Las apreturas del Gobierno
01/10/2010 - 09:45
PUNTO DE VISTA
ANTONIO PAPELL - Periodista
La ronda de entrevistas celebrada el lunes por Rodríguez Zapatero con los portavoces de todos los grupos parlamentarios (para hoy está fijado el último de los encuentros, con ERC) ha servido para confirmar la soledad en que se encuentra el PSOE en esta legislatura, en que la gran cuestión pendiente es la decantación del nuevo Estado de las Autonomías y de su correspondiente sistema de financiación, que viene determinado por las concesiones realizadas en el Estatut.
Las presiones catalanas, producto de la comprensible alianza CiU-PSOE, Mas-Montilla, son hasta cierto punto lógicas en un sistema que ahora ve la posibilidad de poner fin a cierto desequilibrio innegable: como ayer decía Jordi Pujol en un sereno artículo, el hecho de que Cataluña como las demás comunidades ricas- destine anualmente no menos del 9% de su PIB a la redistribución, a la solidaridad, perdiendo así varios puestos en el ranking de renta per capita, es un fenómeno excepcional y excesivo, que debe ser amortiguado. Si a ello se añade que algunas comunidades beneficiarias de semejantes transferencias se han adocenado en su mediocridad, sin realizar esfuerzos para mejorar su posición relativa por sí mismas, se entenderá mejor el motivo de la disputa.
Pero lo cierto es que, como bien dice Solbes, es indispensable conjugar la bilateralidad que reconoce el Estatut para Cataluña con la multilateralidad que emana de la Constitución y que ha de plasmarse en la futura ley de Financiación (LOFCA). Para conseguir tal cosa, el Estado debería traspasar a las autonomías no menos de 20.000 millones de euros adicionales, lo que en las circunstancias actuales, con el Estado en déficit, es difícil de plantear y de conseguir.
La financiación autonómica no estará acordada, como reclamaba el Estatut, el 9 de agosto, y ni siquiera puede hoy afirmarse que lo esté en lo que queda de año: el Gobierno se halla, lógicamente, más preocupado por afrontar la crisis designio que requiere una política de gasto activa, que no permite desviar recursos- que por atender las exigencias de las autonomías. Sin embargo, para desarrollar esta política económica de choque es preciso confeccionar unos presupuestos del Estado para 2008 muy centrados en la inversión pública, lo que no podría conseguirse si el Gobierno, acuciado por todas las minorías, tuviera que prorrogar los actuales, como ya ha insinuado. En estas circunstancias, lo sensato sería pactar la financiación en septiembre, aunque fuese con cláusulas que aplazasen la aplicación de los nuevos recursos a un período de varios años, y que en diciembre salieran adelante unos presupuestos apropiados a la coyuntura con el apoyo de CiU.
La otra opción que tiene el Gobierno, si fracasa la negociación sobre la financiación, es apoyarse en el PNV, que no está afectado por ella, para la aprobación de las cuentas públicas (en este caso, le bastaría al PSOE con que se sumara al acuerdo el BNG para obtener la mayoría absoluta). Esta solución sería sin embargo peligrosa por dos razones: porque pondría al PSC al pie de los caballos y al borde de la rebelión, y porque se entendería mal un pacto de la mayoría socialista con una fuerza nacionalista que está en la delirante actitud de abonar una ilegal operación secesionista. Además, no puede descartarse que Ibarretxe anticipe las elecciones autonómicas vascas al otoño, lo que dificultaría grandemente cualquier alianza parlamentaria PNV-PSOE en ese periodo.
La firmeza de Cataluña, que ve a mano la posibilidad de que cese una merma muy importante de sus posibilidades financieras, es comprensible. Y resulta lógico que el PSC no quiera entregar esta bandera reivindicativa a CiU. Lo que no tendría sentido es que esta rivalidad entre nacionalistas y socialistas generara una espiral exorbitante de exigencias imposible de atender por Madrid. Los catalanes han tenido mala suerte al darse de bruces como todos los demás españoles- con una crisis económica grave a la hora de una negociación sobre el reparto de los recursos públicos, pero este infortunio debe responderse con realismo y no con propuestas radicales e inatendibles.
Si así se ve y se entiende, de forma que el pacto pueda tener lugar, los catalanes habrán dado de nuevo señales de su proverbial seny, lo que ayudaría a limar asperezas en seno de un Estado muy tensionado en los últimos años.
El debate, que de hecho ya está en los medios lo ha pedido expresamente el propio González, lo ha mantenido el PSC-PSOE en su último congreso, lo han sugerido patronal y sindicatos, etc.-, tiene un enfoque teórico bien simple: de un lado, la energía nuclear no emite anhídrido carbónico a la atmósfera y las centrales modernas ofrecen una seguridad prácticamente absoluta; de otro lado, planea sobre nuestras memorias el fantasma de Chernobil y existe un problema, aunque cada vez menor, con los residuos. A todo ello hay que añadir el debate financiero: una central de nueva planta cuesta en torno a los 3.500 millones de euros, magnitud gigantesca que abre grandes interrogantes en las circunstancias actuales; en cualquier caso, la inversión no se produciría sin un marco regulatorio estable, avalado por el propio Estado, que garantizase su rentabilidad a largo plazo.
Pero previamente, y con urgencia, tenemos que decidir qué hacer con las actuales centrales de fisión. Ya se ha cerrado la José Cabrera de Zorita, en Guadalajara, y el próximo año debería clausurarse la de Garoña al haber cumplido su vida útil (40 años). La prolongación la vida útil de las actuales nucleares por un período de veinte años más, que es común en otros países, nos proporcionaría un respiro a un precio razonable ya que las grandes inversiones iniciales están amortizadas. Y aunque hubiera que invertir nuevas e importantes cantidades en la seguridad futura de esas instalaciones.
Así ganaríamos tiempo tanto para que la energía nuclear de fusión, mucho más segura y productiva, saliera de su estado experimental, cuanto para en su caso- planear la construcción de un nuevo parque de centrales, que requiere tiempo. Tanto a causa de la dificultad que entraña su financiación, según ha quedado dicho, como por la complejidad técnica de la empresa.
Rodríguez Zapatero se ha manifestado repetidamente contrario a la energía nuclear, pero quien tiene tan altas responsabilidades políticas no puede mantener convicciones personales que no estén avaladas por un argumentario sólido e irrefutable. Y puesto que el asunto está en discusión en todas partes, no tendría sentido que aquí se hurtara por un prejuicio ideológico. Toda la sociedad debe participar en un debate en el que se sopesen con rigor los pros y los contras, los efectos medioambientales de la energía nuclear y de su inexistencia (los combustibles fósiles son los responsables del efecto invernadero), el peso de la energía nuclear en la reducción de la dependencia energética de nuestro país, el coste en términos de bienestar de unas políticas de austeridad que inevitablemente arreciarán si nuestras principales fuentes energéticas siguen encareciéndose, como parece más que probable, en el futuro, etc.
Hasta el momento, las posturas que se asoman a los medios a favor y en contra de la energía nuclear suelen ser inflamadas y poco razonadas, fundamentalistas en una palabra. Conviene rebajar la agresividad y reducir las ideas preconcebidas y entrar en la cuestión con pulcritud intelectual, realismo económico y sentido del futuro. Sólo así acertaremos en la toma de unas decisiones que afectarán a las próximas generaciones.
Pero lo cierto es que, como bien dice Solbes, es indispensable conjugar la bilateralidad que reconoce el Estatut para Cataluña con la multilateralidad que emana de la Constitución y que ha de plasmarse en la futura ley de Financiación (LOFCA). Para conseguir tal cosa, el Estado debería traspasar a las autonomías no menos de 20.000 millones de euros adicionales, lo que en las circunstancias actuales, con el Estado en déficit, es difícil de plantear y de conseguir.
La financiación autonómica no estará acordada, como reclamaba el Estatut, el 9 de agosto, y ni siquiera puede hoy afirmarse que lo esté en lo que queda de año: el Gobierno se halla, lógicamente, más preocupado por afrontar la crisis designio que requiere una política de gasto activa, que no permite desviar recursos- que por atender las exigencias de las autonomías. Sin embargo, para desarrollar esta política económica de choque es preciso confeccionar unos presupuestos del Estado para 2008 muy centrados en la inversión pública, lo que no podría conseguirse si el Gobierno, acuciado por todas las minorías, tuviera que prorrogar los actuales, como ya ha insinuado. En estas circunstancias, lo sensato sería pactar la financiación en septiembre, aunque fuese con cláusulas que aplazasen la aplicación de los nuevos recursos a un período de varios años, y que en diciembre salieran adelante unos presupuestos apropiados a la coyuntura con el apoyo de CiU.
La otra opción que tiene el Gobierno, si fracasa la negociación sobre la financiación, es apoyarse en el PNV, que no está afectado por ella, para la aprobación de las cuentas públicas (en este caso, le bastaría al PSOE con que se sumara al acuerdo el BNG para obtener la mayoría absoluta). Esta solución sería sin embargo peligrosa por dos razones: porque pondría al PSC al pie de los caballos y al borde de la rebelión, y porque se entendería mal un pacto de la mayoría socialista con una fuerza nacionalista que está en la delirante actitud de abonar una ilegal operación secesionista. Además, no puede descartarse que Ibarretxe anticipe las elecciones autonómicas vascas al otoño, lo que dificultaría grandemente cualquier alianza parlamentaria PNV-PSOE en ese periodo.
La firmeza de Cataluña, que ve a mano la posibilidad de que cese una merma muy importante de sus posibilidades financieras, es comprensible. Y resulta lógico que el PSC no quiera entregar esta bandera reivindicativa a CiU. Lo que no tendría sentido es que esta rivalidad entre nacionalistas y socialistas generara una espiral exorbitante de exigencias imposible de atender por Madrid. Los catalanes han tenido mala suerte al darse de bruces como todos los demás españoles- con una crisis económica grave a la hora de una negociación sobre el reparto de los recursos públicos, pero este infortunio debe responderse con realismo y no con propuestas radicales e inatendibles.
Si así se ve y se entiende, de forma que el pacto pueda tener lugar, los catalanes habrán dado de nuevo señales de su proverbial seny, lo que ayudaría a limar asperezas en seno de un Estado muy tensionado en los últimos años.
El debate, que de hecho ya está en los medios lo ha pedido expresamente el propio González, lo ha mantenido el PSC-PSOE en su último congreso, lo han sugerido patronal y sindicatos, etc.-, tiene un enfoque teórico bien simple: de un lado, la energía nuclear no emite anhídrido carbónico a la atmósfera y las centrales modernas ofrecen una seguridad prácticamente absoluta; de otro lado, planea sobre nuestras memorias el fantasma de Chernobil y existe un problema, aunque cada vez menor, con los residuos. A todo ello hay que añadir el debate financiero: una central de nueva planta cuesta en torno a los 3.500 millones de euros, magnitud gigantesca que abre grandes interrogantes en las circunstancias actuales; en cualquier caso, la inversión no se produciría sin un marco regulatorio estable, avalado por el propio Estado, que garantizase su rentabilidad a largo plazo.
Pero previamente, y con urgencia, tenemos que decidir qué hacer con las actuales centrales de fisión. Ya se ha cerrado la José Cabrera de Zorita, en Guadalajara, y el próximo año debería clausurarse la de Garoña al haber cumplido su vida útil (40 años). La prolongación la vida útil de las actuales nucleares por un período de veinte años más, que es común en otros países, nos proporcionaría un respiro a un precio razonable ya que las grandes inversiones iniciales están amortizadas. Y aunque hubiera que invertir nuevas e importantes cantidades en la seguridad futura de esas instalaciones.
Así ganaríamos tiempo tanto para que la energía nuclear de fusión, mucho más segura y productiva, saliera de su estado experimental, cuanto para en su caso- planear la construcción de un nuevo parque de centrales, que requiere tiempo. Tanto a causa de la dificultad que entraña su financiación, según ha quedado dicho, como por la complejidad técnica de la empresa.
Rodríguez Zapatero se ha manifestado repetidamente contrario a la energía nuclear, pero quien tiene tan altas responsabilidades políticas no puede mantener convicciones personales que no estén avaladas por un argumentario sólido e irrefutable. Y puesto que el asunto está en discusión en todas partes, no tendría sentido que aquí se hurtara por un prejuicio ideológico. Toda la sociedad debe participar en un debate en el que se sopesen con rigor los pros y los contras, los efectos medioambientales de la energía nuclear y de su inexistencia (los combustibles fósiles son los responsables del efecto invernadero), el peso de la energía nuclear en la reducción de la dependencia energética de nuestro país, el coste en términos de bienestar de unas políticas de austeridad que inevitablemente arreciarán si nuestras principales fuentes energéticas siguen encareciéndose, como parece más que probable, en el futuro, etc.
Hasta el momento, las posturas que se asoman a los medios a favor y en contra de la energía nuclear suelen ser inflamadas y poco razonadas, fundamentalistas en una palabra. Conviene rebajar la agresividad y reducir las ideas preconcebidas y entrar en la cuestión con pulcritud intelectual, realismo económico y sentido del futuro. Sólo así acertaremos en la toma de unas decisiones que afectarán a las próximas generaciones.