08/02/2019 / 16:19
Fidel Vela/Sigüenza


Políticos presos

Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Como Fernández Villa, Bárcenas,  Ignacio González, Oriol Pujol, Prenafeta, como antes Roldán, Vera o Barrionuevo, como otros nombres ilustres que pueden caer en breve.


Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Como Fernández Villa, Bárcenas,  Ignacio González, Oriol Pujol, Prenafeta, como antes Roldán, Vera o Barrionuevo, como otros nombres ilustres que pueden caer en breve. Gente que cometió delitos aprovechándose de sus cargos públicos. «Ni Junqueras ni los exconsellers, ni tampoco los Jordis, están en prisión por sus ideas. Lo están por sus acciones. Por atentar abierta, consciente y continuadamente contra el orden constitucional. Y por gastar dinero de los contribuyentes en sus aventuras. Si ellos podían saltarse la ley, todas las leyes, es que no hay ley, ninguna ley». Ricardo Querol. Por ejemplo, Quim Torra, Lluis Llach, Gabriel Rufián, que tienen las mismas ideas que Junqueras o peores, no han sido detenidos. Cometieron presuntamente un delito penado con cárcel, y hay riesgo evidente de fuga porque el líder del golpe está huido de la justicia. Por lo tanto, la prisión preventiva queda plenamente justificada. No son presos de opinión sino de comisión. Consumaron delitos muy feos, como alzarse contra la Constitución en un estado de derecho, como es España, una democracia plenamente europea. Los golpistas no son bien recibidos en la UE. La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar que los encausados estarán en todo momento a disposición judicial, especialmente en el momento de la vista oral. No es en modo alguno una pena anticipada. 

Los encarcelados sabían muy bien lo que estaban haciendo. Tenían asesores, abogados, a los letrados del Parlament, el consejo consultivo. Asumieron el grado máximo de riesgo. Fueron advertidos expresamente por el Tribunal Constitucional, y tampoco lo escucharon. Despreciaron todas las objeciones, ni siquiera dejaron pronunciarlas a los órganos competentes, sobre las dos leyes de ruptura (referéndum y transitoriedad), que derogaban la Constitución y el Estatuto. Actuaron igual con la declaración unilateral de independencia. Si esto no era un golpe de Estado, desde luego era un golpe al Estado de derecho, que querían romper.  

Sabían de la existencia del Código Penal, que dice: «Titulo XXI. Delitos contra la Constitución. Capítulo I Rebelión. Artículo 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: …5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional».

La violencia de Procés. Hemos presenciado, cometidos por los secesionistas y alentados desde el poder autonómico, episodios de coacción, intimidación, injurias, amenazas, xenofobia, acoso, agresiones físicas, sabotaje, vandalismo y asalto a sedes de partidos políticos y medios de comunicación. Porque hemos visto a un cuerpo armado de 16.000 agentes puesto al servicio del golpe. Se han cortado las vías del AVE durante horas así como las principales autovías, quemando montones de neumáticos, con graves perjuicios para los usuarios, la resistencia cuando no ataques a las fuerzas de orden público, impidiéndoles llevar a cabo órdenes judiciales, se han destrozado vehículos policiales… Y lo que es más grave, se ha roto la convivencia cívica en mil pedazos.

Recientemente Quim Torra ha llamado a los catalanes a «sublevarse ante la injusticia» con un doble propósito: «realizar el mandato democrático de la libertad» —es decir, consumar la independencia— y «derribar los muros de la opresión», esto es, conseguir la liberación de los dirigentes secesionistas presos. En un estado de derecho, donde existe separación de poderes, es un barbarismo intelectual, propio de mentes totalitarias, pretender que el poder Ejecutivo (Gobierno) ordene al poder Judicial lo que debe hacer. Esto es lo que proponen Carles Puigdemont y  el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no sé si por ignorancia supina o por auténtica mala fe. 

  Quien prendió la llama no ha sido ese Estado que se pinta «centralista y represor». Han sido los aventureros y temerarios secesionistas catalanes quienes han tratado de dinamitar toda legalidad para ser los amos absolutos de su corralito. El Estado de derecho actúa. Se defiende si se le agrede. Es decir, nos defiende. Sabemos quiénes nos han abocado a este desastre. En una democracia, por encima de los partidos y las mayorías populares, están los Tribunales de justicia y las leyes, que previamente se han establecido. Violar gravemente la ley no sale gratis en un Estado de derecho.   

Aunque Concepción Arenal se olvidó de las víctimas en su enunciado («Odia el delito y compadece al delincuente»), lo acepto en todo lo que vale. Siendo conocido mi rechazo absoluto a la independencia de Cataluña, no me alegro de la detención de estas personas. Siento una sensación de tristeza por haber llegado a esto. Pero la ley democrática es la ley. El límite de nuestra libertad personal es la legalidad vigente. Con toda sinceridad, lo siento por ellos, pero esta lamentable situación se la han ganado a pulso.


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