Ley segura
01/10/2010 - 09:45
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estima el recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad contra el decreto de la Comunidad de Madrid que regulaba una serie de medidas de la Ley Antitabaco resuelve, dos años después, el conflicto abierto entre ambas administraciones.
La anulación de la norma por la omisión de un informe preceptivo del Consejo de Consumo, una cuestión puramente formal, ha impedido que el Tribunal se pronunciara sobre el fondo de la discrepancia y dilucidara, en consecuencia, si en el ejercicio de su competencia para desarrollar la legislación básica estatal, la Comunidad de Madrid contravino o no el espíritu y la literalidad de la Ley Antitabaco. La reglamentación autonómica afecta, como ha señalado el Tribunal, a los intereses de los consumidores, que reclaman su derecho a una legislación sin lagunas o interpretaciones divergentes. Lo que remite a un rápido acuerdo entre ambas administraciones que evite proseguir con la judicialización de la desavenencia y garantice la seguridad de una normativa tan relevante.