Los más afectados por la crisis deben ser los primeros en recibir ayuda
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
JOSE PALACIO - Coordinador Local de IU de El Casar
Existe la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos. Unas condiciones de vida que radican, en una buena parte de su esencia, en la garantía de unas condiciones laborales y una capacidad adquisitiva que permita, no sólo la mera subsistencia sino la posibilidad de desarrollo de un proyecto vital.
En la actualidad, existen colectivos sociales que dados sus paupérrimas condiciones económicas, están en un régimen de subsistencia económica con situaciones alarmantes habida cuenta del incremento generalizado de los precios de los productos básicos, de la vivienda y en definitiva con una crisis económica que afectará especialmente y en primer lugar a estos colectivos más vulnerables.
Pero dentro de este sector también existen diferencias, los llamados mileuristas en referencia a un salario mensual de mil euros, que han sido calificados socialmente como personas con dificultades económicas, se sitúan en un escalón por encima de otras trabajadores que no se acercan a esa cantidad y cuya situación resulta alarmante.
En este sentido, el Ayuntamiento de El Casar, dentro del ámbito de sus competencias, no puede permitir que existan trabajadores cuyas retribuciones laborales estén por debajo de esos umbrales económicos, como generalmente sucede en servicios externalizados, empresas privatizadas y en empresas que contratan con el Ayuntamiento para la prestación de servicios públicos correspondientes al Consistorio. Así, la ausencia de límites de salarios mínimos en los pliegos de condiciones de las contratas municipales hace que las empresas compitan en sus ofertas económicas rebajando o manteniendo en la miseria las condiciones económicas de sus trabajadores produciéndose además unas diferencias económicas muy acentuadas entre trabajadores que desempeñan trabajos equivalentes para el Ayuntamiento pero dependientes de la empresa concesionaria del personal propio del consistorio.
Una situación alarmante que provoca conflictos y situaciones de discriminación en sectores como el del personal de limpieza de edificios y locales públicos, trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio o una buena parte de los trabajadores de intervención social.
Por ello, es preciso que el Ayuntamiento de El Casar introduzca cláusulas de salvaguarda social en todos los pliegos de contratos con la administración de forma que ninguna empresa que opte a esos concursos pueda hacerlo retribuyendo a sus trabajadores menos de mil euros netos al mes.
El Ayuntamiento de El Casar, debería incluir, en todo tipo de contratos públicos, pliegos de condiciones de concursos o instrumentos equivalentes, la garantía de remuneración mínima de 1.000 euros netos mensuales para los trabajadores que, desempeñando las actividades contenidas en la contrata, concurso o instrumento similar, dependan de la empresa o entidad que opta al misma.
Obviamente el objetivo es proteger a nuestros ciudadanos más afectados por la actual crisis financiera, que modifica, al alza, hipotecas, créditos personales, y la cesta de la compra, principalmente.
Pero dentro de este sector también existen diferencias, los llamados mileuristas en referencia a un salario mensual de mil euros, que han sido calificados socialmente como personas con dificultades económicas, se sitúan en un escalón por encima de otras trabajadores que no se acercan a esa cantidad y cuya situación resulta alarmante.
En este sentido, el Ayuntamiento de El Casar, dentro del ámbito de sus competencias, no puede permitir que existan trabajadores cuyas retribuciones laborales estén por debajo de esos umbrales económicos, como generalmente sucede en servicios externalizados, empresas privatizadas y en empresas que contratan con el Ayuntamiento para la prestación de servicios públicos correspondientes al Consistorio. Así, la ausencia de límites de salarios mínimos en los pliegos de condiciones de las contratas municipales hace que las empresas compitan en sus ofertas económicas rebajando o manteniendo en la miseria las condiciones económicas de sus trabajadores produciéndose además unas diferencias económicas muy acentuadas entre trabajadores que desempeñan trabajos equivalentes para el Ayuntamiento pero dependientes de la empresa concesionaria del personal propio del consistorio.
Una situación alarmante que provoca conflictos y situaciones de discriminación en sectores como el del personal de limpieza de edificios y locales públicos, trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio o una buena parte de los trabajadores de intervención social.
Por ello, es preciso que el Ayuntamiento de El Casar introduzca cláusulas de salvaguarda social en todos los pliegos de contratos con la administración de forma que ninguna empresa que opte a esos concursos pueda hacerlo retribuyendo a sus trabajadores menos de mil euros netos al mes.
El Ayuntamiento de El Casar, debería incluir, en todo tipo de contratos públicos, pliegos de condiciones de concursos o instrumentos equivalentes, la garantía de remuneración mínima de 1.000 euros netos mensuales para los trabajadores que, desempeñando las actividades contenidas en la contrata, concurso o instrumento similar, dependan de la empresa o entidad que opta al misma.
Obviamente el objetivo es proteger a nuestros ciudadanos más afectados por la actual crisis financiera, que modifica, al alza, hipotecas, créditos personales, y la cesta de la compra, principalmente.