso escolar y abandono educativo en España son el dato más claro y evidente, de la falta de igualdad de oportunidades del nuestro sistema.

 

  Tenemos las mismas posibilidades para ingresar en el mundo educativo, pero no para permanecer en él. Por ello, la LOMCE pretende “garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, asegurar y afianzar la permanencia del alumno en un itinerario formativo y dotarle de las herramientas suficientes para su formación a lo largo de la vida y su pleno desarrollo personal y profesional”. Así, surge la necesidad de proporcionar flexibilidad y “transitabilidad” por el sistema, para asegurar que el alumno pueda continuar avanzando en este ámbito con éxito, gracias a la adecuación a sus necesidades, intereses o talentos. No es una Ley dogmática ni autoritaria. Constantemente se utiliza este argumento desde la oposición. La filosofía de las leyes socialistas con el modelo comprehensivo; la forma de entender la Educación para la Ciudadanía; o los propios discursos de algunos dirigentes del Partido Socialista como Pablo Bellido, que el pasado 23 de abril en la conmemoración del Día del Libro, se dirigía a los escolares hablando de recortes de profesorado, demuestran que son verdaderamente ellos los que han utilizado y pretenden utilizar el ámbito educativo como medio de transmisión ideológica.

 

  Esta Ley sí entiende que Educar consiste en “ayudar a desarrollar las capacidades de los alumnos y su formación integral, sin olvidar los principios educativos que tienen que capacitar a todos para ser ciudadanos de provecho que contribuyan al bienestar de toda la sociedad”. Y esta Ley sÍ pretende ser una apuesta por la calidad, por la excelencia de nuestro modelo educativo, por la recuperación de los valores del esfuerzo y la responsabilidad, por prestigiar la función docente como motor del cambio necesario en la escuela y como elementos sustanciales de mejora, para garantizar el derecho a la educación y de oportunidades de futuro.