Las dos vertientes de la Ley de Dependencia

Se trata de las llamadas prestaciones económicas vinculadas al servicio, un dinero que se da a aquellas familias de grandes dependientes que optan por una plaza de residencia pero la Administración no puede dársela, porque no las hay en los geriátricos públicos ni en los concertados. Entre tanta polémica y confusión nada mejor que hacer balance para aclarar todo tipo de dudas, y eso es lo que hizo ayer el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en situación de Dependencia, Javier Pérez, que aprovechó los tres años del inicio de la aplicación de la Ley para presentar un recuento de las actuaciones. Desde que entrara en vigor la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha gestionado y posibilitado la atención a un total de 3.515 personas en Guadalajara. De este modo se ha satisfecho la necesidad de un sector de población conformado fundamentalmente por mujeres (en un 63,2%), siendo además en casi un 59% personas mayores de 80 años, pero también se ha reforzado la cohesión social y se ha consolidado un nuevo nicho de empleo estable, diverso, variado y localizado, con especial incidencia en las zonas rurales, que se convertirá en los próximos veinte años en un motor de crecimiento económico para la comunidad autónoma. De este modo, la Ley de Dependencia muestra una doble vertiente que se irá acentuando de forma paralela a su implantación. No en vano, en la actualidad, cada día 250 profesionales se dedican de forma específica de desarrollar e implantar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, entre personal administrativo, técnico y cuidadores a domicilio, y 750 alcarreños ya trabajan en este sector.