¿Para qué?
01/10/2010 - 09:45
Federico Abascal
Llevamos nueve legislaturas, incluida la constituyente, desde que la muerte de Franco facilitó la transición a la democracia. Se constituyeron ayer las nuevas Cortes con la elección de las Mesas rectoras del Congreso y del Senado, empezando por la de sus respectivos presidentes.
Es el inicio de la liturgia parlamentaria, en la que se mide la fuerza de cada grupo político. Y ha dado esta vez la sensación, novedad en nuestra joven historia de libertades, de que el grupo mayoritario, del que saldrá la semana próxima el presidente del Gobierno, mantiene cierto desinterés por la mayoría absoluta, de la que carece, en la presunta convicción de que su minoría mayoritaria va a permitirle no concertar pactos leoninos ni demasiado onerosos para el desarrollo de su programa de gobierno.
Lo antedicho no significa que el PSOE y Zapatero se nieguen a suscribir pactos de legislatura o acuerdos circunstanciales sobre asuntos legislativos determinados, pues la palabra diálogo y consenso no se le cae de los labios a ningún dirigente socialista; significa que el nuevo Gobierno no va a pagar un precio excesivo a los apoyos parlamentarios que se le ofrezcan. Y ante esta sensación, palpable durante las dos votaciones que exigió ayer la elección de Bono como presidente del Congreso, los grupos nacionalistas, habituados a que el apoyo de sus escaños sirva de moneda de cambio a algunas de sus reivindicaciones, deben sentir algún desconcierto.
En medios socialistas se dice desde hace cuatro días que si a Bono se le ha elegido en segunda votación, al no haber hilvanado el PSOE con los nacionalismos un acuerdo sobre mayoría absoluta en la primera, tampoco va a comprarle al PNV sus seis escaños ni mucho menos sus diez a CiU- para la investidura del presidente Zapatero. Crece así la posibilidad de que Zapatero se someta a una segunda votación, dos días después de la primera (si ésta no hubiera alcanzado mayoría absoluta), parea ser investido por mayoría simple.
Va a ser esta legislatura difícil de gestionar y tensa en la confrontación parlamentaria. Nadie predica el encrespamiento, y hasta parece que el único propósito de enmienda del PP sería la renuncia a erizar los ánimos políticos, pero como la economía se desliza por terrenos abruptos y en declive, y algunas comunidades mantienen con otras intereses enfrentados qué sed produce la escasez de agua-, el Gobierno no podrá contentar a todos los territorios ni tirar de superávit público para alegrías sociales. En épocas de recesión, el ciudadano ve cómo además de apretarse él mismo el cinturón, se lo aprieta el Estado.
Pero hay un terreno donde ya no es posible y no sería tolerable, desde una perspectiva política y moral, la ausencia de consenso entre el PP y el PSOE: la Justicia. El mal funcionamiento del sistema judicial -su lentitud, sus errores frecuentes, dos sus altos órganos con fecha de caducidad superada y transmitiendo una imagen de acefalia en la Magistratura- exige el compromiso mutuo de los dos partidos mayoritarios por resolver el problema o más bien los problemas con rapidez y sin egoísmos partidistas. Los nuevos rostros en el Congreso invitan a la esperanza.
Lo antedicho no significa que el PSOE y Zapatero se nieguen a suscribir pactos de legislatura o acuerdos circunstanciales sobre asuntos legislativos determinados, pues la palabra diálogo y consenso no se le cae de los labios a ningún dirigente socialista; significa que el nuevo Gobierno no va a pagar un precio excesivo a los apoyos parlamentarios que se le ofrezcan. Y ante esta sensación, palpable durante las dos votaciones que exigió ayer la elección de Bono como presidente del Congreso, los grupos nacionalistas, habituados a que el apoyo de sus escaños sirva de moneda de cambio a algunas de sus reivindicaciones, deben sentir algún desconcierto.
En medios socialistas se dice desde hace cuatro días que si a Bono se le ha elegido en segunda votación, al no haber hilvanado el PSOE con los nacionalismos un acuerdo sobre mayoría absoluta en la primera, tampoco va a comprarle al PNV sus seis escaños ni mucho menos sus diez a CiU- para la investidura del presidente Zapatero. Crece así la posibilidad de que Zapatero se someta a una segunda votación, dos días después de la primera (si ésta no hubiera alcanzado mayoría absoluta), parea ser investido por mayoría simple.
Va a ser esta legislatura difícil de gestionar y tensa en la confrontación parlamentaria. Nadie predica el encrespamiento, y hasta parece que el único propósito de enmienda del PP sería la renuncia a erizar los ánimos políticos, pero como la economía se desliza por terrenos abruptos y en declive, y algunas comunidades mantienen con otras intereses enfrentados qué sed produce la escasez de agua-, el Gobierno no podrá contentar a todos los territorios ni tirar de superávit público para alegrías sociales. En épocas de recesión, el ciudadano ve cómo además de apretarse él mismo el cinturón, se lo aprieta el Estado.
Pero hay un terreno donde ya no es posible y no sería tolerable, desde una perspectiva política y moral, la ausencia de consenso entre el PP y el PSOE: la Justicia. El mal funcionamiento del sistema judicial -su lentitud, sus errores frecuentes, dos sus altos órganos con fecha de caducidad superada y transmitiendo una imagen de acefalia en la Magistratura- exige el compromiso mutuo de los dos partidos mayoritarios por resolver el problema o más bien los problemas con rapidez y sin egoísmos partidistas. Los nuevos rostros en el Congreso invitan a la esperanza.