Llegan tiempos nuevos

Un Zapatero considerablemente realista aunque sin resignarse a preservar algunas dosis de utopía centró el grueso de su intervención en la crisis económica –la buena situación en que la desaceleración ha encontrado a su juicio a nuestra economía sería un alivio pero no un muro que nos protegiese de las procelas exteriores-, cuyos rigores no van a representar en ningún caso un retroceso en el gasto social ni caerán por lo tanto sobre los hombros de los más desfavorecidos.
La crisis, que aunque proveniente del exterior se agrava aquí por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, obligará a procurar un nuevo modelo de crecimiento que, al decir de Zapatero, se apoyará en tres patas: unas políticas fiscal y presupuestaria adecuadas, una política económica que procure la conquista de la competitividad y la reducción del diferencial de inflación con la UE, y el diálogo social permanente. En unas páginas escritas evidentemente al dictado de Solbes, Zapatero enumeró el conjunto de medidas se adoptarán en el cortísimo plazo –desde la deducción de 400 euros en el IRPF hasta un adelanto en las devoluciones del IVA a las empresas, pasando por medidas de inversión, planes de recolocación, refuerzos de la cobertura de desempleo o ampliación gratuito del plazo de las hipotecas-, antes de detenerse en las más relevantes medidas a medio plazo, que se resumen en reforzar el potencial productivo del país y en la conquista de la competitividad. Zapatero ha madurado mucho a este respecto, y ha enfatizado la importancia de la educación –cuyo presupuesto será preferente- y en las inversiones en I+D+i, que se triplicaron en el pasado cuatrienio, se duplicarán en el que acaba de comenzar y, en 2012 superarán por primera vez la media de la UE. Todo ello debería fructificar mediante un gran acuerdo económico y social entre el Gobierno, empresarios y sindicatos.
El énfasis principal de todo el discurso de Zapatero ha descansado en la afirmación de que las políticas sociales no serán sacrificadas a la coyuntura adversa. Se desarrollarán y financiarán las grandes leyes promulgadas durante la legislatura anterior y se ha anunciado para ésta una ley Integral de Igualdad de Trato, que se inscribe claramente en el capítulo ‘republicanista’ de la “libertad como no dominación”. El repaso sectorial al programa gubernamental ha tenido un cierto aroma a recentralización –o, si se prefiere, a coordinación y a armonización- que han captado enseguida con su fino olfato las formaciones nacionalistas y que sin embargo nos ha parecido plausible a quienes pensamos que el electorado envió el 9-M un mensaje muy claro. Particularmente significativos han sido el afán por legislar en alguna materia sensible, como Protección Civil, en que las competencias están teóricamente transferidas a las comunidades autónomas, o la intención de institucionalizar la Conferencia de Presidentes. En cualquier caso, es ya bastante expresivo la frialdad con que la mayoría política, con Zapatero al frente, ha rechazado ofrecer contrapartidas a los nacionalistas para que éstos apoyasen a Zapatero en la primera votación de hoy.
El otro gran asunto del discurso sobre el que se habían creado expectativas era el de la convergencia PP-PSOE en las cuestiones de Estado. Como se esperaba, Zapatero, que ha aludido expresamente a su deseo de negociar con Rajoy, ha ofrecido a todas las formaciones políticas un pacto contra el terrorismo. Asimismo, querría pactar con el PP la presidencia de la Unión Europea en 2010 y dos temas de fundamental importancia: la Justicia – con la renovación de los cargos institucionales y la reforma profunda de la administración judicial- y la financiación autonómica.
Ocioso es decir que Mariano Rajoy también se examinaba ayer antes los suyos, que aún no saben si han de darle o no una tercera oportunidad. Y no estuvo brillante pero cumplió con corrección el expediente, con la particularidad de que aceptó la invitación a los pactos de Estado –le tomo la palabra, dijo-, que lógicamente han de consistir en un acuerdo básico de los dos grandes partidos a los que podrán sumarse o no otras formaciones. Se equivocó Rajoy –y lo encajó mal Zapatero- al regatear la confianza y la credibilidad en quien acaba de ganar inobjetablemente unas elecciones (no había esta vez ningún 11-M al que atribuir alguna sospecha de falta de legitimidad) y al rechazar de plano unas propuestas sin ofrecer siquiera una pista de la opción alternativa. No estuvo fino Rajoy al dogmatizar sobre la gravedad de una crisis económica en la que todo, todavía, es pura incertidumbre. Acertó en cambio al plantear el problema del agua, tan candente. Y, sobre todo, puso los fundamentos de un cambio de tono, de un cambio de estilo, de un cambio de marco y de escenario, que fue acogido con alivio por Zapatero. Habrá que ver si este deslizamiento hacia el centro del presidente del Partido Popular es tolerado o no por todos los sectores sociales y mediáticos del PP; es bien conocido que, en el pasado reciente, los gestos conciliatorios de Rajoy merecieron descalificaciones airadas de parte de sus conmilitones.

Tiempo habrá para pormenorizar el análisis en las distintas vertientes del debate, de la propuesta de Zapatero. Sin embargo, parece necesario mencionar una omisión relevante: Zapatero no ha mencionado la reforma de la Constitución, que requiere el respaldo del PP y que sería necesaria para el cierre del Estado de las Autonomías –incluso la reforma del Senado- y para resolver algunos anacronismos, como el referente a la sucesión a la Corona. Quizá el presidente del Gobierno haya optado por aplazar este asunto a una segunda fase si, en la primera, se consigue realmente algún consenso significativo, que resultaría una prueba manifiesta de madurez. En cualquier caso, quienes nos sentimos amargados por la insoportable crispación del cuatrienio recién concluido y confiábamos en la apertura de un tiempo nuevo en esta legislatura que nace tenemos algunas razones fundadas para la satisfacción.