08/12/2010 / 20:46
Antonio Casado


No a la impunidad


 
De repente se vuelven humildes, piden perdón por las molestias, se hacen las víctimas en la redes sociales, se deshacen en elogios sobre los militares que les vigilan en las torres, desaparece el absentismo y casi nadie se pone enfermo (apenas uno de cada cien ha presentado el correspondiente certificado médico). Pero los controladores, que han causado gravísimos daños a decenas de miles de ciudadanos, a la imagen de España y a nuestra primera industria nacional (el turismo) no se pueden ir de rositas. Sobre todo por la reincidencia y porque nadie garantiza que no puedan volver a las andadas. Por tanto, nada de impunidad frente a un boicot intolerable al tráfico aéreo, deliberadamente colapsado por el colectivo de controladores aéreos mejor pagado de Europa. Ojalá sea cierto que, como decía el martes el ministro de Industria, Miguel Sebastián, esta situación no se va a repetir nunca más. De momento, las dos vías de reparación están abiertas y en ningún caso deberían ser monedas de cambio en una eventual mesa negociadora del famoso convenio colectivo de los controladores aéreos españoles. Son 442 los controladores sometidos a expediente disciplinario. Aunque por esa vía laboral podrían producirse despidos, como supuesto máximo, nada tiene que ver con la vía penal, en la que, según el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, estarían incursos algunos de esos 442 controladores expedientados a raíz de los sucesos del pasado fin de semana. A ese respecto, este jueves, 9 de diciembre, el fiscal general y los fiscales superiores de todas las Autonomías, reunidos en Zaragoza, fijarán un criterio de actuación común en todo el territorio nacional al caso de los controladores que puedan haber cometido algún delito. La decisión de Conde Pumpido de llevar el asunto al orden del día de esta Junta de Fiscales se produce en la ordinaria aplicación del principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica establecido en el artículo 124 de la Constitución España, que define en esos términos el papel del Ministerio Público en el Estado de Derecho. Además de la Fiscalía, constitucionalmente obligada a promover la acción de la Justicia en defensa de los ciudadanos y del interés general, van a llover las demandas y las querellas de los damnificados. Las más importante son: una canalizada a través de la OCU (Unión de Consumidores y Usuarios) y otra canalizada a través de un prestigioso bufete de abogados en representación de 5.000 afectados por la huelga salvaje de hace unos días. Lo dicho, no a la impunidad de quienes toman a los ciudadanos como rehenes de sus reivindicaciones profesionales y laborales saltándose a la torera la normativa que el resto de los trabajadores respeta cuando quieren ejercer su legítimo derecho a la huelga.

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