Los grandes objetivos
01/10/2010 - 09:45
Antonio Papell
Sin perder de vista que la característica esencial del nuevo Gobierno es la continuidad, dado que mantienen en sus puestos los dos vicepresidentes y los titulares de los ministerios políticamente más importantes, la digestión de las novedades, en buena parte simbólicas, permite deducir con relativa facilidad cuáles han sido los objetivos perseguidos por la mudanza, por otra parte lógica después de unas elecciones generales.
En primer lugar el orden es en realidad indistinto-, es evidente el objetivo primordial de encarar la crisis económica con energía, potenciando la capacidad inversora del Gobierno para las políticas más o menos keynesianas que habrá que emprender. La continuidad de Solbes, quien renovó su popularidad y prestigio en el debate preelectoral con Pizarro el debate resultó verdaderamente decisivo, más que los cara a cara Zapatero-Rajoy-, es sin duda la mejor garantía de que el Gobierno utilizará todos los medios a su alcance para minimizar el impacto de la desaceleración sobre el bienestar colectivo. Y para facilitarle la tarea, se mantiene a la eficaz Magdalena Álvarez al frente de Fomento es una ministra antipática, cuya continuidad ha sido interpretada por algunos medios como una provocación, pero se gasta el ciento por ciento de su presupuesto- y se allanan algunos obstáculos que frenaban las inversiones del otro gran departamento de gasto, el que fue de Medio Ambiente y que ahora, fusionado con agricultura, se denominará de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a cargo de Elena Espinosa, la antítesis dialéctica de la destituida Narbona (los expedientes de impacto ambiental de las obras públicas se acelerarán sin duda).
Dicho objetivo está evidentemente vinculado al cambio de modelo de crecimiento que, si fue un desiderátum teórico de Solbes desde antes incluso del 2004, ahora, tras el hundimiento previsible del sector construcción, se ha convertido en un imperativo urgente. Se trata, en suma, de promover la conquista de la competitividad y de la productividad, lo que requiere una modernización integral del sistema económico que pasa por potenciar la educación y por acelerar todavía más el proceso inversor en I+D+i. A tal fin, se crea ex novo el Departamento de Ciencia e Innovación, que queda en manos de una prestigiosa empresaria con sólido fundamento tecnológico, que gestionará también la política universitaria, y se lleva al Ministerio de Industria a un economista de gran solvencia, Miguel Sebastián, también teórico de la modernización y, por su edad, capaz de asumir el día de mañana la sucesión de Solbes.
En tercer lugar, la maduración de Rodríguez Zapatero parece haber serenado y relativizado su vehemencia ecologista. La desaparición del Gobierno de Cristina Narbona, una valiosa profesional con sólidas convicciones conservacionista y muy cercana al ecologismo más militante, permitirá a Rodríguez Zapatero un lento deslizamiento desde posiciones irreductibles hasta otras más dúctiles y flexibles en dos asuntos en que los hechos y los criterios técnicos tendrán que acabar imponiéndose: la política hidrológica y la energía nuclear. En el primero de estos asuntos, es evidentemente necesario permitir que los criterios técnico-económicos predominen sobre los prejuicios políticos. En lo referente a la energía nuclear, empieza ser evidente lo ha entendido recientemente así la izquierda británica- que sólo el retorno a la energía nuclear podrá proporcionar suficiencia energética en el futuro a los países desarrollados en condiciones aceptables para el medio ambiente. De hecho, Rodríguez Zapatero ya dejó abierto por primera vez este asunto en su discurso de investidura al supeditar su posición al avance de las tendencias en el seno de la Unión Europea, en la que, como es conocido, progresa la convicción de que es preciso desarrollar dicha fuente de energía. Así se resolverá de paso la flagrante paradoja de que España adquiera electricidad de origen nuclear a Francia mientras desmantela sus propias centrales.
En cuarto lugar, y en materia de reformas sociales en sentido amplio, el objetivo preferente es la plena sedimentación de las acciones normativas ya acometidas en la legislatura anterior. Ha habido en el discurso de investidura alguna propuesta nueva como la anunciada ley integral de Igualdad de Trato-, pero en general el verdadero interés del jefe del Ejecutivo estriba en implementar plenamente la letra y el espíritu de la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en desarrollar la ley de Dependencia, que funda el cuarto pilar del Estado de Bienestar y que, lógicamente, requiere varios años y muchos recursos aportados por las administraciones central y autonómicas para su plena y ambiciosa funcionalidad. Para el primer designio, se ha creado nada menos que un ministerio, el de Igualdad, y el segundo correrá a cargo de un nuevo departamento calcado de la experiencia anglosajona (Department for Children, Schools and Family), el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, regido por Mercedes Cabrera, quien pierde la competencia en Universidades y recibe Asuntos Sociales del antiguo Ministerio de Trabajo.
Todo ello deberá ser complementado con una política de pactos de Estado con el PP, pero es patente que nada serio podrá intentarse hasta que el principal partido de la oposición ponga orden en su propio caos en el Congreso de junio.
Dicho objetivo está evidentemente vinculado al cambio de modelo de crecimiento que, si fue un desiderátum teórico de Solbes desde antes incluso del 2004, ahora, tras el hundimiento previsible del sector construcción, se ha convertido en un imperativo urgente. Se trata, en suma, de promover la conquista de la competitividad y de la productividad, lo que requiere una modernización integral del sistema económico que pasa por potenciar la educación y por acelerar todavía más el proceso inversor en I+D+i. A tal fin, se crea ex novo el Departamento de Ciencia e Innovación, que queda en manos de una prestigiosa empresaria con sólido fundamento tecnológico, que gestionará también la política universitaria, y se lleva al Ministerio de Industria a un economista de gran solvencia, Miguel Sebastián, también teórico de la modernización y, por su edad, capaz de asumir el día de mañana la sucesión de Solbes.
En tercer lugar, la maduración de Rodríguez Zapatero parece haber serenado y relativizado su vehemencia ecologista. La desaparición del Gobierno de Cristina Narbona, una valiosa profesional con sólidas convicciones conservacionista y muy cercana al ecologismo más militante, permitirá a Rodríguez Zapatero un lento deslizamiento desde posiciones irreductibles hasta otras más dúctiles y flexibles en dos asuntos en que los hechos y los criterios técnicos tendrán que acabar imponiéndose: la política hidrológica y la energía nuclear. En el primero de estos asuntos, es evidentemente necesario permitir que los criterios técnico-económicos predominen sobre los prejuicios políticos. En lo referente a la energía nuclear, empieza ser evidente lo ha entendido recientemente así la izquierda británica- que sólo el retorno a la energía nuclear podrá proporcionar suficiencia energética en el futuro a los países desarrollados en condiciones aceptables para el medio ambiente. De hecho, Rodríguez Zapatero ya dejó abierto por primera vez este asunto en su discurso de investidura al supeditar su posición al avance de las tendencias en el seno de la Unión Europea, en la que, como es conocido, progresa la convicción de que es preciso desarrollar dicha fuente de energía. Así se resolverá de paso la flagrante paradoja de que España adquiera electricidad de origen nuclear a Francia mientras desmantela sus propias centrales.
En cuarto lugar, y en materia de reformas sociales en sentido amplio, el objetivo preferente es la plena sedimentación de las acciones normativas ya acometidas en la legislatura anterior. Ha habido en el discurso de investidura alguna propuesta nueva como la anunciada ley integral de Igualdad de Trato-, pero en general el verdadero interés del jefe del Ejecutivo estriba en implementar plenamente la letra y el espíritu de la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en desarrollar la ley de Dependencia, que funda el cuarto pilar del Estado de Bienestar y que, lógicamente, requiere varios años y muchos recursos aportados por las administraciones central y autonómicas para su plena y ambiciosa funcionalidad. Para el primer designio, se ha creado nada menos que un ministerio, el de Igualdad, y el segundo correrá a cargo de un nuevo departamento calcado de la experiencia anglosajona (Department for Children, Schools and Family), el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, regido por Mercedes Cabrera, quien pierde la competencia en Universidades y recibe Asuntos Sociales del antiguo Ministerio de Trabajo.
Todo ello deberá ser complementado con una política de pactos de Estado con el PP, pero es patente que nada serio podrá intentarse hasta que el principal partido de la oposición ponga orden en su propio caos en el Congreso de junio.