Prioridad de la cuenca cedente

39 años después –la primera derivación de agua desde el Tajo hacia tierras de Levante se produjo en 1979– y con 10.000 hectómetros cúbicos de agua derivada en este tiempo, esta semana hemos asistido a la aprobación de tres nuevos trasvases para abril, mayo y junio, de 20 hectómetros cada uno, el máximo permitido. Cómo se venía anunciando desde que el nivel de los pantanos de Entrepeñas y Buendía se iba aproximando a la línea roja de los 400 hm3, las últimas lluvias caídas en la cabecera se irán para el sureste peninsular por la tubería que conecta el Tajo y el Segura. Las críticas desde este lado no han cesado desde ese momento, en contraste con la alegría que se intuye al otro extremo del acueducto. Desde el entorno de los ribereños y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se reclama el cumplimiento de la ley, pues parece evidente que no se está respetando la prioridad de la cuenca cedente. Evidente para los vecinos de esta parte de la tubería que ven cómo sus posibilidades de desarrollo se van, gota a gota, por este desagüe, y para cualquiera que se acerque a la zona y vea un paisaje semidesértico donde antes había agua, y las puertas de casas, negocios y urbanizaciones enteras cerradas. Según el Estudio de los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo-Segura sobre los municipios ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, realizado por tres especialistas en gestión del agua y economía del Grupo de Investigación del Tajo, los municipios de la zona han perdido alrededor de la mitad de su población desde que entrase en funcionamiento la explotación del trasvase y han sufrido un retroceso notable en su economía. Como ejemplo, señalan que los municipios ribereños disponen de un 28% menos de renta per cápita que el resto de la provincia de Guadalajara y un 18% menos que el resto de la de Cuenca. No se trata, por tanto, de trasvasar un excedente, porque aquí no sobra nada, sino de trasladar las posibilidades de desarrollo de una zona a otra, o a costa de otra.