Las fosas y el Estado
01/10/2010 - 09:45
Tribuna
JOSÉ LUIS
GÓMEZ
Se trata, por tanto, de resolver un problema de todos, sin que ello suponga un show.
En España quedan miles de cadáveres bajo las cunetas y en fosas comunes porque hubo una guerra civil. No es un asunto agradable para nadie, pero sobre todo no lo es para aquellas personas que tienen familiares enterrados de esa manera tan cruel y dolorosa. Si bien se desconoce el número exacto, nadie discute que la situación afecta a decenas de miles. Según las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, pueden ser en torno a los 30.000, pero hay fuentes que elevan la cifra a 50.000. En su mayoría se trata de asesinados al comienzo del conflicto, en el verano del 36, y pertenecen al bando republicano, ya que casi todos los muertos del otro bando fueron exhumados al terminar la guerra en el 39.
Se trata, por tanto, de resolver -por cierto, muy tarde- un problema de todos, sin que ello suponga un show en torno al paulatino rescate de los restos mortales de quienes perdieron su vida en un conflicto desatado por un golpe de Estado, al que sobrevino una guerra y una dura postguerra, cargada de represión. También de silencio. Si todo este proceso se afrontase de la mano del Estado, con la intimidad propia de cualquier entierro, no habría más problemas, ya que se supone que nadie se atrevería a cuestionar el derecho de una familia a trasladar los restos mortales de uno de los suyos a un lugar digno. Tratado el asunto convenientemente, como por fortuna ya se hizo en ciertos casos, terminará por resolverse con el paso del tiempo. Por el contrario, si un proceso así se mezcla con un debate partidario, las familias no encontrarán la paz que buscan, que es de lo mínimo que se trata. El Estado -es decir, la Administración y la Justicia- tiene un papel que cumplir, ya que la sepultura de los cadáveres está sujeta a unas normas que, evidentemente, no se dan en los casos de las fosas comunes. Pero, en contra de la ley y del sentido común, el Estado no asume una tarea que recae en los voluntarios, algunos de los cuales llevan varios años entregados a esta noble causa. Nada tiene eso que ver con la petición de responsabilidades penales a los verdugos, ya que, entre otras cosas, lo impide la ley de amnistía de 1977.
Se trata, por tanto, de resolver -por cierto, muy tarde- un problema de todos, sin que ello suponga un show en torno al paulatino rescate de los restos mortales de quienes perdieron su vida en un conflicto desatado por un golpe de Estado, al que sobrevino una guerra y una dura postguerra, cargada de represión. También de silencio. Si todo este proceso se afrontase de la mano del Estado, con la intimidad propia de cualquier entierro, no habría más problemas, ya que se supone que nadie se atrevería a cuestionar el derecho de una familia a trasladar los restos mortales de uno de los suyos a un lugar digno. Tratado el asunto convenientemente, como por fortuna ya se hizo en ciertos casos, terminará por resolverse con el paso del tiempo. Por el contrario, si un proceso así se mezcla con un debate partidario, las familias no encontrarán la paz que buscan, que es de lo mínimo que se trata. El Estado -es decir, la Administración y la Justicia- tiene un papel que cumplir, ya que la sepultura de los cadáveres está sujeta a unas normas que, evidentemente, no se dan en los casos de las fosas comunes. Pero, en contra de la ley y del sentido común, el Estado no asume una tarea que recae en los voluntarios, algunos de los cuales llevan varios años entregados a esta noble causa. Nada tiene eso que ver con la petición de responsabilidades penales a los verdugos, ya que, entre otras cosas, lo impide la ley de amnistía de 1977.
