Lo que pudo ser
01/10/2010 - 09:45
EDITORIALES
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez,decía ayer que cuando el agresor, de un caso de violencia de género como el de Alovera, está dispuesto a matar y a morir es muy difícil que lo pare la justicia, aunque reconocía que si esa persona hubiera ingresado en prisión preventiva previamente a la espera de juicio, este hecho no se hubiera producido.
Es esa disertación sobre lo que pudo ser y no fue lo que lleva a la sociedad a preguntarse la eficacia de una justicia que cada día se pone más en entredicho.
La historia de la justicia en nuestra democracia está jalonada de claroscuros inquietantes con algunas actuaciones judiciales, hasta el punto de costarles la vida a inocentes ¿Quién vigila al vigilante? Recientemente, en el caso de Mari Luz, la Administración de Justicia ha tenido un comportamiento irresponsable, que exige caiga quien caiga, esclarecer la actuación judicial y la de sus órganos de inspección, sin excusas ni pretextos.
El mal funcionamiento de la justicia es un hecho y las consecuencias son claras y graves cuando vemos a delincuentes condenados cometiendo nuevos delitos; o se tiene miedo al alquiler de viviendas ante la desconfianza en los juzgados cuando surgen los problemas, o los honrados ciudadanos se ven envueltos en estafas empresariales cuya solución final se dilatan tanto que supone una injusticia.
Evidentemente nadie es infalible, los jueces tampoco, ni los funcionarios, pero es evidente que además de fallos humanos, que los hay, la Justicia española tiene un problema estructural. Hacen falta más juzgados dotados de medios humanos y materiales. En definitiva, tenemos un déficit de jueces y funcionarios y es urgente que este problema se empiece a solventar cuanto antes. Es más, debería de ser la gran prioridad del Ministerio de Justicia pero es evidente que esa reforma de la Justicia no puede esperar mucho más porque esos 'agujeros negros' en su funcionamiento están perjudicando a los ciudadanos.
La historia de la justicia en nuestra democracia está jalonada de claroscuros inquietantes con algunas actuaciones judiciales, hasta el punto de costarles la vida a inocentes ¿Quién vigila al vigilante? Recientemente, en el caso de Mari Luz, la Administración de Justicia ha tenido un comportamiento irresponsable, que exige caiga quien caiga, esclarecer la actuación judicial y la de sus órganos de inspección, sin excusas ni pretextos.
El mal funcionamiento de la justicia es un hecho y las consecuencias son claras y graves cuando vemos a delincuentes condenados cometiendo nuevos delitos; o se tiene miedo al alquiler de viviendas ante la desconfianza en los juzgados cuando surgen los problemas, o los honrados ciudadanos se ven envueltos en estafas empresariales cuya solución final se dilatan tanto que supone una injusticia.
Evidentemente nadie es infalible, los jueces tampoco, ni los funcionarios, pero es evidente que además de fallos humanos, que los hay, la Justicia española tiene un problema estructural. Hacen falta más juzgados dotados de medios humanos y materiales. En definitiva, tenemos un déficit de jueces y funcionarios y es urgente que este problema se empiece a solventar cuanto antes. Es más, debería de ser la gran prioridad del Ministerio de Justicia pero es evidente que esa reforma de la Justicia no puede esperar mucho más porque esos 'agujeros negros' en su funcionamiento están perjudicando a los ciudadanos.