Lo real y lo legal

Lo legal contra lo real. La prueba que esperaban los "indignados" para reconocerse en su apuesta por una Democracia auténtica ("Democracia real, ya"). Me refiero a la resolución de la Junta Electoral Central que declara ilegales las concentraciones en la vía pública durante las jornadas del sábado (reflexión) y domingo (votaciones). "Contrarias a la legislación electoral" y "en consecuencia, no podrán celebrarse", se lee. Insisto: el propio texto de la resolución (lo legal) le regala a los indignados el mejor un argumento vivo, comprensible y, sobre todo, cercano, como hecho a medida de la ocasión, para justificar la causa general de los acampados contra un sistema artificioso y lleno de trampas en las que siempre caen los mismos, quienes están en los escalones más bajos en relaciones de poder. Es decir, el ciudadano ordinario, el parado, el sufrido contribuyente, el joven, la mujer o el inmigrante excluidos. Ahora se entiende mejor la demanda básica de los acampados: por una Democracia más real y menos encorsetada en formalismos.

   Frente al razonamiento legal de que no se permiten reuniones o concentraciones que puedan influir en el voto, el razonamiento real de que es imposible ponerle puertas al campo. Y la conciencia de un movimiento es ajeno a la dinámica electoral del 22-M. De hecho, sus portavoces explican en todos los idiomas que no participan en la campaña ni piden el voto para nadie, que son los supuestos contemplados en la normativa electoral respecto a la jornada de reflexión y la de votación. Pero además hay argumentos reales que no dejan de ser legales porque, dicho sea de paso, estamos ante gente de orden, educada, responsable, no ante mozalbetes con olor a la gasolina de las barricadas. Por ejemplo, que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como los de expresión, reunión y manifestación, no pueden ser abolidos ni quedar entre paréntesis como consecuencia de una llamada a las urnas. También casa con lo real, sin dejar de ser legal, que la Junta Electoral, por las razones antedichas, no debería haber entrado en una cuestión de orden público de muy difícil encaje en los supuestos contemplados en la normativa.

   El problema es del Ministerio del Interior y no de la Junta Electoral. En todo caso, la posibilidad de que los indignados puedan mover algunos votos con sus concentraciones del día de reflexión, o del día de votación, no merece una carga policial que, con toda seguridad, desencadenaría lo que el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, deja entrever en sus declaraciones: "Se trata de no crear un problema mayor del que pretendemos resolver". Un razonamiento real, que tampoco deja de ser legal, pues los protocolos policiales para estos casos hablan de intervención "mínima" y "proporcionada".

 

    

 

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 fjauregui@diariocritico.com .

 

   

   

 

 

  

 

  

 

   

 

   

 

  

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

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