15/09/2018 / 17:23
Redacción


Otra financiación autonómica

Un actuación especial del Estado conra la despoblación y la dispersión geográfica, haciendo participe a la UE, es la exigencia razonable de esta parte de España amplia y poco habitada. 


Seis comunidades autónomas, las más despobladas, entre ellas Castilla-La Mancha, se han unido esta semana para pedir al Gobierno central un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a la educación, la sanidad y los servicios sociales con independencia de la región en la que vivan. Y es que en España hoy no es lo mismo ser ciudadano de una autonomía que de otra pues algunas por sus reivindicaciones al Estado reciben más dinero de éste que el resto. Tampoco es igual residir en un lugar poblado que escaso de vecinos ya que los servicios esenciales no se prestan con la misma calidad ni rapidez contribuyendo a la despoblación. Es el caso de la región y de la provincia de Guadalajara que tiene, además, el hándicap de no ser considerada zona despoblada, y por tanto no acceder a determinadas ayudas, pues en su cómputo global no lo está, al no tenerse en cuenta que el 85% de sus habitantes reside en un 8% del territorio y el 15% se reparte en el 92% del suelo.Es momento de aplicar políticas de discriminación positiva en favor de quienes viven en lugares menos poblados para estimular su continuidad en estas poblaciones, como sería el pago de menos impuestos y cotizaciones o determinados incentivos, y sobre todo es imprescindible blindar la prestación de los derechos básicos haciendo posible una igualdad real de oportunidades se viva donde se viva. Una sensibilidad, una actuación especial desde el Estado contra la despoblación y la dispersión geográfica, en atención al problema real de la desertización, haciendo participe a la Unión Europea en la que estamos integrados, es la exigencia razonable de esta parte de España, amplia y menos habitada, que alza la voz con esta declaración institucional para hacer reflexionar sobre un giro en la política que cumpla con los mandatos constitucionales de la vertebración del territorio y la igualdad de todos los españoles, sin privilegios por su residencia. El modelo de financiación autonómica está pendiente de debate que se acometerá ya en la próxima legislatura. Por ello es momento de posicionarse y lo hacemos  desde el sentido común para construir una sociedad justa y conseguir la supervivencia de nuestros pueblos. 


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