Propuestas para el acceso a la vivienda
01/10/2010 - 09:45
ARTICULOS
Julián Sánchez Pingarrón - Consejero De Vivienda
La acción de Gobierno en Castilla-La Mancha se ha caracterizado por la utilización del diálogo y la búsqueda del acuerdo en todos los temas importantes para la región, convirtiendo el estilo de gobernar en coalición con la sociedad como una de las principales señas de identidad de la política autonómica castellano-manchega.
La vivienda, por su trascendencia social, no podía quedar fuera de ese modelo de hacer política y por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó el pasado mes de abril la propuesta de alcanzar un gran acuerdo sobre la vivienda en Castilla-La Mancha, cuyo objetivo no podía ser otro que el facilitar el acceso a la vivienda a un importante número de demandantes, en su mayor parte jóvenes, que tienen especiales dificultades para acceder a este bien, básico para desarrollar su proyecto de vida.
Ello dio lugar al Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha firmado el 12 de mayo siguiente por el Presidente de Castilla-La Mancha, con todos los agentes sociales, empresarios (CECAM) y sindicatos (CCOO y UGT), y contó con el apoyo del Gobierno de España a través de su Ministra de Vivienda.
Tras la firma se sucedieron adhesiones por parte de otras organizaciones, asociaciones y entidades, como la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO) que agrupa a más de 1.800, el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
El Pacto, antes de suscribirse, vino precedido por un proceso de diálogo con estas organizaciones económicas y sociales, para recoger las diferentes perspectivas sobre la situación de la vivienda en Castilla-La Mancha, establecer unos objetivos compartidos y definir las medidas e instrumentos más adecuados para alcanzarlos.
La conveniencia y oportunidad de llegar a tal acuerdo resulta casi evidente si observamos que en la región hay, por un parte, más de 48.000 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda y, por otra, empresarios que desean hacer viviendas a precio asequible para mantener la actividad de sus empresas, de las que depende una industria de materiales de construcción de las más potentes de España que genera un importantísimo número de puestos de trabajo y un importante número de autónomos y pequeñas empresas auxiliares de la construcción.
Ante esta situación caracterizada por la existencia de una demanda insatisfecha con cierta, aunque moderada, capacidad de pago y un conjunto de empresas que están dispuestas a producir viviendas a precios asequibles, todos los agentes e instituciones que tienen algo que ver con el sector de la vivienda, están obligados a hacer un esfuerzo por buscar soluciones que permitan facilitar el acceso a la vivienda y, a su vez, incentivar la actividad del sector de la construcción.
En esta dirección, los objetivos fijados en el acuerdo son bien claros: establecer los instrumentos que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda, desarrollar medidas que permitan impulsar un número de viviendas, con algún tipo de protección pública, suficiente para atender a los demandantes de vivienda, incentivar la actividad del sector de la construcción y de sus industrias auxiliares, que tienen un peso importante en la economía regional, definir entornos urbanos saludables mediante la planificación y el control urbanístico y promover la calidad de la edificación, la eficiencia y el ahorro energético.
Además, se acuerda que mantengan su vigencia todas las actuaciones recogidas en los anteriores Planes de Vivienda y Suelo y las que forman parte de los acuerdos con el Gobierno de España. Por tanto, el documento acordado incorpora nuevas medidas que se añaden a las existentes a nivel nacional y regional, porque son medidas además de y no en vez de.
Dentro del conjunto de medidas diseñadas para abordar los objetivos planteados se crea un nuevo tipo de viviendas de iniciativa público-privada que se incorporan a la política de la vivienda sin sustituir ninguna de las tipologías de protección pública actualmente existentes, que siguen plenamente vigentes en atención y con el mismo grado de apoyo y atención que tenían anteriormente como elementos clave para el desarrollo de la política de vivienda.
Las Viviendas de Iniciativa Público Privada son viviendas de nueva construcción, promovidas y construidas por promotores privados sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente para la construcción de viviendas con protección pública, es decir, sobre suelo para uso residencial libre. Las características detalladas de este tipo de viviendas se han fijado, mediante Decreto. El prototipo de Vivienda de Iniciativa Público Privada es una vivienda de unos 70 metros cuadrados útiles cuyo precio estará entre el entorno de los 98.000 y 144.000 euros. Comparadas con otros tipos de vivienda son, exactamente, un 10% más en precio por metro cuadrado que las viviendas protegidas, pero un 40% menos que las viviendas libres que habitualmente se construyen sobre estos suelos, para las que no existe limitación alguna de precio.
La aportación a este programa se hace mediante la concesión de facilidades para la venta y para la financiación de las viviendas desde el momento de comenzar la construcción, siempre que se construyan en una localidad para la que existan demandantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda y a los precios pactados.
Para lograrlo, el Gobierno regional se compromete a realizar una labor de oferta de las mismas a favor de personas inscritas en este Registro, con el fin de que puedan optar a su compra. Sólo una vez que se ha contrastado que existen demandantes para cada promoción concreta, se suscribe un convenio con el promotor seleccionado por concurso, para que inicie la promoción. Por tanto, el efecto económico para las arcas públicas es prácticamente nulo, ya que la garantía de comercialización sólo opera en el caso de que alguno de los adjudicatarios previamente seleccionados renuncie a la misma durante el proceso de construcción, y no exista ningún otro demandante que la solicite. En ese caso, la vivienda se destina a alquiler o alquiler con opción a compra, recuperando de esta forma el coste de la inversión en su compra.
Las Viviendas de Iniciativa Pública-Privada no sustituyen a ninguna de las tipologías de protección pública actualmente existentes, que seguirán vigentes y con el mismo grado de apoyo y atención que tenían anteriormente como elementos clave para el desarrollo de la política de vivienda.
Por último, resulta conveniente recordar que esta medida se incardina dentro del objetivo de tratar de impulsar la promoción de otros tipos de vivienda que respondan a la situación actual del mercado y a la capacidad de compra de los demandantes, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a una franja de población que no estaba suficientemente atendida con otras modalidades de vivienda y, a su vez, permite generar actividad en el sector de la construcción. A su vez, este tipo de viviendas pueden contribuir a movilizar suelos no destinados a vivienda protegida en municipios donde esté comprobado que existe una fuerte demanda, y a precios muy inferiores a los precios de mercado
También se ha incorporado a la normativa regional de vivienda, como ya ocurre en otras Comunidades Autónomas, la posibilidad establecida en el Plan estatal de vivienda de facilitar que viviendas libres, puedan pasar a ser calificadas como protegidas, siempre que se ajusten en precio y cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
Concluyo haciendo referencia a algo sobradamente conocido, pero insuficientemente analizado: desde finales del pasado año la economía española se encuentra inmersa en un complejo cambio de ciclo que se manifiesta de forma especial en el sector de la construcción.
Una crisis que está siendo especialmente incisiva en este sector de la construcción como consecuencia del modelo de crecimiento del mismo propiciado por la política de vivienda en la etapa del Gobierno del Partido Popular o, más bien, por la ausencia de políticas públicas en este ámbito. Es preciso recordar aquí, que durante los años de Gobierno del Partido Popular, los precios de la vivienda crecieron desorbitadamente. Entre los años 1998 y 2004 el precio de la vivienda en España creció cerca de un 150%, experimentando crecientes porcentajes de subida año tras año.
En el primer trimestre de 2004, el precio de la vivienda en España llegó a subir 9 veces el valor del Índice de Precios de Consumo, por lo que podemos afirmar que al subir mucho más que los salarios, expulsó del mercado a muchos demandantes que no podían acceder a una vivienda a esos precios y propició el mayor desajuste entre oferta y demanda que se ha conocido nunca y cuyas consecuencias ahora estamos sufriendo.
Aunque de forma errónea en algunos foros se ha focalizado el debate en los efectos que esta grave situación está acarreando sobre las grandes empresas inmobiliarias, esta crisis, a los que afecta fundamentalmente, es a los miles de trabajadores del sector, así como a los fabricantes de materiales de construcción y a las pequeñas empresas auxiliares. Pero es que también afecta de lleno a los ciudadanos, muchos de los cuales siguen encontrando dificultades para acceder a la vivienda.
Estas, y no otras, son las preocupaciones que desde Castilla-La Mancha hemos abordado a través del acuerdo, a través del diálogo, a través de la acción conjunta con todos los agentes económicos y sociales plasmada en el Pacto por la Vivienda.
Ello dio lugar al Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha firmado el 12 de mayo siguiente por el Presidente de Castilla-La Mancha, con todos los agentes sociales, empresarios (CECAM) y sindicatos (CCOO y UGT), y contó con el apoyo del Gobierno de España a través de su Ministra de Vivienda.
Tras la firma se sucedieron adhesiones por parte de otras organizaciones, asociaciones y entidades, como la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO) que agrupa a más de 1.800, el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
El Pacto, antes de suscribirse, vino precedido por un proceso de diálogo con estas organizaciones económicas y sociales, para recoger las diferentes perspectivas sobre la situación de la vivienda en Castilla-La Mancha, establecer unos objetivos compartidos y definir las medidas e instrumentos más adecuados para alcanzarlos.
La conveniencia y oportunidad de llegar a tal acuerdo resulta casi evidente si observamos que en la región hay, por un parte, más de 48.000 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda y, por otra, empresarios que desean hacer viviendas a precio asequible para mantener la actividad de sus empresas, de las que depende una industria de materiales de construcción de las más potentes de España que genera un importantísimo número de puestos de trabajo y un importante número de autónomos y pequeñas empresas auxiliares de la construcción.
Ante esta situación caracterizada por la existencia de una demanda insatisfecha con cierta, aunque moderada, capacidad de pago y un conjunto de empresas que están dispuestas a producir viviendas a precios asequibles, todos los agentes e instituciones que tienen algo que ver con el sector de la vivienda, están obligados a hacer un esfuerzo por buscar soluciones que permitan facilitar el acceso a la vivienda y, a su vez, incentivar la actividad del sector de la construcción.
En esta dirección, los objetivos fijados en el acuerdo son bien claros: establecer los instrumentos que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda, desarrollar medidas que permitan impulsar un número de viviendas, con algún tipo de protección pública, suficiente para atender a los demandantes de vivienda, incentivar la actividad del sector de la construcción y de sus industrias auxiliares, que tienen un peso importante en la economía regional, definir entornos urbanos saludables mediante la planificación y el control urbanístico y promover la calidad de la edificación, la eficiencia y el ahorro energético.
Además, se acuerda que mantengan su vigencia todas las actuaciones recogidas en los anteriores Planes de Vivienda y Suelo y las que forman parte de los acuerdos con el Gobierno de España. Por tanto, el documento acordado incorpora nuevas medidas que se añaden a las existentes a nivel nacional y regional, porque son medidas además de y no en vez de.
Dentro del conjunto de medidas diseñadas para abordar los objetivos planteados se crea un nuevo tipo de viviendas de iniciativa público-privada que se incorporan a la política de la vivienda sin sustituir ninguna de las tipologías de protección pública actualmente existentes, que siguen plenamente vigentes en atención y con el mismo grado de apoyo y atención que tenían anteriormente como elementos clave para el desarrollo de la política de vivienda.
Las Viviendas de Iniciativa Público Privada son viviendas de nueva construcción, promovidas y construidas por promotores privados sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente para la construcción de viviendas con protección pública, es decir, sobre suelo para uso residencial libre. Las características detalladas de este tipo de viviendas se han fijado, mediante Decreto. El prototipo de Vivienda de Iniciativa Público Privada es una vivienda de unos 70 metros cuadrados útiles cuyo precio estará entre el entorno de los 98.000 y 144.000 euros. Comparadas con otros tipos de vivienda son, exactamente, un 10% más en precio por metro cuadrado que las viviendas protegidas, pero un 40% menos que las viviendas libres que habitualmente se construyen sobre estos suelos, para las que no existe limitación alguna de precio.
La aportación a este programa se hace mediante la concesión de facilidades para la venta y para la financiación de las viviendas desde el momento de comenzar la construcción, siempre que se construyan en una localidad para la que existan demandantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda y a los precios pactados.
Para lograrlo, el Gobierno regional se compromete a realizar una labor de oferta de las mismas a favor de personas inscritas en este Registro, con el fin de que puedan optar a su compra. Sólo una vez que se ha contrastado que existen demandantes para cada promoción concreta, se suscribe un convenio con el promotor seleccionado por concurso, para que inicie la promoción. Por tanto, el efecto económico para las arcas públicas es prácticamente nulo, ya que la garantía de comercialización sólo opera en el caso de que alguno de los adjudicatarios previamente seleccionados renuncie a la misma durante el proceso de construcción, y no exista ningún otro demandante que la solicite. En ese caso, la vivienda se destina a alquiler o alquiler con opción a compra, recuperando de esta forma el coste de la inversión en su compra.
Las Viviendas de Iniciativa Pública-Privada no sustituyen a ninguna de las tipologías de protección pública actualmente existentes, que seguirán vigentes y con el mismo grado de apoyo y atención que tenían anteriormente como elementos clave para el desarrollo de la política de vivienda.
Por último, resulta conveniente recordar que esta medida se incardina dentro del objetivo de tratar de impulsar la promoción de otros tipos de vivienda que respondan a la situación actual del mercado y a la capacidad de compra de los demandantes, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a una franja de población que no estaba suficientemente atendida con otras modalidades de vivienda y, a su vez, permite generar actividad en el sector de la construcción. A su vez, este tipo de viviendas pueden contribuir a movilizar suelos no destinados a vivienda protegida en municipios donde esté comprobado que existe una fuerte demanda, y a precios muy inferiores a los precios de mercado
También se ha incorporado a la normativa regional de vivienda, como ya ocurre en otras Comunidades Autónomas, la posibilidad establecida en el Plan estatal de vivienda de facilitar que viviendas libres, puedan pasar a ser calificadas como protegidas, siempre que se ajusten en precio y cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
Concluyo haciendo referencia a algo sobradamente conocido, pero insuficientemente analizado: desde finales del pasado año la economía española se encuentra inmersa en un complejo cambio de ciclo que se manifiesta de forma especial en el sector de la construcción.
Una crisis que está siendo especialmente incisiva en este sector de la construcción como consecuencia del modelo de crecimiento del mismo propiciado por la política de vivienda en la etapa del Gobierno del Partido Popular o, más bien, por la ausencia de políticas públicas en este ámbito. Es preciso recordar aquí, que durante los años de Gobierno del Partido Popular, los precios de la vivienda crecieron desorbitadamente. Entre los años 1998 y 2004 el precio de la vivienda en España creció cerca de un 150%, experimentando crecientes porcentajes de subida año tras año.
En el primer trimestre de 2004, el precio de la vivienda en España llegó a subir 9 veces el valor del Índice de Precios de Consumo, por lo que podemos afirmar que al subir mucho más que los salarios, expulsó del mercado a muchos demandantes que no podían acceder a una vivienda a esos precios y propició el mayor desajuste entre oferta y demanda que se ha conocido nunca y cuyas consecuencias ahora estamos sufriendo.
Aunque de forma errónea en algunos foros se ha focalizado el debate en los efectos que esta grave situación está acarreando sobre las grandes empresas inmobiliarias, esta crisis, a los que afecta fundamentalmente, es a los miles de trabajadores del sector, así como a los fabricantes de materiales de construcción y a las pequeñas empresas auxiliares. Pero es que también afecta de lleno a los ciudadanos, muchos de los cuales siguen encontrando dificultades para acceder a la vivienda.
Estas, y no otras, son las preocupaciones que desde Castilla-La Mancha hemos abordado a través del acuerdo, a través del diálogo, a través de la acción conjunta con todos los agentes económicos y sociales plasmada en el Pacto por la Vivienda.