La voracidad recaudatoria de la DGT

En el organigrama del Gobierno, la Dirección General de Tráfico depende del Ministerio de Interior, pero dada la deriva cualitativa y cuantitativa de los últimos meses, la DGT debería depender del Ministerio de Economía y Hacienda, dado que se ha transformado en una eficaz máquina recaudadora, con todos los agravantes de la rapidez: indefensión del ciudadano, falta de garantías, atropello del Estado de Derecho y malicias premeditadas para aumentar el número de sanciones, como es colocar radares de limitación extrema, no en los lugares donde se aconseja aminorar la velocidad para prevenir accidentes, sino en los descensos donde es muy difícil, por no decir imposible, reducir la velocidad hasta lo arbitrariamente limitado.

   Todo lo anterior, con ser muy grave -y demostrable- queda empalidecido por el cinismo con el que su máximo representante arguye que todas esas medidas, incluida la última estupidez de los 110 kilómetros en autopista, se llevan a cabo para evitar accidentes. Uno de los aspectos más nauseabundos de la actividad política es parapetarse tras el objetivo de buenas acciones, tan denigrante como elegir escudos humanos en una guerra.

   El director General de Tráfico se escuda en un objetivo en el que todos estamos de acuerdos, pero emplea a las pobres víctimas de los accidentes como escudo de un gigantesco plan de aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Los 110 kilómetros de una autopista por hora pueden reducirse a 80 en una incorporación súbita, y allí el radar sancionará al despistado con 300 euros. Multar por ello con 300 euros en un país donde el salario mínimo interprofesional es de poco más de 600 euros, es decir, que se tenga que trabajar gratis medio mes para satisfacer la voracidad recaudadora es casi obsceno. No, casi, es de una obscenidad escandalosa que deshonra a sus perpetradores y se está volviendo en su contra.