Pánico presupuestario

 

  Quedan menos de dos semanas para que, por fin, se revele el secreto mejor guardado del Gobierno: el tajo que los presupuestos van a inferir a los derechos sociales de todos los ciudadanos. No se puede negar que mensajes de aviso, advertencia y amenaza se han lanzado a la opinión pública para que esté preparada para lo peor. Precisamente, ese clima de alarma social ante lo que se avecina, no deja de ser una estrategia política para que los recortes no parezcan tan severos.

  Resulta, por tanto, extraño que el ministro Cristóbal Montoro adopte esa postura de doncel ofendido cuando no se le creen sus reiteradas aseveraciones de que no se va a subir el Impuesto del Valor Añadido. Los cinco mil millones de más que Bruselas ha obligado a incluir en el ajuste del déficit para 2012, supone una nueva vuelta de tuerca a la disminución prevista del gasto público. Tal vez por eso, y ante las elecciones andaluzas, el mismo ministro se ha adelantado a jurar que no suprimirán el PER. Con más de un treinta por ciento de paro en Andalucía la retirada de este subsidio supondría, precisamente en estos momentos, un drama para miles de familias con todos sus miembros desempleados.

  Pero si no se van a tocar las pensiones, ni las prestaciones por desempleo, ni se van a subir los impuestos, incluido el IVA, ¿cómo se va a llegar a un déficit del 5,3 por ciento? Esa es la clave que compone el secreto de los nuevos presupuestos, que más que preocupación empiezan a causar pánico. La última medida que se ha dejado caer, junto a afirmaciones de que van a ser los presupuestos más restrictivos de la democracia, es el aumento de horas laborales para todos los funcionarios.

  Parece que a partir de abril la semana de los funcionarios, sean municipales, autonómicos o de la administración central, va a ser de treinta y siete horas y media. Se acabó las treinta y cinco horas que obligaba a la contratación de interinos para suplir jornada. Como consecuencia miles de trabajadores contratados en toda España van a perder su puesto de trabajo.

  Otra gran incógnita es la del copago. Negada hasta la saciedad por todos los portavoces del Gobierno y del PP que, sin embargo propició con su abstención en el Parlament de Cataluña su aprobación por el ejecutivo de Artur Mas, parece difícil creer que lo que se impone a los catalanes no deba ser bueno para el resto del Estado. En los próximos meses vamos a asistir a muchas declaraciones del tipo de: "donde dije digo, dije Diego".