Las leyes de los controladores

La declaración del estado de alarma realizada por el Gobierno de Zapatero para atajar la huelga salvaje de los controladores y devolver la normalidad a los aeropuertos españoles ha desatado dudas constitucionales entre los juristas, algunos de los cuales no comparten los criterios expresados por el presidente en el Congreso, donde defendió la legalidad de una decisión inspirada por Rubalcaba y Blanco. El ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga ya calificó el decreto de "chapuza jurídica" y el magistrado en activo Alfonso Villagómez escribió en El País y en Xornal de Galicia que tiene serias dudas de que a través de una ley de la dictadura franquista -Ley Penal y Procesal de la Navegación Aerea de diciembre de1964- se pueda completar en la legislación democrática -Código Penal de 1995- la ordenación legal de una figura delictiva de tanta gravedad como es el delito de sedición. Hay más opiniones como las suyas pero también las hay diferentes. Una de ellas es la de Xesús Palmou, doctor en Derecho que fue 'número 2' del PP de Galicia y ex conselleiro con Fraga, para quien no existe ninguna interpretación judicial de dicha ley, ni de ningún artículo concreto de ella a lo largo de los 32 años de vigencia de la Constitución, que permita afirmar con seguridad su derogación o no vigencia. Por el contrario, Palmou subraya que las Cortes constitucionales en el debate y aprobación del llamado Código Penitenciario de la democracia, aprobado por ley orgánica en el 95, sí analizaron, valoraron e interpretaron la ley en cuestión, de modo que en su disposición derogatoria única se establece textualmente: "Quedan derogados: los artículos 29 y 49 de la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penitenciaria y Procesal de Navegación Aérea". En consecuencia, este jurista deduce que el legislador constitucional, al analizar e interpretar esta ley, la consideró ajustada a la Constitución, revalidando su vigencia de manera expresa, salvo en los artículos mencionados, que fueron los únicos derogados. Más allá de la polémica jurídica, por cierto muy enriquecedora para todos, lo que es evidente es que España no puede sentirse prisionera de los controladores ni tampoco tomar medidas sin respeto al Estado de derecho. Por eso puede ser el momento de aprovechar este conflicto laboral y social para poner las bases de una nueva normativa de navegación aérea adaptada a la Constitución y que permita encajar, con nitidez, los deberes y derechos de los controladores. Lo que no parece que vaya muy lejos es la carrera política --y mediática-- basada en acusaciones, una vez que el PP responsabilizó al Ejecutivo de esta crisis y que desde el PSOE, Gaspar Zarrías acusó al PP de ponerse del lado de los controladores aéreos, en lugar de apoyar al Gobierno y a los ciudadanos. Si en algo es fácil coincidir es en que las únicas leyes que no valen para todos son las de los controladores.